la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.
En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC1. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.
El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»2.
Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo3. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia4. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados y negó los pagos: «Es la forma de ser de Paco. Él dice que sí a todo y al final no lo hace».
Los corruptores no escatimaban para tener bien atendidas las braguetas de los corrompidos. Un directivo de Cofely —la empresa que supuestamente amañaba los contratos de eficiencia energética de los edificios municipales— fue grabado mientras proponía a un tercero invitar a «un sitio con masajes relajantes», llamado Sensuality Wellness, a un exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, alcalde que le había adjudicado un contrato para la gestión del alumbrado exterior del municipio durante quince años. «El alcalde es un descojone, es del PP. Y si luego le dices que le llevas al sitio ese de masajes, se sube por las paredes», se escucha en la conversación. No consta que el regidor —que mostraba en sus redes sociales una feliz vida familiar— aceptara la propuesta.
En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls5.
CAPÍTULO 5
PACTO DE SILENCIO ALREDEDOR
DE UNA TARJETA BLACK
Mientras la corrupción se iba adueñando de todo en Madrid, los medios de comunicación miraban para otro lado. Entre otras razones, por la ingente publicidad institucional que recibieron de la Comunidad durante esos años. Según los datos que manejaba el PSOE, solo en 2007 el Gobierno autonómico gastó noventa millones de euros en publicidad, el triple de lo destinado a las ayudas a la vivienda1. Telemadrid se convirtió en el aparato más eficaz de propaganda del Ejecutivo, aunque, a medida que incrementaba la manipulación informativa, se iban despeñando sus índices de audiencia. En agosto de 2012, Esperanza Aguirre fue a visitar los trabajos de extinción de un incendio en el municipio de Valdemaqueda y se topó con un cámara y con una redactora de la cadena: «¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?»2, les espetó visiblemente enfadada. Su jefe de prensa, que contemplaba la bronca, no sabía dónde meterse. Unos meses después, la televisión anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que fueron despedidos 861 trabajadores, muchos de ellos remisos a colaborar con la estrategia informativa de la dirección del ente. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el ERE no era «ajustado a derecho», al entender que la situación económica de la cadena no justificaba el volumen de despidos. Cerca de sesenta trabajadores fueron readmitidos, pero el resto tuvo que conformarse con la indemnización que les correspondía por haber sido despedidos de forma improcedente.
En esa situación de corrupción generalizada, todo el mundo parecía mirar para otro lado. ¿Por qué la oposición no denunciaba los desmanes evidentes con más fuerza? ¿Por qué los medios de comunicación no cumplían con su función de informar al ciudadano y controlar al poder político? En muchas ocasiones, me pareció que existía un pacto
