es muy difícil evitar esa imagen si el fiscal general de la nación, quien detenta el máximo poder punitivo, divulga en rueda de prensa que los magistrados de la Corte son víctimas de espionaje ilegal e informa en el mismo evento, pero de refilón, que al menos uno de ellos también es víctima de hechicería. Si en verdad eso ocurre, como sugiere el fiscal, la hechicería, en la modalidad de magia negra, puesto que en este caso se trata de una práctica maliciosa, sería un complemento a la sofisticada técnica de las chuzadas telefónicas o una estrategia para disimularlas.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación judicial se sospecha —y la suspicacia es la virtud artesanal de nuestros fiscales más políticos que investigadores— que la mencionada práctica brujeril que tiene por objetivo a uno de los jueces supremos, se ordena desde la celda de un presidiario rico o desde la oficina secreta de un conspirador oficioso, y se olisquea además que para el efecto se utiliza el más común de los hechizos, que consiste en chuzar con agujas un muñequito de trapo que simula a una persona a la que se le quiere hacer daño o de la que se quiere engatusar su voluntad, porque aunque no podrían descartarse, parecen más difíciles de practicar sobre un magistrado el aojo o el enyerbamiento con bebedizos. Y haciendo gala de la misma deductividad enfebrecida a que nos tiene habituados el máximo detective de la nación para inducir sospechas en la opinión, podría uno inferir a su vez que en esos subterráneos del poder delincuencial y político no se está chuzando uno sino seis muñequitos y tres muñequitas que representan a todos los miembros de la Corte.
Sin duda hay una gran diferencia entre la rudimentaria aunque ancestral técnica de chuzar muñecos para enloquecer o zombificar a las personas sometiendo su voluntad y su razón, y la sofisticada técnica de instalar un software espía en un teléfono para monitorear llamadas, mensajes de texto, redes sociales, o para rastrear su ubicación con el fin de chantajear y dominar a las personas. Y hay, por supuesto, diferencias en la verificación de la eficiencia de ambas técnicas, que se mediría, en un caso, por la capacidad de interferir en las sentencias de la Corte chuzando muñecos con toga y, en el otro, chuzando directamente los teléfonos de los magistrados de carne, hueso y toga.
Por eso resulta extraño que un hombre que tiene excelsa formación jurídica positivista, que actúa públicamente con un radical pragmatismo y que es fiscal de un Estado jurídicamente moderno y además laico, deje la impresión de que se puede homologar la hechicería como un tipo penal. Y por eso cabe la sospecha de que ese suspicaz descache no se presenta como indicio para abrir una investigación judicial, sino que se lanza al medio ambiente político como un expediente para inducir opinión. Sabe bien el fiscal, hombre de leyes y sagaz político, que insinuar brujería en las decisiones de la Corte puede ser inocuo jurídicamente, pero no lo es políticamente. Ni bobo que fuera.
Si el actual fiscal Néstor Humberto Martínez Neira (nhmn) solo fuera el hijo de don Humberto Martínez Salcedo, benemérito libretista, humorista y comediante de muy refinado, inteligente y aguzado sarcasmo, podría entenderse que la alusión a la hechicería es un chascarrillo, muy cachacón él, que le viene del maestro Salustiano Tapias, el personaje inolvidable que su padre representara con cuidadosa maestría en la famosa comedia Don Chinche. Pero no. El fiscal tiene otra biografía que envidiaría José Fouché y de la cual da fe una larga y exitosa carrera de abogado y de político en la que se ha movilizado sin aduana entre los intereses públicos y privados, con habilidad de volatinero e insaciable ambición todavía insatisfecha. Por eso, conociéndolo como lo conocemos, esa alusión a la hechicería para interferir sentencias jurídicas, sin más explicaciones y soltadita con calculada socarronería, es un caminillo para embolatar la atención del público e inducir al descrédito de la Corte uniéndose al coro de los que por temor la insultan cuando no logran ajustarla a sus prontuarios y propósitos.
Porque de paso, y haciendo gracias que no van con su adustez y aspereza, nhmn abre el espacio para desacreditar a la Corte Constitucional ante una opinión siempre más dada a la magia que a la razón induciendo la idea de que si es desafecta con sus amigotes nacionales y transnacionales es porque los magistrados están hechizados, aojados, enyerbados o embarbascados y no merecen ninguna credibilidad ni visa para Disney World.
No me cabe duda de que algo anda muy mal en la seguridad jurídica si hay más de doscientos funcionarios de la rama judicial sindicados o presos por corrupción. Como tampoco me cabe duda de que esta coral de descrédito dirigida hipócritamente por miembros del gobierno y del partido gobernante va más allá de estos nefandos episodios de corrupción a los que ellos han contribuido; y va más allá porque se pretende subvertir la supremacía constitucional y su mecanismo de cierre jurídico para que el gobierno de turno y su mayoría hagan y cambien leyes sin ningún control, poniendo en máximo riesgo al Estado de derecho, del cual la Corte Constitucional es guardiana, más allá de los magistrados que la conformen actualmente y de los muñecos que se chucen en las cárceles de alta seguridad y confort y en las oficinas oficiosas. Y, en fin, tampoco me cabe duda de que el actual gobierno norteamericano, durante los desayunos americanos del embajador con miembros del gobierno colombiano, hace mella del descrédito de nuestra Corte socavando la soberanía jurídica nacional.
Y qué poco honor les hacen a la dignidad de esa soberanía y a la majestad de nuestro Estado de derecho nacional quienes lloran por un papel, que eso es una visa, o añoran el soso mantel de la embajada gringa, siendo el mundo tan ancho y habiendo tantos y mejores restaurantes para desayunar.
p.d. ¿Será que si a uno le quitan la visa para usa, no puede leer literatura gringa o escuchar jazz?
Portal web Universidad de Antioquia, Medellín, mayo 13 del 2019
La Corte o la calle
Tan vehemente como detallada y legítima fue la explicación que hizo el senador Álvaro Uribe Vélez sobre su actual insuceso jurídico. Su representatividad política se lo exigía como deber con sus votantes. La coherencia lógica de sus argumentos y el detalle de sus explicaciones se demuestran muy profesionalmente elaboradas y un buen suplemento para el discurso político que busca hacer del asunto causa política favorable.
Lo que no me parece correcto es el coro que desafía con sacar a la calle su asunto judicial, como no me gustó que se retara con devolver al monte el de Santrich; en estas amenazas se presume que la vox populi o el armato populo tiene más valor que la decisión judicial porque se trataría de personas suprahistóricas o demasiado humanas.
El derecho tiene protocolos muy rígidos para aceptar o rechazar como pruebas judiciales los testimonios, la fama o la infamia. La vieja práctica de los “memoriales” de agravios y desagravios ya no se acepta en los procesos y la buena o mala fama de un personaje ya no forma parte del expediente so pena de prejuicio o de perjurio. Los hechos jurídicos son diferentes de los hechos. En lenguaje común tendría sentido decir que el protocolo judicial deshumaniza al reo porque lo abstrae de múltiples circunstancias “que no son del caso” porque no tienen importancia para el proceso jurídico aunque la tengan en grado sumo para su historia personal y la de sus querientes. Es por eso que se representa ciega a la justicia y que se asume como costo de su imparcialidad esta especie de ceguera sin la cual no sería eficiente ni eficaz. Y si la Corte no actúa en consecuencia con ese principio, mucho más en un caso como este, tan sensible para una sociedad crispada y nerviosa, no sería tribunal judicial sino Corte de áulicos, de difamadores, o un corrillo de chismosos. Avisada debe estar la Corte Suprema de Justicia de que todos sus miembros, como aquellos a quienes decide juzgar, son solo “sujetos jurídicos”.
Yo presumo la inocencia jurídica del ciudadano Uribe Vélez por la simple razón, también jurídica, de que aún no ha sido vencido en juicio, aunque la inexistencia de pruebas no sea prueba de su inexistencia; es decir, lo presumo inocente jurídicamente ante la justicia colombiana por razones muy distintas de quienes ya lo condenaron o lo absolvieron. Y por la misma razón
