preliminar sobre el tema. Para escribir este libro revisamos el extenso trabajo de campo de aquel proyecto, realizamos más entrevistas en Arquitecto Tucci –enfocadas en particular en los vínculos entre consumo de drogas, tráfico, violencia e (in)acción policial– y estudiamos procesos judiciales que involucraron a miembros de organizaciones de narcotráfico y de las fuerzas de seguridad del Estado.
Etnografía revisitada y nuevos análisis
Entre abril de 2009 y agosto de 2012 –con las interrupciones de los recesos escolares de invierno y verano– María Fernanda Berti, una de las coautoras de La violencia en los márgenes, registró sus actividades como maestra de enseñanza primaria en un diario de campo. Esto incluía sus experiencias en el barrio donde trabajaba, combinadas con las anécdotas relatadas por sus alumnos, otros docentes y personal de la escuela, e información compartida por los padres. Siempre usaba seudónimos para identificar a las personas que estudiaba. Agustín Burbano de Lara se unió al proyecto como asistente de investigación en 2010 y 2011. Visitó Arquitecto Tucci dos o tres veces por semana durante seis meses y forjó una relación de confianza con los coordinadores de un comedor popular del barrio. A través de ellos pudo conocer a muchos otros vecinos: primero a los que visitaban el comedor y después a otros a través de estos. Las entrevistas que condujo Agustín tuvieron un carácter más informal que el intercambio unidireccional típico de los protocolos de investigación y fueron realizadas después de semanas, e incluso meses, de conocimiento mutuo.[21]
Para el actual proyecto, revisitamos la información producida durante aquel trabajo de campo. Esta tarea implicó recodificar notas de campo y entrevistas transcriptas con anterioridad. Pero esta vez nos focalizamos en las interacciones entre policías, narcotraficantes y vecinos. Específicamente, nos concentramos en las descripciones y evaluaciones de los moradores respecto de lo que ellos llamaban el “arreglo”: la relación ilícita entre policías y narcotraficantes. En este texto utilizamos el pronombre “nosotros” al describir este campo de trabajo etnográfico para subrayar que la información fue recolectada en equipo, no para referirnos a nuestra propia presencia.
Desde la publicación de La violencia en los márgenes, María Fernanda Berti continuó trabajando como docente en Arquitecto Tucci. En 2018 condujo catorce entrevistas adicionales con cinco dirigentes políticos, el sacerdote local y ocho vecinos. Estas nuevas entrevistas se focalizaron en las experiencias personales de los entrevistados con la colusión, la violencia y la adicción y en sus maneras de manejarse respecto de las operaciones de narcotráfico y los rumores de corrupción policial. Este trabajo de campo cualitativo y el material de las entrevistas no solo inspiraron el resto de nuestro estudio, sino que orientaron el análisis de la colusión y el cinismo legal, que desarrollamos en el capítulo 3.
Documentos legales y artículos periodísticos
El grueso de nuestra investigación de archivo se basó en una exhaustiva lectura de procesos judiciales (imputaciones y transcripciones de escuchas telefónicas) que involucraban a miembros de organizaciones del narcotráfico que operaban en diferentes áreas de la Argentina, incluidos Los Vagones (Arquitecto Tucci, Buenos Aires), Los Monos (Rosario, Santa Fe), Los Pescadores (Yapurá, Corrientes) y La Banda de Raúl (San Martín, Buenos Aires). Además de estos documentos legales, recolectamos nuevos artículos relacionados con los procesos judiciales para comprender mejor el contexto de las acusaciones. Estos casos documentan la colusión entre narcotraficantes y miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado –entre ellas, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura–,[22] así como fuerzas policiales provinciales. En la Argentina, cada provincia tiene su propia fuerza policial, compuesta por agencias estatales y delegaciones locales. Por eso, cuando hablamos de policía local, aludimos a los agentes de la policía provincial que operan en un barrio particular.
Los casos que analizamos aquí no son los únicos que implican una relación ilícita entre policías y narcotraficantes. Nos enfocamos en estos cuatro en particular porque, con la ayuda de dos periodistas (Silvina Tamous y María Florencia Alcaraz), pudimos acceder a los procesos judiciales completos. Estos casos representan la variación existente en términos de tamaño, extensión territorial y –lo que es más importante– diversidad de relaciones con las fuerzas de seguridad entre las organizaciones de narcotraficantes.
Por razones obvias, la evidencia de los “vínculos reales entre agencias estatales y actores o actividades ilegales” no es fácil de encontrar (Dewey, 2017a: 15). Casi siempre extractada de noticias publicadas en los diarios, la información sobre las operaciones internas de las organizaciones criminales y sus conexiones con agencias estatales abunda en documentos a los cuales los investigadores sociales no tenemos rápido ni fácil acceso: nos referimos a los procedimientos judiciales y las investigaciones que los acompañan. Los registros judiciales son una importante fuente de información para el estudio de las conexiones clandestinas entre grupos criminales y agentes estatales. Por otra parte, encontramos varios cientos de páginas de transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas y grabadas por la policía en los documentos que revisamos, lo cual significó una rica fuente de datos. Según afirman los criminólogos Paolo Campana y Federico Varese:
La información extraída de escuchas telefónicas tiene la ventaja de capturar las conversaciones mientras estas ocurren en su ámbito “natural” y además puede ofrecer un panorama más amplio del grupo al incluir diálogos entre actores de alto y bajo nivel (Campana y Varese, 2012: 15).
Y también –agregamos nosotros– entre esos actores y efectivos de las fuerzas policiales. Sin embargo, pese a estos puntos fuertes, todavía constituyen una “fuente de datos relativamente desatendida” (2012: 27).[23]
Por supuesto que no somos los primeros en utilizar registros judiciales para develar un conocimiento casi siempre oculto a la vista del público. La “microhistoria” también se basa en esa clase de registros. Los ejemplos más notables, y nuestras principales fuentes de inspiración, fueron El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, Amalia’s Tale [La historia de Amalia], de David Kertzer, y El retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis. Pero en vez de “recuperar la historia enterrada” (Kertzer, 2008: 190), nosotros nos empeñamos en recuperar registros estatales y los pusimos a dialogar con material etnográfico y cualitativo para poder describir y teorizar la microdinámica de la colusión.
Existen tres requisitos para minimizar la parcialidad y las fuentes de error potenciales de las escuchas telefónicas: cobertura, duración y autocensura (Campana y Varese, 2012). Las escuchas telefónicas que analizamos aquí satisfacen dos de esos tres requisitos. Nuestros datos incluyen una cobertura razonablemente amplia de actores y actividades (alrededor de tres meses para cada caso). En dos de los cuatro casos principales, las escuchas telefónicas no cumplieron el requisito de “no autocensura”. Pero, aunque algunos individuos parecían ser conscientes de la vigilancia –y por ende, autocensuraban sus palabras–, nosotros interpretamos esta actitud como evidencia para comprender mejor el funcionamiento de la colusión. Más aún: si bien grabar conversaciones sin el consentimiento de los hablantes es inconsistente con nuestros estándares éticos de recolección cualitativa de datos, utilizamos esas transcripciones no como información que es producto de entrevistas exhaustivas y profundas, sino como un archivo legal producido por el Estado.
Utilizamos códigos abiertos y focalizados para codificar y analizar esos documentos judiciales y escuchas telefónicas (Emerson, Fretz, y Shaw, 1995). Nos concentramos en las actividades de esos grupos y en sus relaciones con las fuerzas de seguridad. Prestamos particular atención a los tipos de material y recursos informativos intercambiados entre los diversos actores. Cuando se mencionaban episodios violentos (un ataque a un punto de venta de drogas o un asesinato), triangulábamos las referencias con publicaciones recientes para comprobar si existía evidencia fresca en los informes periodísticos. También nos apoyamos en los reportes de noticias, sobre todo en los producidos por el periodismo de investigación, para comprender mejor las actividades del narcotráfico local y la trayectoria de cada grupo (véanse, por ejemplo, Cavanagh, 2014;
