delicada. Ya desde los últimos años de Fox, el problema de Michoacán se desbordaba. El gobernador de ese estado, Lázaro Cárdenas Batel, le había dicho a Calderón que tenía un problema grave. Eso terminó de convencerlo”. El mismo Marín dice que “los pleitos eran brutales, carniceros”. Así pues, una primera hipótesis es que el país estaba ya en una situación crítica y no había otra salida. Y quienes argumentan esto, citan números y eventos que apuntalan su percepción.
Pero no todo mundo coincide con la visión de un país ensangrentado que tenía el presidente Calderón. Con respecto a las tendencias de la delincuencia en México, Jorge G. Castañeda argumenta que “México llegó al 2006 con un nivel muy bajo de violencia. Durante Fox, los niveles de violencia bajaron. Los homicidios suben o bajan, pero estaban en 9 por cada 100,000 personas en 2006. En 2007 bajamos a 8 por cada 100,000 personas. Pero era baja la violencia”. Los indicadores de homicidios y violencia parecen apoyar las aseveraciones de Castañeda. Si se analiza el número de asesinatos en sí, éstos sí iban a la baja. Pero el argumento de Castañeda no es necesariamente incontrovertible.
Como quedó claro en los primeros dos años de la administración de Peña Nieto, la baja en los homicidios dolosos pudo haber sido un efecto de la renuencia del gobierno de enfrentar el problema de la inseguridad, particularmente porque las cifras de secuestros y extorsiones sí habían ido en aumento. Más aún, hay calderonistas que argumentan que la baja en los homicidios de 2013 y 2014 es algo que comenzó en 2012, precisamente porque la estrategia ya estaba surtiendo efecto, justo hacia el fin del sexenio. Pero ver sólo las estadísticas y sus altibajos es en sí problemático. El exembajador de México en Estados Unidos Arturo Sarukhán, por ejemplo, argumentó que no se trataba de los números brutos. Hablar de números solamente, dice Sarukhán, presenta un falso dilema. “Algunos de los indicadores de violencia venían a la baja, pero no en cambio los indicadores de que el crimen estaba cooptando las instituciones. Esto es lo que detona las alarmas. No son los asesinatos o la violencia, pero el derecho de piso, las extorsiones de renta, lana del narco en las campañas políticas… El tema que dispara las alarmas no era el crimen bruto, sino lo que se veía era el incremento… de la extorsión política y el fondeo del crimen organizado que había llegado a financiar campañas muy relevantes a nivel local y en algunos estados… El debate se centra en los homicidios, pero la realidad era el cáncer institucional”.
Hay todavía otra perspectiva entre los entrevistados. Algunos críticos del calderonismo argumentaron que la crisis fue manufacturada. Para el profesor investigador de El Colegio de México Fernando Escalante, no existía una crisis de seguridad: “se reproducen las notas de los periódicos y los dichos de los gobiernos… y la producción académica es mediocre y sesgada… Las cifras son fantasiosas y se combinan con prejuicios… se construyen imágenes”. Además, “todas las decisiones se toman con base en información y análisis de consultoras como Stratford y números que salen de la dea y el Departamento de Estado”, los cuales tienen una agenda.
El profesor Escalante sugiere que no se puede entender un diagnóstico de la seguridad en México sin la agenda antidrogas de Estados Unidos. En el imaginario del gobierno mexicano, y ciertamente en el de Calderón, la crisis podría ser de México, pero es difícil entender su construcción sin considerar el impulso que se le da desde Washington, D.C. El argumento de Escalante sobre el diagnóstico de Calderón resulta interesante, ya que hay otros analistas que coinciden en que no se puede divorciar el diagnóstico de la teatralidad nacional. Alejandro Hope, analista en materia de seguridad, por ejemplo, dice que “ya para finales de la administración de Fox hay decapitaciones, videos en las redes… la delincuencia organizada cambió de naturaleza y estaba rebasando a los gobiernos estatales… La percepción se ve influida por el caso Michoacán y la interpretación que le da el propio [gobernador] Cárdenas Batel al problema”. El tema de la seguridad entonces es de números, pero también de instituciones y de teatralidad política.
Otros observadores se enfocan en la construcción del diagnóstico a partir de los asesores. Jorge Carrillo Olea, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1988 a 1990, manifiesta, por ejemplo, que: “Felipe Calderón no le preguntó a nadie. Se basó en dos o tres personas y ellos le hicieron el planteamiento. Seguramente [Juan Camilo] Mouriño y [Josefina] Vázquez Mota. Ellos dos hicieron todo: estrategia, decisiones, etcétera. Felipe Calderón llega sin un diagnóstico institucional… No hubo diagnóstico. Fue una decisión unilateral, en petit comité”. El mismo Carillo Olea asevera que la guerra contra el crimen organizado “no era el último recurso. La situación no era tan grave como Felipe Calderón quería”. Es de señalar que Carrillo Olea utilice el verbo querer y no los verbos creer o pensar. Esto implica que Carrillo Olea piensa que hubo un deseo deliberado de creer ciertas cosas o una intencionalidad en la elección de llevar a cabo una guerra contra el crimen organizado por parte del presidente Calderón, quizás atribuyéndolo a la necesidad de justificarse y legitimar su presidencia; algo que otros también argumentan y que se discute más adelante.
En apoyo a la tesis de Carrillo Olea, Carlos Flores Pérez, un académico entrevistado, argumenta que el equipo calderonista “no tenía expertos en seguridad… hubo personajes que se posicionaron mucho desde la campaña, como Genaro García Luna, Edgardo Flores Campbell y otros”. Ellos, insinúa Flores Pérez, fueron los que decidieron la naturaleza del problema y la ruta. Esto, sin embargo, contradice algo que el propio García Luna manifestó en una conversación: que él no formó parte del equipo calderonista de seguridad hasta unos cuantos días antes de ser designado, y fue sólo cuando Jorge Tello Peón había rechazado ser el secretario de Seguridad Pública que lo llamaron para estar al mando de esa secretaría y de la Policía Federal. García Luna aseguró que su nombre salió al final, por recomendación del propio Jorge Tello Peón.
La extensión territorial de la violencia
y la cambiante naturaleza de la delincuencia organizada
Un segundo e importante debate entre los entrevistados se vincula directamente con la relación entre la delincuencia organizada y el territorio.
Existe consenso entre quienes estudian la delincuencia organizada respecto a que hay una estrecha relación entre la actividad delictiva y el control del territorio (Varese, 2011). Esta relación, en el caso de México, siempre fue más o menos aceptada (Cunjama y García, 2014). Los grandes cárteles de la droga controlaban municipios y corredores, a veces estados enteros, y a menudo las estructuras políticas de los mismos, con el fin de facilitar sus operaciones. Esto se convierte en un tema central en el debate de la inseguridad en México a partir de la agresividad de los Zetas y su capacidad de extenderse por varios estados de la República, desafiando exitosamente el control territorial de otros grupos. En gran parte, las luchas entre grupos de la delincuencia organizada tienen que ver con el control territorial. Y es el control territorial lo que causa a veces los enfrentamientos más encarnizados y muchas muertes. Cabe entonces preguntarse: ¿qué tan grave era el problema del control territorial por la delincuencia organizada? ¿Se justificaba un escenario apocalíptico de la pérdida del país o de sus instituciones a partir de los espacios físicos controlados por el crimen organizado? En este punto también los entrevistados expresaron distintos puntos de vista.
Calderón estaba convencido de que la situación era muy delicada, particularmente porque como dijo Carlos Marín: “Ya desde los últimos años de Fox, la situación en Michoacán se desbordaba. Se creía que la situación era grave. [El gobernador de Michoacán Lázaro] Cárdenas Batel le había dicho a Calderón que tenía un problema grave. Eso terminó de convencerlo. Muy iniciado el gobierno de Calderón, un diagnóstico del Ejército que me tocó publicar aquí [Milenio], y por una conversación informal con el secretario de Defensa, vi unos documentos de los analistas del Ejército. Y una de las hojas del informe decía que lo que estaba en riesgo era la viabilidad del país. Un analista nos dijo que el convencimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era que, de no actuarse, era posible que el siguiente presidente, después de Calderón, lo iba a imponer el narcotráfico… Y al final
