el terreno ocupado no hubiere sido destinado por el Supremo Gobierno a otros fines y que haya sido trabajado personalmente por el interesado y se hubieran hecho mejoras en dicho terreno que representen doscientos pesos a lo menos»144. De este modo, se reconoció legalmente a dos categorías de concesiones y, correspondientemente, a dos tipos de campesinos nacionales de la ex zona fronteriza y Sur/Austral: el colono nuevo propiamente tal, con una concesión de, al menos, 50 hectáreas, y el ocupante agrícola ya establecido en la Araucanía y Sur/Austral, con apenas una hijuela, ambos sin título definitivo.
Premunidos o no los colonos y ocupantes chilenos con su «título provisorio» muchos de ellos avanzaron hacia aquellas tierras más difíciles de habitar y explotar, internándose en la selva de bosques montañosos, colonizando lugares inalcanzables a los que entregaron trabajo y esperanzas. Asimismo, muchas familias mapuche sobrevivientes se quedaron en calidad, ahora, de ocupantes de tierras fiscales alejadas, cordilleranas, junto a los colonos y ocupantes chilenos, pequeños campesinos, con quienes compartieron vida y trabajo, no siempre de modo muy amigable145. Allá, en las impenetradas montañas boscosas permanecieron o se instalaron, sin títulos definitivos, a modo de «inquilinos del Estado», haciendo patria en lugares remotos, rozando, sacando al bosque algunos espacios para siembra, construyendo cercos, apotrerando, durante años, entregando sus días a esa vida, con la esperanza de obtener su título de propiedad… Pero siempre rondaba el temor del amenazante deseo del otro-conquistador, que llegaba con amenazas de papeles legalizados en las oficinas del juzgado del pueblo, a veces con apariciones de fuerza pública mandada por «el rico»146. Las múltiples gestiones realizadas por los campesinos y mapuche en las oficinas cada año, cuando se podía bajar al pueblo, no fueron eficaces para poder conseguir el anhelado «título definitivo» de las tierras que ocupaban durante siglos o años, quedando vulnerables al apetito del «rico», siempre deseoso de más147. Imperaba el tiempo de los pleitos y los litigios judiciales, los que, controlados por un grupo de personajes locales con mucho poder e influjo, accionaban múltiples mecanismos para realizar expropiaciones «legales» que, a nombre de la ley y el orden, caían abrupta y despiadadamente sobre los cuerpos y las vidas de indefensos pequeños campesinos y mapuche. Se vivía la era de los despojos, drama inconmensurable que atraviesa gran parte de los siglos xix y xx en Chile/Sur.
Así, en pleno Centenario de la República, estos despojos se visibilizan y alcanzan un sello bastante emblemático con la matanza de Loncoche en 1910148. Se trató de un significativo movimiento de resistencia de colonos chilenos ocupantes de una zona en las cercanías de Loncoche, como respuesta al despojo de uno de ellos, desatándose una despiadada y masiva matanza de dichos colonos en resistencia por parte de la fuerza pública de la zona, hecho fatal que sembró el terror en todo el territorio y que no fue sino la expresión de otros muchos despojos que ocurrían a principios de siglo xx y que, como veremos, continuarían en las décadas siguientes, dibujando un paisaje social dramático en torno a la disputa social por la tierra.
Acción de despojamiento o expropiación que seguía la misma lógica de la Conquista: la usurpación del territorio indígena o de la propiedad de pequeños campesinos por parte de hombres que, a nombre de la «ley» del Estado metropolitano, avanzan hacia una apropiación ampliada del territorio a través de la toma del poder político, judicial y militar local, constituyéndose en los señores de la tierra de América y, a fines del siglo xix, de Chile/Araucanía. En efecto, reanudando en estos territorios la tardía conquista de Chile/Sur, los señores toman importantes posesiones de tierra y, simultáneamente, asumen el poder-político-local-de-conquista, ejerciendo su influjo en las oficinas de juzgados y retenes de carabineros de los pueblos de la Araucanía sometida y del Sur Austral, proyectando su avance de conquista hacia el territorio regional.
Podemos apreciar que lejos de una «pacificación de la Araucanía», lo que va a ocurrir en este escenario de «frontera rota» durante la posconquista estatal decimonónica del territorio mapuche, es la prolongación de dicha conquista a nivel de la sociedad civil de terratenientes locales, quienes continúan la guerra como «conquista interna» de la Araucanía, prolongándose hacia el Sur Austral. A pesar de la existencia de leyes que medianamente intentaron normar el proceso y debido a la propia ambigüedad de esas mismas leyes en materia de concesión de títulos definitivos a colonos y ocupantes, aquellas son sobrepasadas por la «lógica de la conquista privada» que busca consolidar un nuevo orden a través del control terrateniente de los aparatos legales-institucionales-locales y de la movilización de la fuerza armada a su favor. Como resultado de esta «frontera rota» y de esta «conquista civil prolongada», se desata un verdadero drama humano que pone en jaque la supervivencia de cientos y miles de familias de pequeños campesinos y mapuche a lo largo del siglo xx, muchos de los cuales son violentamente despojados de la tierra de su habitar, donde tenían sus raíces, su vida y su sustento.
Sr. Presidente, paso ahora a referirme a otro punto tratado muchas veces en esta Cámara, y es el de las tierras que están en litigio entre los grandes terratenientes y los pequeños propietarios de tierras; entre el trabajador de las tierras que las ha labrado con el esfuerzo y el sudor de su frente y aquellos otros que, valiéndose de su situación social, política y administrativa, han querido tomar grandes porciones de tierras (…) a fin de llegar a tener grandes fortunas149.
La lista de despojos de tierras mapuches en las primeras décadas del siglo es larga y tendida, generando sufrimiento y amargura histórica por generaciones150. Una de estas acciones merece mención especial, por cuanto ella es reveladora de algunos de los mecanismos de usurpación de tierras que conducían desde la violencia a la usurpación legal. Se trató del caso del fundo Pellahuén que abarcaba miles de hectáreas tomadas por el Fisco en la Cordillera de Nahuelbuta, un tramo de la Cordillera de la Costa con bosque de araucarias, que se extiende entre los ríos Biobío e Imperial y donde habitaban y trabajaban familias mapuche y campesinos chilenos, conformando una población de 800 personas. Las acciones comenzaron con la usurpación y expulsión de 20 familias mapuche (1919), abriéndose el camino del deseo privado de esas tierras. El mecanismo que utilizó el que deseaba hacerse dueño de dichas tierras consistió en pedir un grueso préstamo bancario al Banco Garantizador de Valores, en calidad de «presunto dueño», entregando dichas tierras en prenda: «terrenos que no eran suyos, sino de toda la nación chilena, de los indígenas que los poseían, de los colonos que los han labrado…»151. Al cabo de cierto plazo, el falso dueño se declaró impago; el banco trabó, en consecuencia, embargo contra el fundo Pellahuén, logrando, a través de procedimientos judiciales, que los tribunales de Santiago emitiesen órdenes de lanzamiento, no contra los deudores, sino contra «todos los indígenas ocupantes, procedimiento que han arbitrado con este objeto los grandes detentadores de terrenos, para verse libres de los indios», los que no eran parte del juicio con el banco y que «jamás han litigado con el Banco Garantizador de Valores ni con el Fisco»152. El mecanismo era claro: una vía «legal» para un desalojo masivo y para una apropiación privada total del territorio. Tratándose de terrenos fiscales y ante el escándalo público que este hecho logró suscitar, el gobierno de entonces (Alessandri, 1926) decidió poner trabas al embargo del banco; sin embargo, esos terrenos no fueron legalmente expropiados y no se les otorgó títulos reconocidos a sus habitantes mapuche y campesinos chilenos hasta el año 1944 (gobierno de Juan Antonio Ríos)153.
Este emblemático caso nos revela la prolongada inestabilidad de la habitabilidad campesina y mapuche de dichos territorios y la debilidad del Estado chileno para hacer valer sus propios derechos fiscales en la Araucanía y sur del país, cuando se atravesaban los intereses terratenientes privados, en connivencia con los intereses financieros, en pos de su deseo usurpador de tierras.
2. Ranquil (1934)
–Ya salió la Ley… le da tierra a los campesinos pobres para que la trabajen. En vez de ‘inquilinos’ los llaman ‘colonos’ (…) para ser colono hay que enterar siete años trabajando una puebla. Son extensiones grandes, faldeos
