Madres contra el Paco es una organización presente en muchos barrios pobres, villas y asentamiento de ocupas en la Argentina. Hacen escraches públicos de los narcotraficantes marchando frente a sus casas, denunciando los efectos nocivos de los productos que venden los dealers y exigiendo acción judicial o política en su contra.
[6] El 28 de noviembre de 2018, el guardaespaldas, un oficial de policía de nombre Alberto Martín Murúa, fue sentenciado a dos años de probation. Véase “Robo a Oberlín: condicional al custodio y cinco años al ladrón”, cba24n, 28/11/2018, disponible en <www.cba24n.com.ar/policiales/robo-a-oberlin--condicional-al-custodio-y-5-anos-al-ladron_a5de581aed91dda498914a4ac>.
[7] La historia de Oberlín no es única. Tal como ocurrió en tiempos de dictaduras militares y gobiernos autoritarios, los sacerdotes que trabajan con y para los pobres (por ejemplo, Enrique Angelelli y Carlos Mugica en la Argentina, Óscar Romero en El Salvador y Juan José Gerardi en Guatemala) son amenazados o asesinados. Hoy por hoy, los victimarios no son solo actores militares o paramilitares sino también narcotraficantes que, en muchos casos, actúan en complicidad con funcionarios del Estado. Para una crónica esclarecedora del asesinato de Girardi, véase Goldman (2007). Sobre los recientes asesinatos de los sacerdotes mexicanos José Alfredo López Guillén, Alejo Jiménez y José Juárez, véase David Agren, “‘Narcos Alone Rule’: Mexico Shaken after Three Priests Killed within a Week”, The Guardian, 29/9/2016, disponible en <www.theguardian.com/world/2016/sep/29/mexico-catholic-priests-killed-drug-trafficking>.
[8] Dado lo conocido que es este grupo en el país, y en la ciudad de Rosario en particular, utilizamos su nombre real (Los Monos). Cambiamos los de todos los otros grupos de narcotraficantes que analizamos en este libro, así como los nombres y pequeños detalles que podrían identificar a los individuos mencionados en los procesos judiciales.
[9] El Conurbano bonaerense es un área compuesta por 33 distritos, que rodea la ciudad de Buenos Aires. Allí residen alrededor de 14 millones de personas. Aunque pequeño desde lo geográfico (apenas un 0,5% del territorio nacional), el 29% de la población total reside allí, y el 40% de los residentes están por debajo de la línea de pobreza (Ronconi y Zarazaga, 2017).
[10] Para excepciones, véase la investigación de Arias (2006a, 2017). Sobre la diferencia entre recolección de datos y producción de información desde una perspectiva teórica, véanse Bourdieu, Chamboderon y Passeron (1991).
[11] Sobre descripciones de Estados débiles y “vacíos de gobernanza”, véanse Anderson (1999), Koonings y Kruijt (2007), Venkatesh (2008). Sobre descripciones de barrios pobres como áreas extremadamente controladas por el Estado, véanse Goffman (2014), Müller (2016), Ríos (2010).
[12] En este sentido, nuestro uso está más cerca del análisis de la ambivalencia del control policial sobre el crimen en Gran Bretaña que hace Garland (1996). Focalizado en los primeros años de los noventa, identifica un “patrón remarcablemente volátil y ambivalente” (1996: 449) en las políticas de control del crimen, la retórica y el pensamiento criminológico (es decir que “la ley y el orden”, “la mano dura”, “los estallidos punitivos” y “la demonización de los delincuentes” coexisten con estrategias destinadas a “normalizar el delito” y “responsabilizar a otros”). En nuestro caso, hablamos de ambivalencia en la práctica del Estado in situ, no en la retórica o en las políticas relacionadas con la delicuencia. Durante el período de este estudio, las políticas del crimen dominantes en la Argentina enfatizaban la criminalización de las drogas ilícitas y los traficantes, políticas a menudo acompañadas por despliegues públicos de fuerza a través de publicitados arrestos y allanamientos.
[13] Sobre estudios académicos acerca del Estado, véanse Hall e Ikenberry (1989), Hobson (2006), King y Le Gales (2012), Morgan y Orloff (2017), Nelson (2006), Weiss (2006).
[14] Sobre la dimensión simbólica del Estado, véanse Bourdieu (2015), Loyal y Quilley (2017), Morgan y Orloff (2017). Como bien explican Morgan y Orloff: “[Los] Estados concentran y despliegan poderes materiales y simbólicos. Weber tuvo razón en enfatizar el control de los Estados sobre los medios de coerción en territorios geográficos específicos, pero también iluminó la centralidad de la legitimidad de cualquier forma de gobierno; ni la coerción ni la legitimidad son algo dado: ambas deben alcanzarse. La legitimidad del Estado requiere algo más que la mera fuerza; los Estados también operan a través de la penetración que tienen sobre la opinión pública. El elemento subjetivo del poder del Estado es de vital importancia, ya que los Estados no son meros escenarios donde los individuos que maximizan la utilidad cumplen sus metas. En el peor de los casos, los Estados ayudan a definir esas metas, y algunos piensan que los Estados operan en un nivel más profundo al constituir los sujetos y modelar las formas de conocimiento a partir de las cuales se desarrolla la acción pública y privada” (Morgan y Orloff, 2017: 449).
[15] Sobre argumentos análogos, véanse Arias (2006b), Arias y Goldstein (2010), Jaffe (2013), Rodgers (2006), Denyer Willis (2009, 2015).
[16] Sobre acciones policiales represivas, véanse los informes del CELS (2014, 2016). Sobre encarcelamiento, véanse los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, disponibles en <www.ppn.gov.ar/?q=node/2586>.
[17] La descripción de Perlman es similar al análisis del “medioambiente criminogénico” de Bobea (2015).
[18] Sobre cinismo legal, véanse Kirk y Matsuda (2011), Kirk y Papachristos (2011), Kirk y otros (2012), Sampson y Bartusch (1998).
[19] Sobre una crítica del enfoque y su (reclamo de) novedad, véase Burawoy (2017).
[20] Sobre un énfasis similar en las interacciones en el estudio de la violencia relacionada con las drogas, véanse Durán-Martínez y otros (2015), Bailey y Taylor (2009).
[21] Más detalles sobre este trabajo de campo en Auyero y Berti (2015).
[22] Estas tres agencias federales dependen del Ministerio de Seguridad nacional y tienen jurisdicción sobre el tráfico de drogas ilícitas.
[23] Acerca del uso de escuchas telefónicas, véanse Berlusconi (2013), Campana (2011), Natarajan (2006).
[24] Sobre descripciones de conflictos dentro de las agencias de seguridad, véanse Hathazy (2016), Sain (2017). Sobre evidencia
