organizar el desarrollo económico y proteger a los ciudadanos (King y Le Gales, 2012: 108).
El Estado también tiene una dimensión simbólica, en la que la producción de creencia en el Estado y su autoridad (léase legitimación y reconocimiento) ocupa el centro de la escena. Comprender esta dimensión es clave para entender las ideas que los desposeídos tienen de las fuerzas policiales y sus sentimientos de que han sido traicionados por parte de los miembros del aparato de seguridad.[14]
La mayoría de los estudiosos del Estado moderno no incluirían la coherencia entre las características que lo definen (Blanco y otros, 2014; Marwell, 2016; Morgan y Orloff, 2017). Según Bob Jessop, por ejemplo, el Estado es un “ensamblaje polivalente y polimorfo” en el que varios “proyectos de Estado” compiten entre sí (2016: 26). La ambivalencia respecto de la ley es un rasgo característico, de acuerdo con este autor, de todo Estado moderno:
Muchos Estados infringen habitualmente su propia legalidad –ya sea de manera abierta o bajo el manto del secreto oficial, y tanto en asuntos domésticos como foráneos– apoyándose en una mezcla de terror, fuerza, fraude y corrupción para ejercer el poder (Jessop, 2016: 28).
Para Pierre Bourdieu (2015), por mencionar otro ejemplo, el Estado es un campo, un terreno donde una pluralidad de agentes, grupos e instituciones están en lucha constante. En otras palabras, las tensiones y las contradicciones le son pertinentes. Y aunque actores contendientes provistos con diferentes recursos y “fuerzas inusuales” persigan diversas y a veces conflictivas agendas, todos comparten una orientación general (2015: 32). En este campo, la acción se “orienta mayormente a imponer la voluntad del Estado sobre el conjunto de la sociedad” (Steinmetz, 2014: 5).
La mayoría de los expertos en el tema quizá dirían que nuestro postulado sobre la ambivalencia del Estado es tautológico. Casi con seguridad argumentarían que los Estados siempre son ambivalentes. Estamos de acuerdo. Lo que intentaremos demostrar es que los agentes estatales simultáneamente hacen cumplir y violan la ley en el mismo espacio marginalizado y entre las mismas personas relegadas. En este libro aportamos evidencia empírica de una instancia de ambivalencia específica en las zonas más bajas del espacio social y geográfico. El Estado puede ser siempre ambivalente, pero la ambivalencia específica que vamos a develar –mediante un análisis detallado de los recursos, prácticas y procesos que vinculan a agentes estatales y narcotraficantes– modela la violencia interpersonal y produce una casi generalizada desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.
Más aún: la acción y la intervención del Estado no están aisladas de otras instituciones. Como bien explica Jessop:
Cómo y hasta dónde se actualizan los poderes del Estado (y todas las responsabilidades, vulnerabilidades e incapacidades asociadas) depende de la acción, reacción e interacción de fuerzas sociales específicas localizadas dentro y fuera del Estado (Jessop, 2016: 57).
Aunque Jessop no pensaba en vínculos ilícitos, su afirmación de todos modos resulta válida: las conexiones clandestinas alejan a los actores estatales de su obligación de “imponer la voluntad del Estado” (como argumenta Steinmetz, 2014: 5) y los encaminan en una dirección diferente e ilícita. Como intentaremos demostrar, las fuerzas de seguridad estatales involucradas en relaciones colusivas abdican de la obligación de imponer la voluntad del Estado sobre otros y en cambio intentan imponer su propia voluntad en beneficio propio. Para hacerlo, utilizan el poder que les otorga el hecho de pertenecer al aparato estatal.
La evidencia empírica que presentamos apunta a un Estado cuya presencia en los márgenes urbanos exhibe, como ya dijimos, dos rasgos coexistentes y en apariencia contradictorios: actuar a la vez como responsable del cumplimiento de la ley y como cómplice de actos delictivos.[15] Las fuerzas de seguridad patrullan las calles, realizan allanamientos repentinos y establecen puestos de control aleatorios. Los agentes policiales utilizan tácticas violentas de detención y cacheo, y emplean fuerza excesiva para llenar calabozos y prisiones. Estos no son, reiteramos, signos de un Estado ausente o débil.[16] Y a lo largo de este libro vamos a mostrar cómo ese mismo Estado participa en forma paralela en actividades criminales en una variedad de maneras ocultas. Esa participación tiene consecuencias importantes. Como advierte Cruz (2016: 377): “Aumenta las repercusiones del delito, reproduce la impunidad, convierte a las instituciones estatales en cómplices del crimen, y transforma los parámetros de legitimidad del régimen”.
Nos proponemos desarrollar nuestro argumento sobre la ambivalencia del Estado mostrando con meticulosidad (en vez de limitarnos a mencionar y teorizar) el funcionamiento interno de las relaciones colusivas. Para descifrar la colusión, Entre narcos y policías presenta –con el mayor detalle empírico posible– los intercambios de recursos materiales y simbólicos entre narcotraficantes y agentes estatales, como asimismo las prácticas y procesos relacionales que la constituyen. Argumentamos aquí que estas relaciones ilícitas ayudan a las organizaciones del narcotráfico a establecer un monopolio económico sobre un territorio que es central para su comercio ilegal. También demostramos que las relaciones clandestinas entre policías y narcos:
1 configuran la violencia sistémica que a menudo acompaña al mercado de drogas ilegales y contribuye a la formación de lo que Janice Perlman (2010) denomina “caldo de cultivo de la violencia” en las áreas urbanas pobres,[17] y
2 modelan lo que los criminólogos denominan “cinismo legal”: la creencia compartida de que las fuerzas de seguridad “son ilegítimas e indolentes y no están capacitadas para garantizar la seguridad pública” (Kirk y Papachristos, 2011: 1191).[18]
Los pobres están convencidos de que, en lo atinente al narcotráfico y el control de la violencia relacionada con esa actividad, el Estado es inepto y tendencioso y participa en lo que llamaremos una desorganizada criminalidad organizada.
Uniéndose al “giro relacional” en las ciencias sociales, el sociólogo Matthew Desmond (2014) aboga por una “etnografía relacional” (Emirbayer, 1997; Mische, 2008; Tilly, 2002; Zelizer, 2012). Aduce que los etnógrafos deberían cambiar el foco sustantivo y analítico de su investigación –antes centrada en grupos humanos y lugares– hacia las relaciones, conflictos, fronteras y procesos.[19] En Entre narcos y policías desarrollamos una agenda de investigación que duró dos décadas y consistió en el escrutinio exhaustivo de las relaciones entre el Estado y los pobres urbanos (Auyero, 2000, 2007, 2013). Aunque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a intentar comprender cómo piensan, sienten y actúan –solos o en grupo– los vecinos, los policías y los narcotraficantes, nuestro objeto de análisis son las relaciones entre estos tres actores. Para ser más claros: pensemos en el aplauso. Nosotros no estudiamos las manos que se chocan al aplaudir, sino el sonido percusivo que producen –y que figurativamente subyace entre ellas–. Este libro no es un estudio de un barrio (Arquitecto Tucci), un grupo de personas (sus residentes) o una organización (la fuerza policial o las bandas de narcos), sino un estudio de las relaciones (a veces abiertas; otras, encubiertas) de conflicto o cooperación entre ellos, y de las experiencias y acciones resultantes.[20]
Es importante señalar que estas relaciones no existen en un vacío, y que son modeladas por contextos económicos y políticos particulares. Las fuerzas y estructuras económicas y políticas determinan –en el sentido de establecer límites y ejercer presiones, como diría Raymond Williams (1978)– los recursos que se intercambian, las prácticas en que participan los actores y los procesos que los vinculan. Las transformaciones en la actividad policial y el tráfico de drogas, que analizaremos en el capítulo 1, son particularmente importantes para comprender qué es lo que “constriñe, impele y define” (Salzinger y Gowan, 2018: 62) a la dinámica de la colusión.
Una nota sobre métodos: etnografía y análisis de procesos judiciales
Este proyecto es una continuación del estudio sobre violencia y pobreza urbana
