es que suman a los países centrales en el análisis.
Los resultados son claros, hay un mayor ejercicio de dh —en particular los de la salud, alimentación y dhl que analizan los autores— en los países centrales que en el resto de América Latina, independientemente de que pertenezcan a la especialización primario-exportadora o a la especialización maquila-exportadora. En cambio, no hay diferencia estadística significativa que nos indique un ejercicio de derechos distinto entre los dos grupos de especialización que integran América Latina. Peor aún, lo que sí se observa es una precarización en el ejercicio de estos tres derechos, en los dos bloques latinoamericanos, entre las décadas de 1990 a la de 2000 y de ésta a la de 2010. En esta última no sólo empeora el indicador respecto de los años noventa, sino que se amplía la brecha respecto de los países centrales. En síntesis, esta especialización, aparentemente, está empeorando la realización de los derechos a la alimentación, la salud y a los dh laborales.
Con esta evidencia, Costantino y Cantamutto concluyen que no basta con que haya crecimiento económico, dependiendo del tipo del patrón de acumulación que se establezca en un Estado, habrá un impacto positivo o negativo en el ejercicio de derechos. Es decir, lo que marca la diferencia es el papel que cumplen los países en la producción/apropiación de valor, más que el tipo de bien específico que produzcan. Esta conclusión se refuerza si atisbamos que la tendencia en los países es tener un mejor desempeño en la economía, pero un peor desempeño en el ejercicio de los derechos.
En este punto coinciden las conclusiones de Costantino y Cantamutto con las de Vázquez, Coutiño y Navarrete. En materia de dhl, ellos observan que de los diecisiete países analizados cinco operan con la lógica esperada,[8] dos se considerarían casos desviantes (Colombia y Chile, ya señalados), y diez países que no operan con esta dinámica. De estos diez, es clara la tendencia de un peor rendimiento en el ejercicio de derechos en relación con el alcanzado en la economía. En siete de esos diez países la categoría obtenida en los aspectos económicos fue superior a la obtenida en el ejercicio de derechos, ya sea yendo de alto en economía a medio en ejercicio (Costa Rica, México y Uruguay); o de medio en economía a bajo en ejercicio de derechos (Bolivia, Brasil, Ecuador o Guatemala).
¿Cuál es la relación de la política con los derechos?
Finalmente, la última variable analizada es la política. En particular se pensó la política a partir de los derechos políticos y el tipo de representación democrática que existe en cada uno de los diecisiete países analizados, así como la relación que hay con el ejercicio efectivo de los dh. Esta variable se recupera específicamente en dos capítulos: los de Georgina Flores-Ivich y Rodrigo Salazar-Elena, así como en el de Francisco Valdés-Ugalde y Georgina Flores-Ivich.
En el primer caso, los derechos políticos se analizan a partir del índice ciri (Cingranelli-Richards). El aspecto central es que, junto con las políticas públicas (analizadas a partir de los actos legislativos que se desarrollan en cada derecho), los derechos políticos son las variables que más impacto tienen en la explicación del ejercicio de derechos. Dicha cuádrupla de autores explican que, a medida que los regímenes políticos son más autoritarios, se reduce el disfrute de los derechos civiles —como cabría esperar—, pero también es menor el disfrute del derecho a la salud, a la vez que aumentan la población en pobreza extrema, el empleo vulnerable y el desempleo.
Por su parte, Valdés-Ugalde y Flores-Ivich examinan la relación entre la democracia y los dh. A la primera la observan por medio del índice de institucionalización democrática del Polity Project, junto con el índice de derechos políticos de Freedom House. En cambio, a los dh los escrutan esencialmente a través del activismo legislativo, mediante los cambios legislativos en leyes relacionadas con dh. La relación esperada es que, a mayor democracia, más modificaciones en materia de derechos. De ser así, los gobiernos más democráticos estarían más interesados en los dh, por lo que sería esperable que fueran también más representativos.
Valdés-Ugalde y Flores-Ivich encuentran que el número de modificaciones legislativas en materia de dh es mayor en los años noventa, en comparación con los ochenta. Además, que el activismo legislativo de América Latina no es muy distinto del resto de países en el mundo, 4.29 y 4.02 actos legislativos por año, respectivamente. Sin embargo, lo más relevante es que sí hay una correlación entre el nivel de democratización de un país y el número de actos legislativos en materia de dh: a mayor democracia, más activismo legislativo. La mala noticia es que el aumento tanto en la democracia como en el activismo legislativo no necesariamente inciden en un mayor ejercicio de derechos, como los estudiosos observan cuando verifican que no hay correlación entre el activismo legislativo y el ejercicio del derecho a la integridad personal, medido con el índice Cingranelli y Richards.
Organización de la obra
Las preocupaciones que atraviesan este libro se organizan en cuatro partes: la primera, titulada “Metodología para la medición de los derechos humanos”, está integrada por seis capítulos. En la medida en que queremos dar cuenta del ejercicio efectivo de los derechos y, en particular, tanto de las trayectorias existentes entre la institucionalización y el ejercicio de los derechos, como de las relaciones entre dicho disfrute y algunos otros aspectos económicos y políticos, es necesario conocer si nos encontramos en mejores o peores condiciones con el paso del tiempo. Esto supone una medición del ejercicio de derechos, pero ¿cuál es la mejor forma para medirlos? El texto de Todd Landman nos habla de un esfuerzo por medir tanto la protección como el disfrute de dh en el mundo, a partir de la recopilación de información existente, el atlas de dh, que resulta una herramienta de consulta bastante útil para académicos y para el público en general.
La segunda parte, dedicada a “La institucionalización y el ejercicio de los derechos humanos: panorama general”, está integrada por tres textos. Aquí se ofrece una primera aproximación a las relaciones entre la institucionalización de varios dh, la economía, la política y el ejercicio efectivo de esos derechos. En esta parte, el análisis es más agregado.
La tercera parte, “La institucionalización y el ejercicio de los derechos humanos: las brechas existentes”, está compuesta por tres capítulos dedicados al análisis de la relación entre la institucionalización y un derecho en particular: el derecho a la alimentación, desarrollado por Karina Ansolabehere y Ruth Navarrete; los dhl, estudiados por Vázquez, Coutiño y Navarrete, y el derecho a la integridad personal, expuesto por Serrano y Valderrama.
Finalmente, en la cuarta parte, se analizan “Los sistemas de protección: algunos dilemas”. Este acápite también consta de tres capítulos, en los cuales se reflexiona sobre los procesos específicos de la institucionalización de los derechos humanos.
Referencias
Carey, S. y S. Poe (2004). Understanding Human Rights Violations: New Systematic Studies, Aldershot, Ashgate Publishing.
Colomer, J. (2001). Instituciones políticas, Barcelona, Ariel.
Diamond, L., M. Plattner, Y. Chu y H. Tien (1997). Consolidating the Third Wave of Democracies, Washington, D. C., The Johns Hopkins University Press.
Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca, Cornell University Press.
Dutrénit Bielous, S. y G. Varela Petito (2010). Tramitando el pasado. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos, México, Flacso México.
Engstrom, P. y A. Hurrell (2010). “Why the Human Rights Regime in the Americas Matters”, en M. P. Serrano, The Human Rights Regime in the Americas, Tokio, United Nations University Press.
Estévez,
