La COVID-19 y los cambios en la integración latinoamericana y europea. Viviana García Pinzón

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se convirtió en el cuarto nuevo epicentro del avance de la pandemia desde finales de mayo de 2020, después de Estados Unidos, Europa y Asia. Suramérica fue particularmente la región más afectada por la propagación del virus, según la Organización Mundial de la Salud (oms) y el monitoreo estadístico de la Universidad Johns Hopkins2 (figura 1). Cuatro países suramericanos más México están en el ranking de los diez países del mundo con mayor número de casos confirmados (figura 2), contexto en el que se destaca Brasil, donde la propagación del virus ha mantenido un ritmo de crecimiento, hasta ser el segundo país del mundo con mayor número de personas fallecidas (152 000), y el tercero en número de contagios, con más de 5 millones.

      Figura 1. Panorama de muertes por la pandemia en las regiones

Figura 1.

      Nota: tomado de bbc (2020).

      Figura 2. Ranking de países con más casos de covid-19 a nivel mundial

Figura 2.

      Nota: elaboración propia con base en los reportes de la Universidad Johns Hopkins, con corte de 15 de octubre del 2020.

      En términos de impactos y cálculos socioeconómicos, el panorama es muy preocupante: antes de la pandemia, alc mostraba muy bajo crecimiento económico (el crecimiento en el periodo 2014-2019 fue del 0,4 %), tenía un margen de maniobra limitado de política fiscal, evidenciaba deterioro de indicadores sociales y seguía siendo la región más desigual del mundo, con un índice de Gini de 04,6 para el 2019. En el contexto de la pandemia, se plantean estimaciones muy críticas, ya que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que “la tasa de pobreza aumentaría del 30,3 % al 34,7 %, lo que significa un incremento de 28,7 millones de personas bajo línea de pobreza; la pobreza extrema pasaría del 11,0 % al 13,5 %, lo que representa un incremento de 16 millones de personas” (2020, p. 16).

      Además, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas (onu, 2020) sobre el impacto de la covid-19 en alc, se prevé el incremento de población en situación de inseguridad alimentaria de 11,7 millones a 16 millones al finalizar el 2020. El mismo informe señala que, al ser clasificados como economías de renta media, muchos países de la región se enfrentan a restricciones de acceso a financiamiento preferencial y reestructuración de deuda, exenciones comerciales y asistencia de tipo humanitario, lo cual los pone en desventaja para la canalización de flujos de cooperación internacional.

      Respuesta a la pandemia desde alc: la dimensión nacional se impone al enfoque regional

      La reacción a los impactos y la expansión del virus desde alc ha estado marcada por un claro enfoque estatal sustentado en un discurso soberanista y nacionalista, desde la lógica de “mi país primero” y el principio de autoayuda (self-help) del paradigma realista de relaciones internacionales (Barbe, 2020). Esta respuesta estadocéntrica a la covid-19 no ha sido exclusiva de alc, pero sí es donde se ha sentido y prolongado con más fuerza en comparación con otras regiones, en buena medida por la creciente desinstitucionalización o parálisis de los esquemas regionales de cooperación e integración. El escenario pandémico ha incrementado la sensación de inseguridad para los ciudadanos de la región, por lo cual la narrativa anticovid defendida desde el discurso bélico de “guerra contra el virus” (Villarreal y Castells-Quintana, 2020) ha legitimado medidas gubernamentales que solo se toman en situaciones bélicas, tales como el cierre de fronteras, decretar estados de alarma y restringir la movilidad ciudadana. Esta mirada de la pandemia favorece el retorno del Estado y el nacionalismo sanitario, pero va en detrimento de lógicas de acción regional, al afectar la capacidad de respuesta coordinada de los países.

      Si bien la respuesta nacional es la primera línea de defensa contra amenazas como la pandemia, y el papel del Estado es clave por sus capacidades en términos de medidas sanitarias, control territorial y planes de apoyo económico, la dimensión nacional ha resultado insuficiente para enfrentar los efectos de la pandemia, generando un divorcio errático con los niveles de acción regional y global, como señala Barbe (2020):

      La paradoja es que el rearme de la soberanía nacional se da justamente frente a una pandemia que afecta a un bien público global, la salud, que, por definición, no conoce de fronteras estatales. La incorporación del acceso a la salud y al bienestar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se asienta en su carácter de Derecho Humano y Bien Público Global, un bien que no excluye a nadie y que no genera rivalidades. Desgraciadamente, la actitud de empoderamiento nacional frente a los problemas globales está ahí. (p. 26)

      La respuesta nacional se ha impuesto a la respuesta regional y en la región ha sido clara la ausencia de coordinación regional y el débil papel de la acción multilateral para enfrentar la pandemia. Esto, a su vez, ha generado la carencia de respuestas estatales con criterios compartidos y rutas de acción de convergencia regional. Los Gobiernos de la región han respondido al virus desde posturas de políticas de puertas adentro, hasta posiciones inicialmente negacionistas y cuestionadoras de la amenaza (como los casos de los mandatarios de Brasil y México). Este panorama pone en evidencia dos lógicas: 1) la insatisfactoria acción multilateral y 2) la crisis de liderazgo político en la región (Ríos, 2020; Villarreal y Castells-Quintana, 2020). Como enfatiza Riggirozzi (2020):

      A diferencia de la década pasada, la pandemia del coronavirus se extiende en una región donde el distanciamiento político entre sus países y la falta de liderazgo limitan la posibilidad de alcanzar políticas concertadas en términos de gobernanza regional sanitaria. Esta situación es problemática, entre otras cosas, porque la crisis de salud global, desatada a raíz de la expansión y rápida propagación del coronavirus, genera una amenaza hacia una región que tendrá consecuencias, no solo en términos de morbilidad, mortalidad e impacto en los sistemas de salud, sino también en la actividad económica y en la movilidad de la población, todo lo cual requeriría respuestas en múltiples niveles de gobernanza. (p. 2)

      Los casos de Brasil y México llaman la atención, ya que siendo las potencias regionales históricas de la región, y los dos países con mayor población de la región (325 millones de personas entre los dos

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