No lo sé, no recuerdo, no me consta. Alfonso Pérez Medina
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El sumario del caso Púnica también revela que el contratista José Luis Huerta, que supuestamente hinchaba hasta en un 50 % los contratos que hacía con los ayuntamientos del PP, pagaba de su bolsillo, a cambio, fiestas privadas para Granados y sus amigos. Las fiscales Anticorrupción sospechan de al menos dos celebraciones, entre ellas un cumpleaños del político madrileño en su casa de Valdemoro que contó con catering, equipo de luces y sonido y la actuación de un grupo musical llamado Los Hobbies, que hacían versiones de canciones de los sesenta, setenta y ochenta. La factura, que no consta que Granados pagara, superó los 7.000 euros. En el sentido inverso, las adjudicaciones se hacían a dedo. Los concursos públicos eran una pantomima, pues se organizaban para dar apariencia de legalidad. Buena prueba de ello es una conversación intervenida al ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal de Hacienda José Javier Hernández, donde el político garantizaba a Marjaliza que un contrato en lid iba a ser para alguna de sus empresas. El diálogo entre ambos lo comienza el concejal:
—¡Va a ser la empresa que este señor traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se llame! ¡Qué pinta él, qué no pintan! ¡Van a ser los adjudicatarios y no va a ser otro! En el documento que hagamos voy a poner: «La empresa tal, con representación de tal, se va a presentar». Le he dejado muy claro que el único adjudicatario de esa parcela va a ser esta gente. Me suda la polla cómo se llame el que la compre, la empresa, su puta madre, que tendrá que cumplir con todos los requisitos que saquen en el pliego. Y los únicos que van a poder comprar esa parcela, o no se venderá jamás, serán ellos. La empresa va a ser esta, con este CIF y con este no sé qué, y yo soy el barrendero. La empresa Pepito Jiménez, con CIF no sé qué y domicilio en no sé cuánto. ¡Y ya está y se acabó el problema!
—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!
—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario de la parcela tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social y presentar el correspondiente aval.
—Sí, claro, todas las cosas legales.
—Y al día siguiente, la empresa le está soltando el millón de pavos al Ayuntamiento. Es lo que me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré cuando esté en el concurso.
La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».
Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:
—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.
—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?
—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?
—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.
—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.
—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?
—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.
Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica13 consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».
En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras