el desarrollo del enfoque contractualista y constitucionalista, aplicado a la teoría del proceso decisorio económico y político”, en 1986 a James Mc Gill Buchanan le otorgaron el Premio Nobel de Economía.
“Mi visita a Italia [pasó un año, durante la década de 1950] me sirvió para introducir mucho escepticismo en mi pensamiento” (Buchanan, 1995). En Italia, “en vez de la política idealizada, me encontré con los políticos como protagonistas de la política. Ese año fue importante porque fui expuesto a un ambiente histórico y cultural distinto del de los Estados Unidos” (Buchanan, 1986).
“Su contribución fundamental se apoya en dos ideas básicas: no se puede considerar a la economía pública independientemente de la política, es decir, solo con categorías económicas; y la política puede analizarse con los métodos de la economía. Es un autor política y académicamente incorrecto” (Bara, 2002). “Al pasar del estudio del individuo al del agregado, los economistas suponen implícitamente que los agregados sociales pueden ser analizados como si se tratara de entidades que funcionan como si fueran decisores individuales. ‘La economía’ no maximiza nada, lo mismo que ‘el Estado’. No hay ‘decididores’ supraindividuales” (Vanberg, 1998). “Baso todo mi análisis en que cada persona tiene igual importancia. No me interesa investigar las estructuras donde la interacción social no se basa en individuos” (Buchanan, 1992).
Sobre la economía de la Constitución afirmó lo siguiente:
La elección entre reglas es en rigor la elección entre restricciones, y por consiguiente implica un cálculo decisorio más importante que el que analizan los economistas. En el plano constitucional, nadie puede saber si una regla preferida lo va a beneficiar o a perjudicar. La decisión se realiza bajo un “velo de ignorancia”. El análisis económico tiene que ver con el intercambio, y por consiguiente con el acuerdo entre las partes. De ahí la teoría contractualista de la interacción política. Cualquier economista que mantiene el individualismo como principio, cuando analiza el proceso político debe ser contractualista. Y el contractualista se vuelve constitucionalista. (Buchanan, 1986).
El mensaje de [Johan Gustav Knut] Wicksell es claro, elemental y evidente. Los economistas deben dejar de aconsejar, como si fueran asesores de un déspota benevolente, para prestarle atención a la estructura en la cual se adoptan las decisiones políticas. Durante siglos la teoría y la filosofía políticas fueron dominadas por el enfoque del dictador benevolente. Pero no existe la contrapartida política de la mano invisible de Adam Smith. La diferencia en las predicciones que surgen de la interacción del mercado y de la política tiene que ver con la diferencia en la estructura de esas dos instituciones, más que con cambios en la motivación de las personas, al pasar de un contexto a otro. La constitución de la política, más que la política en sí misma, es lo que hay que reformar. [James] Madison, como Wicksell, se ocuparon de la eterna cuestión del orden social: ¿cómo podemos vivir juntos en paz, prosperidad y armonía, manteniendo nuestras libertades como individuos autónomos que pueden, y deben, crear sus propios valores? (Buchanan, 1987).
La política es una relación de intercambio, pero se trata de un intercambio complejo, porque las decisiones tienen carácter colectivo e involucran a todos los integrantes del grupo. La teoría de la decisión pública tiene dos ramas: la teoría económica de las constituciones o economía política constitucional, y la teoría de las instituciones políticas. Una tercera rama se ocupa de la oferta de bienes públicos. La reforma de la economía es la reforma de las instituciones políticas. (Bara, 1987).
En la Argentina las modificaciones constitucionales, lejos de acotar cada vez más el accionar estatal contra los individuos, expande las tareas que se le encargan al funcionario de turno. Por ejemplo: la reforma constitucional de 1957 incluyó el artículo 14bis, que dice lo siguiente:
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial... Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Interacción
¿Qué tienen en común los aportes reseñados en la sección anterior de este capítulo? Que suponen, implícitamente, que las personas de carne y hueso ajustan su comportamiento de manera pasiva a lo dispuesto por las autoridades. Estas crean un nuevo impuesto y aquellas modifican las cantidades y los precios que manejan. Las autoridades devalúan y los agentes económicos absorben como pueden la nueva realidad.
¿Qué ocurre cuando los seres humanos no actúan en base a la hipótesis de las expectativas estacionarias, sino según las expectativas adaptativas o racionales? Como se verá de inmediato, esto tiene significativas implicancias sobre el diseño y la implementación de la política económica y los resultados que cabe esperar. “Una propuesta de política económica es simplemente el comienzo de un proceso que es político en cada etapa” (Dixit, 1996).
Esta sección analiza la política económica cuando la población forma sus expectativas en base a las hipótesis de las expectativas adaptativas o racionales, plantea el análisis de la política económica según la Teoría de los Juegos, se ocupa de la cuestión de las reglas versus la discrecionalidad, y por consiguiente de la inconsistencia temporal, analiza el impacto de la (falta de) credibilidad de la población, con respecto al accionar de los funcionarios e investiga la importancia de las instituciones y la cultura.
Política económica según distintas hipótesis de formación de expectativas
Como no tenemos forma de saber lo que va a pasar, no tomamos decisiones en base a lo que va a pasar, sino en base a lo que creemos que va a pasar.15 Esta es la razón por la cual las expectativas son importantes: porque afectan las decisiones.
¿Expectativas con respecto a qué? Al decidir cuántos kilos de helado de crema preparará un heladero para el próximo fin de semana, tendrá en cuenta los que vendió el fin de semana anterior, lo que estima que van a hacer sus competidores y cómo estará el clima. Pero también si se mantendrá el tipo de cambio o se pagarán los salarios. En otros términos, tiene que hacerse una composición de lugar con respecto a la microeconomía y la macroeconomía. Focalizada en la política económica, en esta obra nos concentramos en cómo el heladero se posiciona frente al accionar presente y futuro de las autoridades.
En macroeconomía se han desarrollado tres hipótesis principales de formación de expectativas: las estacionarias, las adaptativas y las racionales. El Cuadro 1.1 ilustra la cuestión con un ejemplo numérico. En la primera fila aparece el valor ex post de cierta variable, mientras que en las tres filas siguientes aparecen los correspondientes valores ex ante, según las diversas hipótesis de formación de expectativas.
