se solventaban los problemillas internos y se denunciaban las agresiones del malvado Gobierno central, la corrupción iba incrementando el poder y el patrimonio de los dos delfines de Aguirre: González y Granados. Vicepresidente regional y responsable electoral el primero, y consejero de Obras Públicas y secretario general del PP madrileño el otro. Pero entonces, su presunto enriquecimiento ilícito solo se intuía.
Casi todas las adjudicaciones pasaban por sus manos. Las siete piezas que componen el sumario del caso Lezo ponen de relieve los manejos de Ignacio González, el lugarteniente más cercano a Aguirre, que se quedó al frente de la Comunidad en septiembre de 2012 cuando aquella dimitió por «razones personales». La expresidenta definió a González como la persona «con más experiencia y mejor dotada» con la que había trabajado, un colaborador «enormemente trabajador» y «con un gran conocimiento de la Administración»3. Cinco años más tarde, tras comparecer como testigo del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, los periodistas de tribunales contemplamos con estupefacción cómo Aguirre llegaba prácticamente a las lágrimas al hablar de su delfín, quien había sido detenido unos días antes. «Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada por el calvario que está pasando y que le queda por pasar, porque la Justicia en España es muy lenta», dijo. Acto seguido, salió de la Audiencia, esquivó como pudo los gritos que le lanzaban una veintena de «preferentistas» de Caja Madrid que protestaban a la puerta, y se montó en un coche que escapó derrapando. La guinda del colosal follón la pusieron cuatro figurantes disfrazados de ranas que bailaban al son de la canción «Comerranas» de Seguridad Social, enviados por el programa de televisión El Intermedio4.
En el caso Lezo, la pieza principal se centra en la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II —el cortijo en el que hacía y deshacía González—. La operación se desarrolló entre 2012 y 2014, y tuvo un presupuesto de 27 millones de euros. La investigación destapó un supuesto sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones, y un reparto de comisiones de 5,4 millones del que, además del político madrileño, se habrían beneficiado presuntamente su amigo y testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. En otra pieza, en la que llegó a estar imputado el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, se investigó la adquisición de la empresa colombiana Inassa, aunque el juez acabó archivando las actuaciones contra González al no encontrar indicios de delito.
El juez Manuel García-Castellón abrió otra causa para saber si González cobró 1,4 millones de euros a través de una cuenta en Suiza a cambio de la adjudicación a la constructora OHL del tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, obra que nunca se llegó a realizar. E igualmente resultó sospechosa la modificación del proyecto del Tercer Depósito del Canal en Chamberí, que reconvirtió unos terrenos que se iban a destinar inicialmente a un parque en un campo de golf urbano. El cambio de uso benefició presuntamente a un hermano del vicepresidente regional y a su cuñado. También se investigaron irregularidades en la empresa pública Mercasa por blanqueo de capitales, e incluso en el concurso de adjudicación de los videomarcadores del Palacio de los Deportes5. Pero la lista de supuestos chanchullos del número dos de Esperanza Aguirre no acaba ahí: un juzgado de Estepona (Málaga) le investigó por la sospechosa adquisición de un ático dúplex de lujo que había sido propiedad de una empresa establecida en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. La causa se enredó durante años en comisiones rogatorias y traducciones fallidas y se acabó archivando. González, hombre de trato áspero y especializado en la intriga, se defendió siempre de las acusaciones con suficiencia. En 2007, ante una pregunta parlamentaria sobre la legalidad del proyecto del Canal, atribuyó la contratación a los servicios técnicos de la empresa y sugirió que, si «alguien» consideraba que «alguna actuación administrativa» pudiera ser «delictiva» y poseía «pruebas», lo denunciara ante la Justicia. Ese día acabó llegando.
El sumario del caso Púnica también destapó a qué se dedicaba Francisco Granados en aquellos años en los que inauguraba estaciones de Metro, comía con empresarios e invitaba a los periodistas a las fiestas de Valdemoro. Granados dirigía supuestamente una organización delictiva que había amañado contratos por valor de más de 250 millones de euros para adjudicar suelo a empresarios amigos, para que construyeran viviendas y colegios concertados. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos que le impuso la Audiencia Nacional a causa de un chivatazo sobre la investigación que un guardia civil que participaba en las pesquisas6 le había dado a Granados. Las doce piezas que tiene este sumario se centraron en los contratos, el amaño de concursos y las adjudicaciones supuestamente irregulares de parcelas en Valdemoro, en otros municipios madrileños, en la Diputación de León y en la Región de Murcia. Con la llegada de la crisis de 2008, los chanchullos habituales tuvieron que reconvertirse en otros negocios y los cerebros de la trama Púnica alumbraron la feliz idea de trucar la adjudicación de programas de eficiencia energética para los edificios municipales7. De una pieza desgajada de la Púnica y otra de la Lezo, a su vez, surgió un procedimiento sobre la financiación supuestamente irregular del PP de Esperanza Aguirre.
Granados, hijo de agricultor y un político hecho a sí mismo, comparte con su antigua jefa la chulería madrileña de quien se cree más listo que los demás. Siempre ha defendido su inocencia, a pesar de que la Guardia Civil localizó una cuenta en Suiza en la que ocultó 1,6 millones de euros, cuenta que había abierto dieciséis días antes de ser proclamado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, en 1999. Su patrimonio también incluye una casa en construcción en este municipio del sur de Madrid que figuraba a nombre de un empresario. En la vivienda de sus sueños, que se estaba construyendo cuando fue detenido, tenía previsto instalar suelos de mármol y una gran cascada de agua que cruzaría el jardín. La Audiencia Nacional también le adjudica una finca en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas, con caballerizas, piscina y un embalse. Un informe sobre la investigación patrimonial aportado al caso en 2021 señaló que Granados mantuvo cuentas abiertas en Suiza entre 2000 y 2006, y que parte de ese capital se transfirió a su entonces socio, David Marjaliza, acabando en Singapur a nombre de terceros8.
En los primeros interrogatorios de la causa, el juez instructor Eloy Velasco se afanó en esclarecer si una de las prebendas que el político había recibido era un caballo blanco, trasladado a su finca en Ávila. Muchos testigos que comparecieron aseguraron haber oído hablar de ese regalo, pero nadie lo vio en realidad. El unicornio de la corrupción en España es el caballo blanco de Granados. A su suegro, Juan Alarcón Domenech, le encontraron en 2015 un millón de euros en un maletín, oculto en el altillo de su dormitorio. La explicación que le dio al juez Velasco merece la medalla de oro en el ranking de excusas para idiotas de la historia judicial española: «En mi vida lo había visto», atestiguó. Asombrado, y con toda la sorna con la que pudo acompañar la pregunta, el magistrado añadió: «¿Cómo es posible que un maletín con un millón de euros, que no tiene patas, llegase hasta el altillo de su armario?». «No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente, gente del Ikea y fontaneros…», esbozó el suegro, dubitativo. La defensa de Granados argumenta que, cuando se abrió la investigación, en 2014, se le acusó de haberse apropiado de más de 700 millones de euros y que, sin embargo, los últimos informes aportados a la causa se refieren a «cantidades irrisorias» que, según su versión, siempre han formado parte de su patrimonio personal.
El caso Púnica se conoce en buena medida por la colaboración con la Justicia del empresario de la construcción David Marjaliza, amigo de Granados desde la adolescencia, compañero en Nuevas Generaciones de Valdemoro y principal beneficiario de las adjudicaciones de suelo que, presuntamente, les hicieron millonarios a ambos. En una frase que le trasladó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, Marjaliza resumió a la perfección en qué consistió la burbuja inmobiliaria en España: «Pasamos de cultivar patatas a cultivar ladrillos»9. Le entrevisto un viernes por la tarde y le pillo atareado en una de sus empresas, dedicada a la intermediación y promoción de vivienda, sector en el que lleva trabajando desde los dieciocho
