La guerra improvisada. Tony Payan
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Ahora bien, esto no significa que la administración calderonista no haya intentado crear una policía y, con el tiempo, sustituir a las fuerzas armadas. Eduardo Guerrero lo dice claro: “Una manera de descifrar la estrategia de Calderón tiene que ver con cómo gasta. Si analizas su gasto… su prioridad máxima es aumentar el gasto en la pf. Se triplica el gasto en la ssp y también se triplica el número de efectivos en un periodo muy corto, de 14,000 a 35,000”. Pero esto no fue suficiente ni dio tiempo a constituir una pf lista para realmente combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades. Por tanto, Calderón gasta abiertamente en las fuerzas armadas. “Luego se duplica el presupuesto de la Sedena. Más soldados, más equipamiento, más armas… Algo curioso es que no se gastó más en la procuración de justicia, en las labores de fiscalía en la pgr. Esto te da una idea clara de dónde Calderón ve la solución. Él ve que es una cuestión de fuerza, de policías, de soldados. Sí lo ve como una cuestión de seguridad nacional y la idea es recuperar esos territorios” (Guerrero).
Este debate sugiere, otra vez, que no queda enteramente claro si el problema se concibe como un problema de seguridad pública o un problema de seguridad nacional. El gasto en sí sugiere, consistentemente, que Calderón concibe la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional, de la supervivencia y la viabilidad del Estado mexicano. Y si el problema es así, las fuerzas armadas son la solución. El problema es que el involucramiento de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública termina poniendo en riesgo los derechos humanos y procesales de la propia población. Esta tentación continúa hasta el día de hoy, y no consideramos que la Guardia Nacional del presidente López Obrador la resuelva en lo más mínimo.
Ahora bien, vale la pena pensar en la idea de los partidos políticos y sus orientaciones ideológicas preferidas. Aunque haya un debate en México y muchos críticos del pan identifiquen a esa institución política con el uso de los militares, y quieran hablar de la existencia de un prian —una fusión institucional del pan y del pri—, la realidad es que estos dos partidos sí son diferentes. Al pan se le considera un partido de centro-derecha, mientras que el pri nació como un partido de “centro” que aglutinaba todos los sectores, intereses e ideologías. Actualmente al pri se le identifica con las políticas denominadas neoliberales y el pragmatismo caracteriza su plataforma.
Una pregunta central a nuestros entrevistados fue entonces si el pan por naturaleza se inclina por el uso de las fuerzas armadas como instrumento predilecto. El debate sigue cerniéndose sin consenso. Hubo quienes dicen que el pan, casi por definición, no tiene problema en utilizar las fuerzas armadas en seguridad. Pero hubo quienes dijeron que quizás el problema es que Calderón no tuvo opción o no la vio, pero: “El pan no se siente más cómodo con el despliegue de las fuerzas armadas” (Olson). Es muy posible que el pan haya apoyado a Calderón por ser un presidente emanado de ese partido, pero había un debate interno. “Tuvieron un gran debate… los ideólogos del pan siempre fueron renuentes [al uso de los militares], pero lo hicieron de todas maneras”. Esto es pertinente porque aun así muchos siguen oponiéndose al uso de las fuerzas armadas en actividades policiacas: “Esto politiza a los militares y militariza a la policía y ninguna es una buena combinación” (Bailey).
He aquí una de las más importantes lecciones para el sexenio 2018-2024. La administración de López Obrador comienza precisamente con este debate y la solución parece ser precisamente la que se criticó durante la administración de Calderón: involucrar a las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Sólo el tiempo dirá el resultado.
La estrategia de la administración Calderón en retrospectiva
A menudo se ha cuestionado de manera muy severa la ausencia de estrategia de seguridad del presidente Calderón. Aunque esto se discute mucho más adelante en este libro (capítulo 4), es importante adelantar aquí que existe un debate sobre la improvisación de este enfrentamiento con el crimen organizado.
Hay quienes argumentan que al principio Calderón improvisó. “Al momento, había que hacer algo dramático… responder a la urgencia” (Bailey). Se arguye también que Calderón no se preparó para la guerra. “Declaró la guerra sin entender cuáles eran las implicaciones” (Aguayo). “Calderón no le preguntó a nadie. Se basó en dos o tres personas y ellos hicieron el planteamiento” (Carrillo Olea). Michoacán fue clave. La respuesta a la situación en ese estado parece haber sido el elemento alentador de la expansión de la estrategia a todo el territorio nacional. “La Operación Michoacán le fue bien; le parece acertada. Le embelesa la operación y se lanza en Tamaulipas. Empieza a dar bandazos por todos lados” (Carrillo Olea).
Lo que esto implica es que Calderón comienza a abordar el tema de la seguridad pública y la delincuencia organizada al principio de su sexenio, pero sin tener todavía el equipo capaz de articular lo que finalmente sería la estrategia. A esta ausencia de equipo al principio se le puede atribuir gran parte de lo que terminó siendo la parte improvisada de esta guerra. Ahora bien, con el tiempo, el presidente sí comenzó a formar cuadros de consejería en materia de seguridad e incluso a organizar consultas ciudadanas, pero al principio no fue así.
La presión de Estados Unidos
Aunque hay un capítulo significativo sobre Estados Unidos más adelante, es importante hacer énfasis en que este país no estuvo ausente en el contexto en el cual llegó Calderón a la presidencia. Ahora bien, Calderón no asumió el poder en el vacío en términos del contexto de la guerra contra las drogas en Estados Unidos e internacionalmente. Dos aspectos estuvieron presentes en lo que finalmente llegó a formar un componente importante de la llamada guerra de Calderón.
La primera era la estrategia de descabezamiento de los cárteles, una parte central de la aproximación de Estados Unidos al combate al narcotráfico. La segunda fue el cambio en las leyes de armamentos en ese país en 2004. México, junto con Colombia, había sido ya durante décadas una pieza central en la llamada “guerra contra las drogas” de Estados Unidos. Calderón llegó al poder cuando México estaba en ebullición dentro de sus fronteras, debido a la transformación misma de la delincuencia organizada. Asimismo, el país se encontraba situado en una dinámica de enorme presión por parte de Washington para forzar la cooperación con la estrategia de las agencias de gobierno de ese país y permitirles mayor injerencia en la toma de decisiones en el combate del crimen organizado. Esta presión desde afuera se había ido construyendo a partir de las prioridades políticas de Richard Nixon y de Ronald Reagan en las décadas de 1970 y 1980.
Para los años noventa, la estrategia antidrogas de Estados Unidos, llamada drug kingpin strategy o kingpin approach, se había resumido, en gran medida, en el descabezamiento de los cárteles de la droga. La presunción fundamental en Estados Unidos, ingenuamente, es que “muerto el perro se acabó la rabia”. Si los capos eran aprehendidos y encarcelados o muertos sería suficiente para detener el flujo de las drogas. El descabezamiento se convirtió entonces en un eje rector de la estrategia estadunidense contra las drogas. La administración calderonista asumió la estrategia fundamentalmente bajo la presión de Estados Unidos, porque ésa es la táctica favorita de su cultura. Los gringos siempre proyectan los costos de sus guerras hacia fuera: guerra fría y comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, entre otras.
Al respecto, el exembajador Sarukhán dijo claramente: “Lo que Estados Unidos hace hábilmente es blindar un paradigma con el cual yo siempre he estado reñido y que con el paso de los años yo he tenido razón. En