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[25] Sobre lavado de dinero y campañas electorales, véanse Casas-Zamora (2013), Ferreira Rubio (2013), González (2013). En la Argentina, la investigación confirma que los vínculos ilícitos se extienden mucho más allá de los agentes de seguridad de bajo rango. En su comparación entre regulación policial del narcotráfico en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por ejemplo, el politólogo Hernán Flom señala: “Numerosos entrevistados no conectados entre sí y fuentes secundarias reportaron extendida corrupción policial vinculada al tráfico de drogas y otras actividades delictivas organizadas en varios barrios del Gran Buenos Aires (GBA). Si bien no hay evidencia de participación policial directa en los manejos de protección extorsiva, es dudoso que pudieran haber persistido sin conocimiento o protección policial” (Flom, 2018: 12). Sobre evidencia adicional de conexiones clandestinas entre políticos, funcionarios del Estado y jueces en la Argentina, véase Sain (2017). Más allá de la Argentina, abundante evidencia confirma el largo alcance de estos vínculos. Basado en un exhaustivo análisis de testimonios de testigos en tres juicios realizados en los Estados Unidos, un informe de la Human Rights Clinic (2017: 3, 6) en la Universidad de Texas en Austin devela un patrón de “complicidad, tolerancia, aquiescencia y/o cooperación estatal con el cartel Zeta” en el estado mexicano de Coahuila, el cual no solo involucraba a policías municipales y estatales de bajo rango sino también a “altos jefes de policía, fiscales estatales y federales, prisiones estatales, sectores de la Policía Federal y el ejército mexicano y políticos estatales”.
[26] Sobre descripciones detalladas, véanse CELS (2016), Sain (2004, 2008), Dewey (2012a, 2012b, 2015); también Ossona (2017).
[27] Sobre una descripción de los miembros del Poder Judicial involucrados en redes de narcotráfico, véase CELS (2016). Sobre un informe acerca de políticos involucrados en casos de narcotráfico, véase Di Lodovico (2016b). Uno de los casos más notorios es el del juez Raúl Reynoso, imputado por cobrar generosos sobornos (más de 350.000 dólares) para liberar rutas de la acción policial de modo que los traficantes pudieran trasladar sus productos y para liberar a los narcos atrapados por la policía, sin cargos. Véase “Procesan a un juez federal acusado de cobrar coimas para liberar a narcos”, Clarín, 12/1/2015, disponible en <www.clarin.com/policiales/procesan-federal-acusado-liberar-narcos_0_4yk4IDIVg.html>. Véase también Saralegui (2017).
[28] Sobre una descripción de incendios intencionales generados desde el ámbito político, véase Auyero (2012). Sobre saqueo de alimentos, véase Auyero (2007).
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