Congreso Internacional de Derecho Corporativo. Группа авторов

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móviles, entre otros—, se amplían las posibilidades para la instrumentación de estas nuevas herramientas en el sector financiero.

      El aprovechamiento óptimo de estos nuevos avances dependerá de factores como la sana competencia en el sector financiero, la inclusión financiera y el panorama regulatorio y de políticas públicas. Dichos factores podrán ser detonantes del desarrollo económico y social derivado del uso de las nuevas tecnologías en el sector financiero o, en su caso, sus deficiencias podrán ser inhibidores del cambio. En este sentido, los participantes, públicos y privados, del sector financiero podrán beneficiarse del trabajo conjunto para identificar y potenciar los detonadores que optimicen la captura de los beneficios relacionados con fintech.

      El crecimiento acelerado de fintech ha generado desarrollo económico, pero también riesgos. Estos incluyen los relativos al arbitraje regulatorio, el uso de fintech para llevar a cabo actividades ilícitas, la implementación de regulaciones desproporcionales que obstaculicen el desarrollo, la falta de actualización de la legislación civil y mercantil para permitir el uso de tecnologías en la celebración de actos de comercio y los riesgos de seguridad de la información.

      Frente a estos riesgos, los participantes del sector financiero podrán actuar para mitigar y prevenir la materialización de eventos adversos mediante acciones como la implementación de políticas y regulaciones coherentes con el entorno internacional, el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la supervisión del mercado fintech y la creación de mecanismos que permitan identificar y evaluar las tendencias de las actividades que utilizan fintech para fines ilícitos.

      Debido a las importantes posibilidades que trae consigo el crecimiento de fintech, el presente documento iniciará con la presentación de cierta información sobre el estado del mercado fintech en América Latina y el Caribe, para brindar un contexto general de las actividades, los participantes y el volumen económico. A ello le seguirá la descripción de algunas oportunidades que hemos identificado como relevantes y los factores que consideramos que podrían ser detonantes para el desarrollo óptimo de cada una. Y finalizaremos con la identificación de ciertos riesgos relacionados con las oportunidades identificadas y las actividades que podrían ser mitigantes de dichos riesgos.

      El objetivo de este estudio es presentar de manera resumida ciertas oportunidades y riesgos que son relevantes en América Latina frente a los detonantes y mitigantes relativos para que los participantes, públicos o privados, del mercado fintech puedan identificar dichos factores en el desarrollo de políticas públicas y de regulación aplicables a aquella tecnología.

       2. ACTUALIDAD DE FINTECH EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

      Actualmente, el mercado fintech en América Latina y el Caribe crece de manera veloz y orgánica, y México, Brasil y Chile son los principales países en los que se llevan a cabo los emprendimientos relacionados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Informe Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación, identificó en dicho año a 1166 empresas que desarrollaban actividades relacionadas con fintech en los siguientes segmentos de negocio —los cuales se enlistaron en el orden de mayor a menor número de emprendimientos—: i) pagos y remesas (24,4 %); ii) préstamos (17,8 %); iii) gestión de finanzas empresariales (15,5 %); iv) gestión de finanzas personales (7,7 %); v) financiamiento colectivo (7,6 %); vi) tecnologías empresariales para instituciones financieras (6,1 %); vii) negociación de activos financieros y mercados de capitales (5,2 %); viii) gestión patrimonial (4,7 %); ix) seguros (4,5 %); x) puntaje crediticio, identidad y fraude (4 %), y xi) banca digital (2,2 %) (BID, BID Invest y Finnovista, 2018). Según se desprende de lo anterior, los segmentos de pagos y remesas (285 emprendimientos), préstamos (208 emprendimientos) y gestión de finanzas empresariales representan más de la mitad del número total de empresas fintech en América Latina.

      Según el referido informe, el alto número de emprendimientos en los segmentos de pagos y remesas, préstamos y gestión de finanzas empresariales se debe a la importante presencia de dispositivos móviles en América Latina —que en el 2017 alcanzó al 67 % de la población (GSMA, 2018)— y a las altas tasas de población excluida del sistema financiero —sobre lo cual se estima que el 45 % de los adultos en América Latina están excluidos al no contar con una cuenta bancaria (Banco Mundial, 2017)—.

      En términos por país, México fue responsable del 33 % del volumen económico total del mercado fintech de la región de América Latina y el Caribe, seguido por Chile con el 29 % y Brasil con el 19 % (Ziegler et al., 2017). En volumen económico estimado, México representó el mayor volumen del mercado fintech de América Latina en el 2016, con un valor de USD 114 200 000. En este sentido, México se ha posicionado como líder de la región, con una tasa de crecimiento anual del mercado fintech en dicho país de 730 % (Ziegler et al., 2017).

      El mercado fintech en México se centra principalmente en la actividad crediticia empresarial. Los préstamos empresariales peer to peer (P2P) son el modelo más grande del país: representó USD 40 600 000 en el 2016 y tuvo un crecimiento del 601 % anual. Por su parte, los préstamos empresariales contra balance ascendieron a USD 16 900 000 en el 2016 (dicha actividad es el tercer modelo más grande en México).

      Estos dos modelos de negocio representaron alrededor del 50 % del mercado fintech en México y, junto con el modelo de préstamos contra balance para consumo, constituyen más del 90 % de dicho mercado. Al igual que en el caso de América Latina, este fenómeno podría explicarse en razón de la falta de opciones de financiamiento, tanto empresariales como para consumo, y de oportunidades de inversión en el caso de préstamos P2P, así como por el volumen de la población que está excluida del sistema financiero tradicional (Ziegler et al., 2017).

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      Desde una perspectiva de políticas públicas en México, en marzo del 2018 entró en vigor la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech. Dicho ordenamiento se centra en regular principalmente las siguientes actividades: i) crowdfunding, ii) instituciones de fondos de pago electrónico o e-wallets, iii) criptomonedas o activos virtuales, iv) interfaces de programación de aplicaciones u open banking y v) modelos novedosos para la prestación de servicios1.

      Las autoridades responsables de la regulación secundaria, la supervisión y la autorización de las diversas actividades descritas son, según sus respectivas competencias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (en lo que se refiere a modelos novedosos en el sector de pensiones) y la Comisión Nacional Seguros y Fianzas (en lo que respecta a modelos novedosos en los sectores de seguros y fianzas).

      Dichas autoridades son responsables de emitir ciertas disposiciones secundarias que, en algunos casos, aún no han sido publicadas. Con el objeto de lograr una implementación ordenada de la nueva regulación, las disposiciones transitorias de la Ley Fintech establecen que las personas que, a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, se encontraban realizando las actividades descritas con anterioridad deben solicitar su autorización para operar en un plazo definido (que concluye en septiembre de 2019) y podrán continuar llevando a cabo tales actividades hasta que se resuelva su solicitud.

      A la fecha de este documento, las principales empresas fintech en México se encuentran tramitando las autorizaciones necesarias para operar como instituciones de tecnología financiera, en términos de la Ley Fintech, o están replanteando sus modelos para continuar prestado sus servicios (o la mayoría de ellos) como entidades de otra naturaleza.

       3. OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO

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