posibilidad de que el disfrute de derechos influya en el ámbito de las instituciones y vuelva a ser transformado por éstas. Para tener una respuesta satisfactoria, es necesario conocer cuáles son los mecanismos que interconectan ambas esferas y condicionan su evolución. Asimismo, cabe considerar si los factores políticos, económicos y sociales que en el documento referido se suponen vinculados al disfrute de derechos pudieran también influir en la institucionalización.
La colaboración de un grupo de especialistas que compartan la perspectiva interdisciplinaria permitirá formular una argumentación que delimite el complejo empírico conveniente para el estudio, determine cuáles son las disciplinas relevantes para definir sus subsistemas, especifique la temporalidad de sus procesos, y precise en qué condiciones de contorno interactúan.
Una posibilidad es definir el complejo empírico a partir del binomio “cumplimiento de las instituciones-disfrute de las personas”. El análisis empírico de los derechos humanos involucra, a la vez, el cumplimiento por parte del Estado (mediante las acciones u omisiones a que se obliga al suscribir los tratados internacionales), así como la satisfacción o violación para las personas, o comunidades si es el caso. Esta dualidad, equivalente al balance entre el debe y el haber contables, introduce en el estudio de cada uno de los derechos la particularidad de que un mismo derecho corresponde con indicadores de la protección y del goce que, aunque vinculados con las mismas dimensiones conceptuales, se miden mediante variables distintas por ser diferentes las unidades de análisis.
Cuando se estudia el cumplimiento en la protección de los derechos, las unidades son gobiernos e instituciones; mientras que el disfrute se refiere a la satisfacción de los derechos de personas o colectivos.
Przeworski y Teune (1970) advierten que la definición de indicadores está afectada por lo que denominan la interferencia sistémica, la cual se refiere a que incluso los indicadores vinculados con un mismo concepto tendrán distinta medición según el contexto, porque el sistema empírico concreto les impone características específicas. La interferencia obliga a mantener el binomio cumplimiento-disfrute en el análisis de cada derecho humano particular, además de considerar los diversos factores institucionales involucrados, según el caso.
No obstante, la mayor dificultad para esta investigación reside en utilizar información estadística agregada. Por ejemplo, en el derecho a la salud, se dice que en México el “acceso” a los servicios cubre a toda la población, pero los estudiosos del tema señalan que el acceso, así entendido, no abarca todas las acciones requeridas y tampoco garantiza el “uso efectivo” de quienes los necesitan, porque la población no sabe qué puede usar, ni qué debe usar. Asimismo, se ha planteado la necesidad de investigar las condiciones de discriminación en la atención y la mala calidad de los servicios que debieran ser adecuados, oportunos y prestarse con respeto a los derechos humanos. Estos elementos de incumplimiento, que en ocasiones obedecen a impedimentos de orden geográfico o cultural y falta de prevención, no se expresan en el número de hospitales, médicos, etc. Los expertos reconocen que para que el derecho a la salud “se disfrute”, hace falta vincular las acciones del sector salud con las de otros sectores que obstaculizan o potencian sus efectos.
Se ha estudiado que el “rezago educativo” implica un retraso en la formación de ciudadanos, porque “los titulares” desconocen sus derechos, la precariedad de las “condiciones de las vivienda” (en especial el piso de tierra y el hacinamiento) y de los “servicios en la vivienda” (la carencia de agua entubada y drenaje), se asocian con deficiencias en las condiciones de salud de sus habitantes, particularmente los de menor edad. Éstas son cuatro de las seis dimensiones de carencias sociales que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval, 2013) emplea en la medición multidimensional de la pobreza, basada en una concepción de derechos humanos. Las otras dos dimensiones de la medición de las carencias son el acceso a la alimentación y el acceso a la seguridad social, que también influyen en las condiciones de salud.
Una vía prometedora para el proyecto de investigación discutido en este volumen sería replicar los indicadores que han utilizado las fuentes internacionales para —en este caso— examinar las desigualdades entre los países de América Latina y, dentro de éstos, las de sus regiones o unidades político-administrativas. Este análisis serviría como monitor del cumplimiento de los derechos por parte de los gobiernos nacionales y locales, mediante indicadores referidos a los agregados convenidos.
El equipo interdisciplinario asociado al proyecto revisaría el marco conceptual y acotaría su alcance, con el fin de precisar los fines del estudio, delimitar el sistema y subsistemas pertinentes, y decidir el modelo analítico. Sólo entonces se podrá determinar la información por recabar, para replicar la medición de los principales indicadores e índices, a partir del marco conceptual aceptado por la comunidad internacional dedicada al tema.
El análisis basado en mediciones estadísticas agregadas daría —posteriormente, como siguiente etapa— elementos para investigar el disfrute que comporta otro tipo de unidades de observación y de indicadores.
Conclusión
Las cuestiones cuyo tratamiento abstracto y general corresponden al campo de la metodología de la investigación en ciencias sociales, tienen su concreción empírica condicionada de modo particular en cada derecho humano que se investigue, considerado un entorno definido con las precisiones territoriales, temporales, sociales y jurídicas convenientes.
La sugerencia derivada de las consideraciones presentadas es orientar los esfuerzos hacia una investigación interdisciplinaria con un enfoque metodológico de sistemas complejos, compartido por especialistas en los dominios científicos que abarca la investigación, quienes participarían conjuntamente en su definición y en su desarrollo. Esta investigación estaría dirigida específicamente a medir y comparar el cumplimiento de los gobiernos en América Latina, apegándose a las definiciones y prácticas internacionalmente adoptadas.
El modelo de colaboración que exige el proyecto de investigación examinado es viable en una institución académica como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tanto por la diversidad de especialistas y programas docentes de posgrado que conforman este espacio académico, como por su presencia en varios países de América Latina.
Referencias
Bunge, Mario (1999). La investigación científica: su estrategia y su filosofía, 8ª ed., Barcelona, Ariel.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2013). Medición multidimensional de la pobreza 2012, México, Coneval.
Gaos, José (1956). “Comentario al libro de Eduardo García Máynez, La lógica del juicio jurídico”, Diánoia, vol. 2, núm. 2, México.
García, Rolando (2006). Sistemas complejos. Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Barcelona, Gedisa.
García, Rolando (2000). El conocimiento en construcción: de las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos, Barcelona, Gedisa.
Landman, Todd (2006). “The Scope of Human Rights: From Concepts to Measures”, Revista Iberoamericana de Derechos Humanos, núm. 2. pp. 109-138.
Piaget, Jean y Rolando García (1998). Psicogénesis e historia de la ciencia, 8ª ed., México, Siglo xxi.
Piaget, Jean y Rolando García (1989). Hacia una lógica de significaciones, México, Gedisa.
Przeworski, Adam y Henry Teune (1970). The Logic of Comparative Social Inquiery, Nueva York, John Wiley and Sons.
Smorodinsky,
