artificiales, escuelas y un hospital. Dichas empresas desembolsaron el capital que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador a pesar que la ley no permite el aporte de empresas ¿Como lo hicieron? Las compañías utilizaron a sus empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos (Fuente: Ivan Ruiz, Diario La Nacion).
Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados. La lista de Sergio Massa (UNA) frente a desembolsos realizados antes del período permitido por ley, por decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por haber sido omitidos en su declaración.
En las auditorias ordenadas por la Cámara Nacional Electoral, una importante empresa nacional, violó el tope máximo de donaciones permitidas. El holding se convirtió en el principal aporte de las campañas de Alberto Fernandez y Mauricio Macri. Declaró donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos que era el límite impuesto por la Justicia; sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio. Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.
Los auditores también señalaron que uno de los accionistas del holding, integra una empresa que tiene una concesión del Estado por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento electoral son amplias en cuanto a la relación de los aportes con el Estado: prohíbe contribuciones de empresas concesionarias, contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores de la Nación, provincias o municipios.
La Cámara Electoral planteó en el caso de los aportes electorales a Mauricio Macri, que durante la campaña se desempeñaba como presidente, que algunas de las empresas que donaron a su campaña tenían permisos emitidos por el Estado para operar puertos (LDC Argentina SA y PTP Warrant SA) y otras habían recibido beneficios del programa RenovAr, de energía eólica (Arre Beef SA y Frigorífico Gorina SAIF). Los auditores también hicieron hincapié en un grupo de seis frigoríficos y empresas agropecuarias que hicieron aportes a Juntos por el Cambio por un total de $28 millones y que habían accedido a la cuota Hilton, un cupo de fondos que reparte el Estado entre exportadores de carne vacuna.
La jueza María Servini, con competencia electoral, no aprobó todavía los balances de la campaña presidencial de 2015.(Fuente Iván Ruiz, Diario La Nación)
c) Hoy asistimos a partidos políticos paralizados. No existen como tal. Los comités y unidades básicas están vacías, deterioradas, cerradas, con importantes deudas por tasas de gas, luz, agua, servicios municipales, telefónicos, etc. que no se abonan desde hace bastante tiempo.
En 1983, frente a la necesidad de recomponer y reparar los daños afligidos a los comités y unidades básicas, en la dieta de un legislador se retenía un porcentaje destinado al partido político que representaba. Dichos fondos posibilitaron la reparación edilicia de muchos centros políticos. Con el tiempo, la conformación de frentes electorales descompuso la representación partidaria y muchos legisladores en crisis y con litigios internos con la dirección de sus respectivos partidos, se negaron a la retención partidaria y con ello, las organizaciones perdieron un soporte financiero vital. Una casta burocrática retiene los órganos de poder, evita las elecciones internas y conforma frentes electorales. Son numerosos los ejemplos de candidatos que han legitimado sus postulaciones por fuera del partido orgánico y una vez elegidos, con el poder que confiere el cargo, han asumido la conducción del mismo.
Lo expuesto, ha generado el alejamiento de los ciudadanos de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales por manifiesta indiferencia cívica. La ausencia de participación reconoce múltiples causas. Los congresos y convenciones partidarias han dejado de convertirse en la caja de resonancia del programa partidario. La distorsión de uno de los requisitos básicos del sistema republicano (la periodicidad de los mandatos) por parte de gran parte de la casta burocrática partidaria y frentista, ha significado un verdadero “tapón” para las generaciones más jóvenes. No existe renovación parlamentaria genuina; la excepción es cuando de apela al nepotismo. El nepotismo es más notorio en las provincias, muchas de las cuales mantienen un sistema feudal. No existe debate interno
La involución oligárquica de las democracias parlamentarias y presidencialistas se profundiza e intensifica. Una minoría burocrática, supeditada al poder económico monopoliza la representación política y excluye de facto a la mayoría, aunque sigue invocando su legitimidad formal a través del sufragio universal. Esta democracia oligárquica se convierte a la par en una verdadera plutocracia donde el poder está en manos de una minoría económicamente privilegiada.
La sumisión de los partidos políticos al mundo financiero ha aumentado el escepticismo hacia los representantes políticos, cuyo descrédito es creciente, agudizando los mecanismos de participación democrática y generando la actual crisis de representación
Con la excepción de contados procesos electorales en la que las contradicciones insuperables entre dos partidos políticos han potenciado el llamamiento a votar y los porcentajes se participación han aumentado, observamos que en las convocatorias electorales voluntarias, la indiferencia es notable. En las convocatorias con voto obligatorio, también decrecen y dicha indiferencia incluso se extiende a la conformación de las mesas electorales en razón que el designado por el colegio electoral tampoco se hace presente a su apertura.
d) La crisis de la democracia y su deterioro, se expresa esencialmente en la indiferencia de algunos sectores en el significado, sentido y utilidad del voto y en otros, como la Unión Europea, en la existencia de una capa creciente de inmigrantes sin derecho a voto, de ciudadanos de segunda categoría que asisten a las contiendas electorales como espectadores de decisiones que los afectan.
En el conjunto de la periferia europea, la deslegitimización del poder político y de la clase política se acentúa. La crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y de los partidos políticos. Todo ello conlleva al desaliento, la desconfianza, el enojo y una marcada insatisfacción.
El vaciamiento institucional reemplazó a los golpes de Estado. La erosión de los cimientos democráticos, en los últimos años, expone el “desgaste” que nuestros sistemas de gobierno sufren “desde adentro”, provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su “muerte lenta”. Esta “muerte lenta” de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la “muerte súbita”, consecuencia de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.
Otro rasgo de esta “muerte lenta” o “erosión paulatina” son conductas que el propio Poder Ejecutivo, confundiendo al Estado con gobierno, desconociendo el contrato social, alienta e impulsa, como afirmamos precedentemente, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, designando Ministros complacientes con las medidas del gobierno; legisla, a pesar de su expresa prohibición constituciónal, con decretos de necesidad y urgencia, forzando la interpretación constituciónal, aún y a pesar de fallos judiciales que lo impiden; procuran la re-reelección de sus mandatos a pesar que la constitución, a la que han jurado respetar, les veda un tercer mandato ininterrumpido; judicializan toda decisión en contra de sus intereses, confiando que la mayoría de los integrantes de la Corte devuelvan favores y lo legitimen.
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