(Augsdorfer, 2005).
Existen múltiples ejemplos que demuestran que esta práctica ha significado grandes beneficios para la organización, y por supuesto, muchos dan cuenta de que ha sido un rotundo fracaso y una pérdida de recursos importantes.
El contexto histórico y las políticas de apoyo
Estados Unidos
Si bien la historia de transferencia tecnológica en Estados Unidos tiene una larga data, lo cierto es que en los años ochenta se genera un fuerte impulso. En esta década, el Congreso aprobó la legislación histórica que rige la transferencia de tecnología universitaria llamada Ley de patentes y enmiendas derecho de marcas, más conocida como la Ley Bayh-Dole, impulsada por los senadores Birch Bayh, de Indiana, y Bob Dole, de Kansas. Dicha ley cambió drásticamente los incentivos para que las universidades y las empresas se involucren en la transferencia de tecnología universitaria, y simplificó el proceso de comercialización mediante el establecimiento de una política de patentes uniforme y la eliminación de muchas restricciones a la licencia de tecnologías financiadas por el gobierno federal. Más importante aun, permitió a las universidades ser dueñas de las patentes que surgían de los subsidios de investigación federales, lo que hasta esa fecha no se permitía. Se considera que esta ley no solo transformó el sistema de innovación basado en ciencia en Estados Unidos, sino que también fue la base jurisprudencial que ha permitido que beneficiarios de fondos estatales para actividades de I+D tengan derecho a patentar invenciones y conceder licencias, incentivando fuertemente la vinculación universidad-industria, y facilitando la llegada al mercado de bienes y servicios basados en resultados de investigación (Albert et al., 2015).
Con dicha ley, dicen los autores, se incentivó a las universidades a comenzar a crear unidades encargadas de responder a la necesidad de gestionar el proceso de transferencia de manera formal, con incentivos y políticas claras, generando vínculos de largo plazo con la industria y el sector público. La mayoría de las universidades que desarrollan investigación, tienen oficinas de transferencia tecnológica conocidas también como oficinas de transferencia y licenciamiento, y cada vez más las universidades comienzan a ser motores del crecimiento económico y del desarrollo local y regional, a través de la comercialización de su propiedad intelectual.
Aunque los efectos de la Ley Bayh-Dole sobre el aumento de patentes están lejos de ser definitivos y concluyentes, las universidades y otras organizaciones públicas de investigación protegen cada vez más sus invenciones, las que van desde desarrollos genéticos hasta programas de software, con la expectativa de generar fondos adicionales para la investigación y financiar parte de la actividad universitaria. Por ejemplo, antes de 1981, menos de 250 patentes eran solicitadas por las universidades cada año. Un poco más de una década después, se solicitaban casi 1.600 patentes cada año (Henderson et al., 1998; Shane, 2004). Otro de los datos relevantes relacionados con las patentes es que entre 1993 y 2000 a las universidades de Estados Unidos se les concedieron aproximadamente 20.000 patentes. Durante ese período, algunas de estas patentes universitarias generaron millones de dólares en ingresos por licencias, y estimularon la creación de más de 3.000 nuevas empresas.
Según datos de la asociación de gestores tecnológicos universitarios, AUTM por su sigla en inglés, entre 1996 y 2017, la transferencia tecnológica en Estados Unidos ha apoyado la creación de cerca de seis millones de nuevos empleos, se han creado más de 13.000 empresas basadas en ciencia, y se ha contribuido con 865 billones de dólares al producto interno bruto del país (Atkins, 2009).
Dicha organización realiza encuestas anuales entre las organizaciones que son parte de la asociación, denominada AUTM Licensing Survey. Los resultados del año 2018, mostraron que 828 nuevos productos comerciales se lanzaron al mercado ese año. Adicionalmente, 1.080 nuevas empresas fueron creadas en 2018 (AUTM, 2017).
Europa
En Europa existen diferencias significativas en términos de la gestión de la propiedad intelectual de las universidades, aunque es posible encontrar cierta convergencia, según el estudio realizado por Siegel (2015). En el Reino Unido, por ejemplo, las universidades han fortalecido cada vez más sus derechos sobre la propiedad intelectual generada por sus académicos, mediante una normativa que considera la distribución de regalías asociadas entre quienes participaron en la creación de los resultados de investigación y las áreas de las universidades que participaron en el desarrollo.
El estudio plantea que en Alemania y Bélgica adoptaron la legislación tipo Bayh-Dole a fines de la década de los noventa, mientras que en Francia este tipo de regulación ya existía desde hacía algún tiempo. En Italia, los investigadores pertenecientes al sector público reciben el derecho de propiedad de sus desarrollos, pero en la mayoría de los casos las universidades realizan un contrato formal de manera individual para otorgar los derechos de propiedad intelectual a la universidad. En Suecia y Finlandia se están llevando a cabo discusiones para cambiar sus políticas y regirse por un modelo tipo Bayh-Dole más que por el modelo de propiedad del inventor.
Por otra parte, la mayoría de los países europeos ha cambiado su legislación para hacer posible y más atractivo para los investigadores y académicos asumir participación accionaria sobre empresas que se creen para desarrollar y explotar comercialmente sus resultados y para poder recibir regalías o ingresos, producto de la comercialización. En Francia, por ejemplo, antes de 1999 era ilegal que un académico asumiera participación accionaria sobre una empresa (Albert et al., 2015).
El estudio agrega que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el nivel de actividad comercial en las universidades europeas es relativamente bajo en comparación con los altos niveles de rendimiento científico e inversión en investigación con los que cuentan. Este fenómeno se conoce como la “European Academic Paradox”. En gran parte, esta toma de conciencia reflejó el reconocimiento por parte de los gobiernos de que, en algunos casos, colocar los resultados de la investigación financiada con fondos estatales en el dominio público no es suficiente para generar beneficios sociales y económicos de la investigación (OCDE 2003). Así, desde principios de 2000, muchos países europeos, como, por ejemplo, Austria, Dinamarca, Alemania y Noruega, han eliminado el llamado privilegio del profesor, que otorgaba a los académicos el derecho a poseer patentes. El derecho a la propiedad intelectual ahora se ha transferido a las universidades, mientras que los inventores académicos reciben una parte de los ingresos vía regalías, acorde al modelo Bayh Dole.
Latinoamérica
El caso de Latinoamérica es más reciente y diverso, ya que cada país ha vivido realidades diferentes. Por ejemplo, en Argentina, si bien es cierto las primeras actividades surgen en la década de los años ochenta, como punto de partida de la institucionalidad se considera la creación en los noventa de la unidad de vinculación tecnológica a nivel estatal, la cual fue pionera en la región latinoamericana. Más recientemente y a partir de la necesidad de diseñar y ejecutar una política integral de promoción de la vinculación y la transferencia tecnológica, se crean en el año 2013 las oficinas de vinculación tecnológica dentro de los centros científicos tecnológicos argentinos.
Estas oficinas tienen la finalidad de promover la explotación comercial de los resultados de las actividades de investigación, de transferencia y de servicios de ciencia y tecnología, así como realizar la gestión administrativa, el seguimiento y la evaluación, incluyendo los convenios celebrados entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET y sus contrapartes (Oficinas de Vinculación, n.d.).
En 1981, en Brasil se comenzó a diseñar los Nucleos de Innovación Tecnológica, NITs, con el objetivo de mejorar los vínculos entre academia e industria y, pese a los esfuerzos estatales, la iniciativa se suspendió a fines de la década de los ochenta (Santos, 2016). En la mísma década, comenzaron las actividades del Programa de Apoyo para el Desarrollo Científico y Tecnológico, PADCT, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, en cuyas áreas de acción
