y fueran a la iglesia. Como miembros de una tribu eran “pupilos” del Gobierno federal, y por tanto incapaces de ejercer la independencia plena que se esperaba de un ciudadano.134 En 1924, el Gobierno federal otorgó la ciudadanía a todos los indios, quizá el intento más importante de integrarlos en la sociedad estadounidense; pero Minesota y muchos otros estados conservaron numerosas disposiciones discriminatorias que les privaban del derecho democrático fundamental: el de elegir a sus representantes.135
En las décadas de 1920 y 1930, las autoridades y los reformadores reconocieron finalmente lo dañina que había sido la ley Dawes. Como parte del New Deal, el Gobierno federal se propuso paliar la pobreza y mejorar las condiciones sanitarias y el nivel educativo de los indios potenciando las tribus. Esta política, impulsada por el nuevo comisario para asuntos indios, John Collier, se reflejó en la Ley de Reorganización India, aprobada en 1934, y, pese a sus múltiples defectos, llevó al “rejuvenecimiento” del Gobierno tribal “después de un siglo de opresión”, así como a un aumento del número de propiedades tribales.136
Esta nueva política duró poco. Entre 1953 y 1968, el Gobierno federal optó por romper su relación fiduciaria con las tribus, adoptando de nuevo como objetivos prioritarios el fomento de la integración y la rescisión de los compromisos adquiridos con ellas (incluidos los económicos): las tribus dejarían de recibir ayudas para la sanidad y muchas otras formas de asistencia social.137 El Gobierno abolió más de un centenar de tribus, repartió sus tierras entre miembros individuales y suspendió las subvenciones federales. A algunos estados se les otorgó autoridad sobre las tribus, conculcando así la disposición constitucional relativa a la soberanía india. La política del Gobierno animaba a los nativos a emigrar a las zonas urbanas prometiéndoles empleo y vivienda. Pero estas promesas casi nunca se cumplieron.
La etapa final comenzó en 1968, cuando las profundas transformaciones de la política y la sociedad estadounidenses afectaron a la postura del Gobierno federal respecto a los indios. La ruptura de la relación con las tribus se había revelado tan nociva como muchas otras medidas federales. “Debemos afirmar el derecho de los primeros americanos a seguir siendo indios sin perjuicio de los derechos que tienen como estadounidenses –declaró ese año el presidente Lyndon Johnson–. Debemos afirmar su libertad de elección y su derecho a la autodeterminación”.138 Los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan eran republicanos, a diferencia de Johnson, pero expresaron la misma idea.
Una nueva oleada de activismo indio, influida por el movimiento a favor de los derechos civiles de la población negra, impulsó estos cambios. Los indios se manifestaron en la calle, acudieron a los tribunales y organizaron grupos como el Movimiento Indígena Estadounidense, fundado en Mineápolis en 1968. También ocuparon tierras sagradas, como Alcatraz, en la bahía de San Francisco, y Wounded Knee, en Dakota del Sur. En las manifestaciones y ocupaciones a veces había tiroteos con los agentes del orden y moría gente. Los activistas exigían que se cumplieran los tratados vigentes, se compensara económicamente a los indios por los desafueros que habían sufrido en el pasado y se pusiera fin a la discriminación. El Programa de Estudios Indios creado en 1969 en la Universidad de Minesota fue uno de los muchos que aparecieron en esa época.
En 1968, el Congreso otorgó estatus federal a casi todas las tribus con las que el Gobierno federal había roto las relaciones, decisión que suponía un cambio radical de política. Las reservas indias volvieron a recibir ayudas federales. La Carta de Derechos de los Indios (1968) y la Ley de Autodeterminación y Ayuda Educativa a los Indios (1975) fueron la culminación de esta política. La primera ley reconocía a los indios la mayoría de los derechos constitucionales de los que disfrutaban los demás estadounidenses, y la segunda otorgaba a las tribus el derecho a administrar diversos programas federales en sus tierras. También se aprobaron leyes que protegían los derechos de los indios de abusos por parte de autoridades locales, estatales y federales. Por lo demás, el Estado resolvió numerosas demandas de indemnización que llevaban más de cuarenta años estancadas en los tribunales.
Parecía haber empezado una nueva era para los indios, que durante tanto tiempo habían sufrido derrotas, expulsiones y desastrosas medidas federales, como la parcelación de las tierras. El número de indios se había reducido considerablemente, pero seguía habiéndolos en todo Estados Unidos. En Minesota vivían (y viven) dakotas, ojibwas y winnebagos: indios que habían conseguido librarse de la deportación o acabado volviendo al estado. De las 570 tribus reconocidas que hay en Estados Unidos, 11 están en Minesota, y muchas de ellas viven en las cuatro reservas existentes en el estado.139
Sin embargo, la cuestión de cómo poseían derechos los indios y cuáles eran esos derechos seguía siendo tan compleja como siempre.
CONCLUSIÓN
En 1898, en el lago Leech de Minesota, los ojibwa y el Ejército de Estados Unidos libraron la última batalla de las guerras indias, que tanto tiempo habían durado. Los ojibwa fueron derrotados, naturalmente. Seis soldados estadounidenses murieron y diez resultaron heridos.140 Fue una batalla pequeña en comparación con otras que se habían producido en los bosques y llanuras del norte de Estados Unidos, y el número de bajas parece insignificante si consideramos las ocasionadas por la guerra de Secesión. El valor simbólico de este choque fue mayor que su importancia militar. En aquel momento, justo al final del siglo XIX, el desesperado ataque de los ojibwa y la caótica batalla que lo siguió pusieron de manifiesto el triunfo de la colonización europea y del proyecto de hacer desaparecer a los indios. Apenas cinco años antes, en un famoso discurso pronunciado ante la American Historical Association, Frederick Jackson Turner había expresado su inquietud por el llamado cierre de la frontera, un fenómeno social y geográfico que, según él, había moldeado el carácter estadounidense.
Los euroamericanos que se asentaban en Minesota adquirían muy pronto los derechos y privilegios que ofrecía el Estado nación estadounidense. A los recién llegados de Europa les bastaba con manifestar su intención de hacerse ciudadanos para poder votar, hablar en público y acudir a los tribunales. Estos derechos tenían un fuerte carácter individual: no se consideraban apenas los sociales, como el derecho a gozar de bienestar material y recibir atención sanitaria. En el conjunto de derechos que ejercían aquellos estadounidenses, la inviolabilidad de la propiedad privada ocupaba el lugar quizá más importante. Por duro que fuese trabajar en las granjas, los aserraderos, las fábricas de papel y las minas, los emigrantes siempre soñaban con una vida mejor que la que habían llevado en Europa y en otras zonas de Estados Unidos; y la mayoría vio realizada esta aspiración.
En el caso de los indios, la historia fue mucho más compleja y menos estimulante. Si poseían algún derecho era como miembros de una colectividad (la nación india), y no en cuanto que individuos.141 En varios momentos de la historia de Estados Unidos, y particularmente cuando lograban adaptarse a la sociedad blanca y cristiana, los indios pudieron, como individuos, convertirse en ciudadanos, por lo menos en teoría, y disfrutar así de todos los derechos que esta condición llevaba aparejados. En 1924 se les otorgó finalmente la ciudadanía estadounidense, pero a los dakotas, como a muchos otros pueblos, se les siguió discriminando y persiguiendo, por lo que casi nunca pudieron ejercer los derechos que se les habían reconocido. Esta situación persistió hasta que, más entrado el siglo, el activismo indio abrió nuevas posibilidades.
El dilema esencial planteado por los derechos de los indios (si son colectivos o individuales) no ha llegado a resolverse. Por lo demás, este problema ha llevado a una serie de paradojas que oscurecen el significado de los derechos. En 1968, cuando el Congreso debatió la Ley de Derechos Civiles de los Indios, hasta los legisladores se mostraron sorprendidos de que los residentes en las reservas no hubiesen tenido nunca los derechos individuales básicos reconocidos en la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos. Esa ley, que formulaba multitud de principios democráticos que otros estadounidenses habían dado por supuestos durante muchas generaciones, era, sin embargo, potencialmente dañina para la soberanía y el
