que además preservó el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) y la figura del estado de insurrección hasta 1986. Restringió la elección de los altos mandos de las fuerzas armadas y violó el secreto que merecen las investigaciones de las comisiones parlamentarias, trasladando legajos a la Justicia Militar sobre el caso Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A su vez, el presidente Sanguinetti aplicó el derecho a veto en todas las ocasiones que pudo, permitió la actuación de grupos paramilitares, como el caso Paladino,9 el grupo naso10 y la formación anticomunista y ultraconservadora Tradición Familia y Propiedad,11 y promovió también la creación de las empresas de seguridad a cargo de exrepresores de la dictadura.12
Así, la sociedad permitió que, frustrada la «discusión» parlamentaria, el presupuesto quinquenal impuesto por el Ejecutivo en 1985 dedicase más del 40% del pbi al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior, cuando países que en aquel momento se encontraban en conflicto, como Nicaragua y Marruecos, recibían un 38% y un 32%, respectivamente. Se difundió que las inversiones en las fuerzas armadas se reducían en un 65%, que las tropas en la Aviación, la Armada y el Ejército disminuían sus ingresos, que el parque automotor era llevado a un 50% de su capacidad y el consumo de combustible disminuía en un 30%. La propaganda mediática respecto a los recortes en el presupuesto militar ahogaron cualquier intento por discutir la insuficiencia que significaba la reducción de los montos que la sociedad destinaba a las instituciones de represión, omitiéndose también cualquier referencia respecto al despilfarro y al estrepitoso manejo de los fondos públicos administrados por las cúpulas militares y civiles durante la dictadura.
Se intentó evadir el asunto orquestando una campaña que enmascaró la figura del soldado como un ciudadano de uniforme, y las fuerzas armadas como un complejo multidisciplinario en proceso de integración a las instituciones democráticas, con un rol determinado en la defensa nacional. Después de la supuesta «guerra civil», las fuerzas armadas aparecían de nuevo colaborando con el «desarrollo nacional», pero desde la labor científica —con el Instituto Antártico Uruguayo—, o a través de la ejecución de tareas comunitarias en intendencias y entes públicos, conjuntamente con el despliegue social a través de programas como Invierno 85 o el Plan de Alimentación Complementaria.
En este marco de impunidad, tuvo lugar la ampliación del sistema carcelario, consolidando su función como espacio represivo y de exclusión social. Como corolario de todo esto, se votó la solución frente al revisionismo: la Ley de Impunidad, que además creó consigo una de las agencias de la inteligencia militar, la Dirección General de Información de Defensa (DGID), encargada de vigilar la democracia tutelada. Todo este accionar «democrático» fue constantemente monitoreado por el teniente general Hugo Medina, quien participó de todas las negociaciones y utilizó a discreción a cada uno de los sectores políticos, para terminar asumiendo el cargo de ministro de Defensa en noviembre de 1987. Así fue el proceso por el cual el poder militar vigiló desde los cuarteles el curso de unos acontecimientos en los que estaban plenamente involucrados. Nunca permitieron investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, ni tampoco asumieron una revisión sobre la nefasta herencia económica del régimen.
Este marco en el que «está el Partido Colorado y están las presiones militares atrás» (en palabras de Matilde Rodríguez)13 impidió que la sociedad tomara conciencia de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado. No hubo justicia sobre los criminales, y se produjo un relato histórico gestado desde el escenario de la partidocracia, según el cual la «voluntad general» se hizo «voluntad de la mayoría electoral», el «proyecto común» de la sociedad antidictatorial fue sustituido por el proyecto del partido de gobierno (Álvaro Rico: 2005) y la democratización se limitó a acuerdos, pactos y concesiones (Pacto del Club Naval, 1984, y de Anchorena, 1985).
La resistencia popular frente a la dictadura y la lucha clandestina profundizada a inicios de los ochenta terminaron siendo parte de un cauteloso relato gestado desde la partidocracia. Se intentó crear la idea de que no existieron vencedores ni vencidos, y se transitó por un «cambio en paz»14 —con mucha paz y pocos cambios—en el marco de una coparticipación política de «entonación nacional».15 Queda claro que la derrota a la dictadura nunca fue consumada, ni real ni simbólicamente. «¿Qué nos queda del penal de Libertad o del Año de la Orientalidad? Más que silencio. ¿Qué nos queda del silencio de los mayores y sus miedos? Solo nos quedan los miedos y represión en la que crecimos.» (Peveroni: 1988; «La generación del miedo», Cable a Tierra n.º 2).
En el Uruguay posdictadura se transitaba a través de un sistema político que continuaba reproduciendo rasgos autoritarios propios de una sociedad inmersa en la cultura del miedo, en la que el nuevo enemigo se perpetuaba en la figura del joven y el discurso de la seguridad ciudadana legitimaba un régimen de excepción denominado por muchos democracia tutelada. Este miedo continuó paralizando una sociedad moralmente conservadora, en la que lo nuevo era sinónimo de peligro y amenaza, y la democracia no lograba canalizar las inquietudes y las necesidades de las mayorías empobrecidas ni de las minorías marginadas. Y donde la impunidad reinante permitía que se continuaran reproduciendo medidas represivas en un Estado que, silenciando y enmascarando, aún buscaba disciplinar cuerpos y mentes.
¿Qué queda ahora de aquellos silencios, mentiras y los prohibidos? Nos queda miedo. El terror está entre nosotros y muchos lo queremos ocultar, pero está. Aquellos que fuimos apaleados en Dieciocho de Julio sentimos la violencia y nuestro miedo […] Lo sentimos en un profesor, en un adscripto. Muchos se resignan y se encierran en sus casas sin entender nada, otros salimos a la calle a decir que entendemos y a hacer algo por cambiar. (Peveroni: 1988; «La generación del miedo», Cable a Tierra n.º 2).
En este marco, comenzaron a surgir tímidamente unas formas de resistencias culturales que emergían desde los bordes del discurso imperante. Los agentes de este cambio eran jóvenes que transitaban una etapa en la que el orden castrense se reconfiguraba, abriendo paso, al mismo tiempo, al conservadurismo de la restauración sesentista. Hacían evidente lo que entendían como una irremediable brecha generacional entre la gerontocracia, identificada con la Universidad y sus rinocerontes, y las nuevas generaciones, los gurises que se sentían desfasados y a quienes no se les permitía forjar sus espacios. El escritor Sarandy Cabrera, en una conferencia en la Biblioteca Nacional para presentar su libro Poesía libertina (1988) —con el seudónimo Pancho Cabrera—, señalaba que existía en Uruguay un único debate: la polémica generacional entre lo viejo y lo nuevo.
Estas muchachas y muchachos encontrarían sus obstáculos no solo en la academia; rinocerontes también existían en las organizaciones sociales y en el sindicalismo. Un abanico de nuevas discusiones, planteos y reflexiones que impulsaron estos jóvenes fueron deslegitimados por una generación de militantes que en ese nuevo escenario político intentaban tomar el sartén por el mango, restaurando viejos paradigmas del Estado liberal. «Utilizaron una política que rompieron [sic] con todo lo que había logrado durante la dictadura. Ese movimiento que había durante la dictadura a nivel de cooperativas de vivienda hoy ya no existe» (en palabras de Tato Martínez).16 La academia, los partidos políticos de izquierda y de derecha, y gran parte del sindicalismo, la prensa escrita de gran tiraje, el periodismo y la gran mayoría del espectro intelectual intentaron ignorar y soterrar las formas autogestionarias, la horizontalidad, la antirrepresentatividad y la participación directa, la abolición dirigencial y la voluntad explícita de no formar estructuras permanentes.
Saltando entre los escombros
Todos comemos asqueados del mismo basural humano, pero ninguno de nosotros se atreve a vomitar, por miedo a quedar vacíos.
VÍCTOR NATTERO, grafiti en los muros de Montevideo, 1985
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