La traducción del portugués es mía.
4 Para ampliar esta cuestión, véase Lefebvre (2013).
5 El término grilla se utiliza en el sentido que lo hace la historiografía argentina; en concreto, se refiere “a la parrilla de manzanas que cuadriculan el territorio” de la ciudad (Gorelik, 2004, p. 19).
6 Esta última frase debe entenderse en un doble sentido: en tanto no se entienda el municipio de Bogotá y en tanto no se entienda el municipio como pieza clave del ordenamiento territorial instaurado por el movimiento regenerador. En las fuentes de la época, las palabras Municipio, Provincia y Departamento usualmente van con mayúscula; sin embargo, en adelante solo se escribirán así cuando sean citas textuales.
7 Al respecto, véase Gottdiener y Budd (2005). Estos postulados se enmarcan en la nueva sociología urbana, corriente emergida en la década de 1980 que aboga por “entrelazar explicaciones políticas y culturales junto con consideraciones económicas” (Gottdiener y Feagin, 1990, p. 227), mediante la introducción en el análisis de cuatro áreas de observación: a) el contexto global, b) los actores urbanos, c) el espacio, y d) el Estado. Sobre esta temática, véase también Gottdiener (1998).
8 “La alusión mas antigua” que hasta el momento se conoce del término cerebro i corazón de la República “se remonta a 1874, año en el que Miguel Samper escribió un artículo en el Diario de Cundinamarca, en el que responsabilizaba al Estado cundinamarqués de la ‘mugre, oscuridad e inseguridad’ que el Municipio exhibía. La trascendencia de su disertación reside en que él denunciaba la injusticia que constituía que ‘el Estado tratara a la capital como no querría ser tratado por la Nacion’. La convicción que primaba en su razonamiento era que la localidad representaba la médula de la patria, circunstancia que además de otorgarle a Bogotá una posición hegemónica dentro del entorno nacional, la convertía en un claro reflejo” de lo que era Colombia pues, a su juicio, “las carencias urbanísticas” que exteriorizaba el damero citadino “eran la prueba fehaciente de las falencias” que tenía el país (Suárez Mayorga, 2015, p. 219).
9 Sobre el Concejo bogotano para el período 1910-1950 véase Suárez Mayorga (2006). Municipalidad, Cabildo y Concejo o Consejo Municipal son sinónimos utilizados en la Regeneración para hacer referencia a la “corporación popular” creada por la Constitución de 1886 para “ordenar lo conveniente” a la localidad (República de Colombia, 1911, p. 59). Hay que anotar que el término Concejo se encuentra escrito con c y con s en las fuentes consultadas.Téngase en cuenta que en este libro la palabra localidad hace referencia a lo que en la mencionada carta magna se denominó, indistintamente, el municipio o el Distrito municipal. No debe confundirse, por lo tanto, con la organización en localidades que actualmente rige en Bogotá.
10 Las palabras inscritas en los signos [] no pertenecen al texto original, pero se utilizan para darle coherencia a la redacción de la cita; este mismo procedimiento se utilizará a lo largo del escrito. De igual forma, se utilizará para anotar la actualización ortotipográfica de los números y cantidades tomados de documentos originales, que, por su carácter variado, no aparecen bajo el mismo criterio en sus presentaciones.
11 Se utiliza el término distrital en alusión al Distrito municipal establecido en la Constitución de 1886.
¿Cuál es la composición social de las ciudades victorianas y de los concejos municipales? ¿Cómo eran el prestigio social y el poder económico reflejados en la acción política? ¿Hasta qué punto los cambios en la estructura social y las fluctuaciones de ingreso y empleo determinaron las líneas principales de la política ciudadana? ¿Cuáles fueron las relaciones entre los grupos “establecidos” y nuevos en la vida local? ¿Hasta dónde la creación de maquinaria continuada para la administración municipal cambió el carácter de la dirigencia local? Todas estas cuestiones pueden ser respondidas sólo en el contexto de la vida de ciudades particulares. (Briggs citado por Almandoz, 2008, p. 75)1
Hay que comenzar este escrito explicando bajo qué parámetros se concibe la conformación del Estado. La historiografía producida en torno a dicha temática para entender la esfera colombiana se ha caracterizado por partir de un sustrato común: la teoría de Max Weber, según la cual el Estado es entendido como “una comunidad humana que se arroga (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado” (Bolívar, 1999, p. 12).
Lejos de desconocer los reparos formulados por algunos investigadores en cuanto a que esta definición “es sólo uno de los modelos posibles de conformación” estatal, lo que se quiere remarcar es que quienes comulgan con el pensamiento weberiano coinciden en aceptar que “el monopolio de la violencia” se encuentra indefectiblemente “atado a la configuración del Estado” (Bolívar, 1999, p. 12).2
La manera de acercarse al problema desde “la sociología, la ciencia política, y en menor medida, la historia, ha sido el método comparativo”, pues se considera que es el modo más idóneo de hallar “regularidades y patrones mucho más generales” (Forero Hidalgo, 2009, p. 232). Los análisis realizados para Colombia haciendo uso de la comparación señalan de modo ostensible el peso que tiene en ellos la obra de Charles Tilly, Barrington Moore y Michael Mann, cuyos textos son de citación obligatoria. No obstante, más allá de si la argumentación gira alrededor de preguntase por el “proceso de construcción del orden a partir del conflicto” (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 15) o “de qué manera y hasta qué punto la organización denominada ‘Estado’ logra controlar los principales medios de coerción dentro de un territorio definido” (López-Alves, 2003, p. 24), lo cierto es que la guerra está en el centro de las disquisiciones.
Tal situación es, en efecto, la que explica por qué el contexto colombiano encarna un escenario inmejorable para poner a prueba dichos planteos; sin embargo, el hecho de reducir la explicación al fenómeno de la violencia, entendido como la capacidad o incapacidad del Estado para concentrar “de forma legítima el monopolio del poder de la coacción” (Forero Hidalgo, 2009, p. 232), ha fomentado que en el medio nacional no se tomen en consideración, o que se rechacen de plano, investigaciones realizadas desde otras perspectivas que son ciertamente pertinentes para comprender lo acaecido en el país.
En consonancia con lo que algunos años atrás sugirió Ingrid Bolívar (2010), acabar con este reduccionismo académico es esencial para poder replantear tesis historiográficas que continúan vigentes en la esfera nacional. La solución reside entonces en empezar a cuestionarse de qué manera “el conocimiento producido sobre el Estado” en virtud de este enfoque “tiende a ‘colonizar’, ignorar y/o despreciar experiencias políticas locales y regionales” (p. 94) que son cruciales para vislumbrar el proceso de configuración estatal en suelo patrio.
Un inconveniente que se denota al respecto es que ese universo comparativo recurrentemente está cimentado en un saber relativo a cada uno de los casos examinados. La propensión a centrar la atención en aquellos elementos que son cardinales para refutar o validar el referente teórico ocasiona que se recurra a las generalidades. La obsesión por definir las variables comparativas idóneas en función de un corpus teórico determinado suscita que los investigadores se olviden de que toda teorización es inútil si la interpretación dada no es consecuente con la realidad histórica.
Testimonio de lo anterior es el libro de Fernando López-Alves (2003) en el que las periodizaciones empleadas para abordar el ámbito colombiano omiten acaecimientos trascendentales para entender los principios sobre los cuales se erigió el Estado que forjó el movimiento regenerador. En tal dirección, afirmar que el mandato de Rafael Reyes va de 1904 hasta 1910 no solo supone eliminar la presidencia de Ramón González Valencia (1909-1910), sino, sobre todo, desconocer la relevancia que este último
