y virtuosa” sigue sin generarse, quizás en este caso por actores que no están comprometidos con la transparencia y el derecho a la información, por lo que la elección de los consejeros se llevó a cabo hasta tres años después (marzo de 2012) a la par que, por lo menos durante todo 2013, el Consejo no contó con oficinas ni presupuesto y los consejeros tampoco tenían un salario asignado.
Vázquez y Espinosa consignan otro tipo de disrupciones también en el proceso de institucionalización, sobre todo en el paso de las leyes a las políticas públicas. Sus conclusiones son poco halagüeñas. Si algo caracteriza al caso colombiano es que la reforma constitucional no tuvo impacto alguno en los contenidos de la planificación: Colombia se quedó atrapada en los años noventa. Mientras que el caso mexicano se caracteriza como un proceso con continuidades y fluctuaciones, sin que estas últimas se configuren del todo en rupturas. Hay un mayor énfasis del papel de los derechos en la planificación, pero ello no rompe las principales inercias, por ejemplo, la no transversalización en los ejes prioritarios de los programas nacionales de desarrollo, cierto énfasis en los derechos económicos y sociales como instrumento para aumentar el capital humano e identificación de grupos en situación de vulnerabilidad, relacionado con esta igualdad de oportunidades proveniente del capital humano.
En el decimotercer capítulo el caso ecuatoriano es caracterizado como uno de ruptura y transformación, en el que los dh cumplen un papel muy relevante en el proceso de planificación a partir de un valor local: el sumak kawsay. La principal conclusión de este capítulo es que el contenido de las políticas públicas está constreñido a una lógica de carácter macro, la que constituye el sentido político común, en un lugar y momento determinados. Por ejemplo, la reforma neoliberal de los noventa en el caso de Colombia, que es la que determina los contenidos de política pública, más allá de las instituciones a nivel meso, como la nueva Constitución. Algo parecido ocurre incluso en el caso en el que se observa la mayor ruptura: Ecuador. Aquí, lo que hubo antes y después de la nueva constitución de 2008 fue una ruptura política marcada por uno de los gobiernos que constituyen el vuelco a la izquierda en América Latina: el de Rafael Correa. Por ende, los puntos de contacto entre los cambios establecidos en la Constitución de 2008 y el pnd posterior son parte de esta ruptura política.
Tan interesante como identificar cuáles serían las prácticas armoniosas y virtuosas, es determinar si hay un punto de inflexión en los procesos de institucionalización que impacten efectivamente en la realización de esos derechos; y en la interacción de la institucionalización con otros factores económicos y políticos. Si bien en este volumen no hay un análisis detallado y sistemático al respecto, Vázquez, Coutiño y Navarrete dan una pista interesante sobre el punto de inflexión en la relación entre el sistema de protección y la economía en relación con los dhl. Estos autores observan que hay nueve países donde destaca la necesidad de armonía entre la economía y la institucionalización, para que haya un impacto en el ejercicio de los dh. De hecho, se atiende con mucha claridad que el punto de inflexión se halla entre el medio y alto desempeño en cualquiera de esas dos áreas. Así, tener un mayor ejercicio efectivo de derechos se encuentra vinculado con el mejor desempeño tanto de la economía, como del sistema de protección.
¿Cuál es la relación de la economía con los derechos?
Los procesos de institucionalización de los dh no son la única variable que incide en su ejercicio efectivo. Al menos se debe considerar el papel que cumplen dos variables más: la economía y la política. Dedicaremos algunas reflexiones a la primera en esta sección.
Un primer aspecto interesante en torno a la relación entre la economía y el ejercicio de los dh es la dirección causal. Una de las tesis más aceptadas, como explican Agostina Costantino y Francisco J. Cantamutto, es que el respeto y cumplimiento de los dh está asociado positivamente al nivel de desarrollo del país en cuestión. Es decir, a mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de ejercicio de derechos. Sin embargo, bien se podría pensar que la relación causal es justo la contraria: a mayor nivel de ejercicio efectivo de los derechos, mayor nivel de desarrollo. La primera dirección causal supone que la abundancia permite el ejercicio de derechos (específicamente los desc). La segunda dirección causal se centraría más en los inversores, ahí donde hay respeto a los derechos, hay un mejor ambiente de negocios que da confianza al inversor. La reflexión entre la dirección causal entre la economía y los derechos no es menor, en especial a partir de la historia económica de América Latina, donde “la medicina amarga” fue el argumento en la década de los noventa para instaurar un modelo económico que, en el corto plazo, transgrediera derechos (esencialmente económicos y sociales), con la promesa de una mejoría de la situación general a largo plazo. Más aún, esto nos lleva a discutir si la promesa de un futuro mejor puede ser un argumento suficiente para violentar derechos.
Otro aspecto relevante se relaciona con cómo analizar el fenómeno económico: a través de algunas variables dispersas o por medio de algún constructo más estructural. Ambas metodologías se observan en este volumen. Por un lado, Vázquez, Coutiño y Navarrete recuperan lo que ellos denominan “aspectos económicos”, a través de tres grupos de variables: el crecimiento económico medido con base en el producto interno bruto per cápita y la manufactura de exportación; la inflación medida por vía del índice de precios al consumidor, y la distribución de la riqueza analizada mediante el índice de Gini y la población que vive por debajo de los dos dólares diarios. En su trabajo, dichos autores, especifican la relación que cada una de estas variables guardaría con los dh laborales.
El resultado primordial que Vázquez, Coutiño y Navarrete obtuvieron del ejercicio de los dhl es la ausencia de países que, aun teniendo un alto desempeño económico, observan también un bajo ejercicio de derechos. Es decir, sin determinar cuál es la dirección causal, pareciera que el alto ejercicio de derechos está acompañado de bonanza económica; o ésta va aparejada con el alto ejercicio de derechos. Independientemente de la dirección, la relación causal es evidente. Otro resultado interesante proviene de dos casos desviantes: Colombia y Chile, que pese a aparecer como bajos en el aspecto económico, observan un alto ejercicio de derechos. Empero, esto no parece ser una tendencia, pues sólo se presentó en dos de siete países con estas características (el 29%). Por el contrario, el 50% de los países con bajo nivel de los aspectos económicos también tienen bajo ejercicio de dhl (Guatemala, Honduras y Paraguay). De ahí que se fortalezca la idea de que un bajo desempeño económico está acompañado de un bajo ejercicio de derechos laborales (o viceversa).
Por otro lado, la formulación de un constructo más estructural para pensar la economía se observa en el texto de Costantino y Cantamutto. Estos autores proponen el concepto de modo de desarrollo para pensar las diferencias económicas entre países, el cual resulta ser la forma en que se acumula y se reproduce el capital en un momento y un país determinado, teniendo en cuenta que dicha forma particular se configura a partir de las luchas de intereses y las presiones de las distintas clases sociales sobre el Estado. Este concepto no sólo contempla la dimensión económica, sino también el papel del Estado y las pujas distributivas entre los distintos actores sociales.
Uno de los elementos centrales del modo de desarrollo es el patrón de reproducción del capital, que es la dimensión económica del modo de desarrollo: ¿cómo se organiza la reproducción material de la vida? Éste es el aspecto que los autores analizan en su capítulo. En particular se observa que la orientación de Sudamérica parece mostrar un vuelco hacia actividades procesadoras de recursos naturales, que producen bienes industriales (como aceites vegetales, celulosa y papel, hierro y acero, harina de pescado).
Por otro lado, Centroamérica y México tienden a orientarse a la producción de industrias ensambladoras de aparatos electrónicos, de computadoras y de vestuario, principalmente para el mercado estadounidense. Por ende, en América Latina se concluye que hay dos patrones de reproducción del capital: uno orientado al modelo primario y otro al modelo de maquila. Sin embargo, observan Costantino y Cantamutto, la existencia de estos modelos marca la especialización
