que éstas nos pueden hablar sobre el estado de las instituciones, sobre la naturaleza del crimen organizado y su capacidad de cooptar a las instituciones, y el uso de fuentes de datos como política pública o como teatro político.
El nuevo contexto “democrático”
Una de las consideraciones más importantes de la historia de México en los albores del siglo xxi es el desplome del sistema político de las siete décadas previas al año 2000.
En este sentido, el profesor investigador Luis Alejandro Astorga señala que “los sexenios de Fox y Calderón son como puentes en esta transición… Las modificaciones en el campo de la política… implican un resquebrajamiento del sistema de partido de Estado y una reconformación del campo de la política y al mismo tiempo se reconfigura el campo de las drogas a nivel internacional”. La pluralidad de actores y la descentralización del poder que arrastró la transición política trajeron consigo un debilitamiento del Estado mexicano y de su capacidad de administrar la delincuencia. El Estado perdió su capacidad de interlocución desde una posición superior vis-à-vis con el crimen organizado. Según el analista en temas de seguridad Edgardo Buscaglia, mientras que antes la “delincuencia se operaba políticamente”, ahora el gobierno no tenía la capacidad de contenerla por la misma “desarticulación política”. En el contexto de un sistema de partido de Estado, “los traficantes tenían cuatro opciones: atenerse a las reglas del juego, salir del negocio, irse a la cárcel o morir. Pero el poder político todavía podía hacer eso” (Astorga).
En la época de Fox y Calderón ya no es posible. El profesor emérito del Departamento de Gobierno y director del Proyecto México de la Universidad de Georgetown, John Bailey, destaca que “la matriz política se había hecho extremadamente compleja y el liderazgo priista había dedicado muchos de sus esfuerzos a sabotear a Calderón. Al mismo tiempo, los gobernadores empezaban a entrar en una etapa de frustración y presionaban al presidente para que hiciera algo” con respecto a la inseguridad que enfrentaban en sus estados.
Ante este nuevo escenario de poder, el mismo crimen organizado se va fragmentando desde 2003. De acuerdo con Andrew Selee, exdirector del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, “los grupos delictivos comenzaron a adquirir gran poder contra los gobiernos locales. Otros se dejaron cooptar. Los gobernadores comenzaron a asustarse”. La fragmentación política abona a la fragmentación del crimen organizado. La competencia era ahora de muchos partidos y muchos individuos. En esta misma lógica, los “gobernadores del pri no querían colaborar con un presidente del pan. Pero poco a poco comenzaron a [hacerlo] porque empezaron a percibir que la delincuencia los había rebasado” (Selee).
Entre estos debates sobre la cooperación entre niveles de gobiernos, sobre todo con los gobernadores, es importante resaltar el papel de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, que es un producto del fin del régimen priista. Ante la ausencia del liderazgo del presidente de la República, los gobernadores priistas impulsaron la creación de este organismo con el objeto de coordinar sus acciones hacia los presidentes emanados del pan. Al final, la Conago resultó un instrumento importante para la reconstitución del priismo y para la crítica constante (y efectiva) de la administración de Calderón.
Desde ella se orquestó, por ejemplo, la presión para que el Ejecutivo desplegara cada vez más activos militares y policiacos a las entidades federativas, y en ella se articularon las estrategias para desplazar la responsabilidad por la guerra contra el crimen organizado hacia el gobierno federal y tomar crédito por los operativos exitosos. La Conago al final resultó un importante símbolo de la fragmentación del poder en México, algo que le dificultó a Calderón para hacer labor de convencimiento entre los gobernadores y crear consensos.
Como ya se dijo, Andrew Selee lo vio como algo muy complejo: “Los gobernadores no querían colaborar con el presidente del pan, pero poco a poco comenzaron a [hacerlo] porque… la delincuencia los había rebasado… La estrategia fue dificultada porque los estados no tenían una estrategia clara y consistente en todo el territorio. No siempre estaban claras las reglas de colaboración y de acción para todos los gobernadores y los alcaldes”. Al final la relación federación-estados fue muy compleja y tortuosa durante el calderonismo, y quizás esto contribuyó al caos y hasta a la violencia a partir de una coordinación defectuosa entre niveles de gobierno.
Lo anterior claramente abona a la hipótesis central de este libro: la guerra fue altamente improvisada y no tenía detrás un consenso sobre el carácter y la naturaleza misma del problema, pero tampoco un consenso político entre todos los niveles del gobierno. Debido a esto, la guerra contra la delincuencia, que debió haber sido una meta del Estado mexicano, se politizó, o más bien se partidizó.
El pri vio una enorme oportunidad en el desgaste de Calderón, tanto en su contienda para llegar al poder como en sus propias políticas de seguridad y sus consecuencias. Hay incluso quienes, como Jorge G. Castañeda, argumentaron que los “gobernadores sabotearon al presidente; otros se hicieron tontos”. Y no se puede descartar que otros estaban abiertamente coludidos con el crimen organizado. Castañeda agrega: “Una vez que se empiezan a sentir los efectos de la guerra, sobre todo después de 2008, algunos tuvieron que alinearse con Calderón… Un caso interesante es el de Cárdenas Batel, en Michoacán. [Se dice] que él se lo pidió, pero nadie ha podido encontrar una declaración, documento o entrevista donde se demuestre”. Astorga lo confirma, argumentando que “no es de extrañar que la Conago, cuando empieza todo esto, dice: ‘Apóyame. El discurso de la petición de los gobernadores ahí está’, pero no asumen la corresponsabilidad de las consecuencias… [los gobernadores] piden ayuda, y por tanto tienen responsabilidad por el uso del Ejército en estos temas”.
Guillermo Valdés Castellanos comenta también que los gobernadores sí habían solicitado el apoyo del gobierno federal: “Varios gobernadores sentían que se estaba desbordando la violencia y hacen diagnósticos y una serie de propuestas para enfrentar el narcotráfico. Lo discuten con Felipe Calderón y sale una serie de acuerdos, pero la petición original fue de Lázaro Cárdenas”. Nuestra entrevista con Cárdenas Batel apoya la versión de que fue él quien primero pidió ayuda a Calderón.
Pero la relación entre el gobierno federal y los estados era demasiado compleja, y sin duda esto tuvo impacto en lo que sucedió durante todo el sexenio. Algunos entrevistados acusaron de grave el esquema de no cooperación y culpabilidad mutua entre los dos niveles de gobierno. El profesor investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo también argumentó que un grave problema fue la “no colaboración de los gobernadores”. De hecho, ante el nuevo contexto democrático, los gobernadores habían adquirido enorme poder en sus estados y fueron importantes contrapesos de cara al gobierno federal. Así pues, aunque la descentralización del poder pudiera ser algo deseable, en general, sin un nuevo pacto federal, el ambiente político se había deteriorado, en parte por la fragmentación política y en parte por los resultados de una elección tan controvertida, de tal manera que la colaboración entre los niveles de gobierno se dificultó y se puede argumentar que el presidente Calderón se encontró con un federalismo disfuncional desde el principio. Esto no pudo más que complicar la articulación de una estrategia de Estado. Por esto hubo entrevistados que advirtieron que el problema de las relaciones federación-estados ya arrastraba muchos problemas que interfirieron con los propósitos de Calderón.
Ahora bien, Carrillo Olea, por su parte, dice que: “Si la disciplina se rompió, fue con Fox. Zedillo era todavía autoritario, centralizador y capaz de castigar. Con Fox viene el boom petrolero y sobraba dinero, y lo empezaron a jorobar con las participaciones del excedente petrolero… No es una visión de Estado distribuir el excedente petrolero entre todos los estados. Esto causó una corrupción enorme… pero a Fox nunca le interesó entender qué estaba pasando… el panorama entre el gobierno federal y los estados era caótico… Esto significa que la democratización sí constituyó un panorama de gobernabilidad y de control muy complicado”.
De manera interesante,
