Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947. María Angélica Illanes Oliva

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Corrientemente, los pulperos cambiaban instrumentos de labranza por ganado, semillas por hortalizas frescas, harina por lana. A los conocidos les daban crédito y el crédito se fijaba sobre la cosecha siguiente, tomando la maquila como interés, o sea, un veinticinco por ciento de la cosecha bruta. Un cuarto sobre el valor completo de lo recogido. (…) O te prestaban semillas, abono y máquina cosechadora y te tomaban el veinticinco por ciento de la cosecha total de toda la zona, porque la maquinaria se desplazaba una vez a cada lugar y atendía cinco o diez predios. Nosotros no vimos nunca dinero por estos lares. Todas las pulperías hacían lo mismo. El propietario mayor era Juan Smitsman, un gran terrateniente del sur, llamado el cacique del trigo de Malleco. Además, era propietario de unos ciento cincuenta molinos, distribuidos en cuatro provincias. Muy famoso el hombre, sobre todo porque en épocas electorales, hasta hace muy poco, entraba a caballo con sus hombres en los locales de votación, laceaba las urnas, se las llevaban arrastrando al galope y horas después las devolvían con todos los sufragios cambiados a su favor. (…) Mataba a los «insolentes» con su propia mano y jamás se bajaba para hablar con alguien. Lo hacía desde el caballo. Era de aquellos alemanes que llegaron a Chile a fines del siglo pasado y recibieron gratuitamente su parcela (…) Y con balas, sífilis –armaba casas de putas cerca de todas las reducciones indias y en los poblados pequeños para degenerar a los «analfabestias», como los llamaba–, aguardiente, juzgados de indios y cohecho, organizó su imperio. (…) Las pulperías eran suyas y él dio orden de cerrarlas. Vivía en un pueblo llamado Los Sauces, abajo, en el valle, cerca de Traiguén155.

      El poderío hacendal y molinero de Smitmans constituyó uno de los blancos del alzamiento campesino en Lonquimay que culminó con la matanza de Ranquil en 1934.

      La conquista de la Araucanía por el Estado chileno por la vía de las armas de hierro a fines del siglo xix, dejó abiertas las puertas –como dijimos– para su continuación en manos de los señores de la tierra locales, quienes avanzaron despojando con el arma de la escritura, la tinta y la ley. Dicha republicana conquista de Arauco generó «toda una masa de mapuche empobrecidos que, en territorio pewenche, eran arrinconados cada vez más arriba en la cordillera. A ellos se unía un creciente número de colonos chilenos pobres que terminaron habitando el mismo espacio de los pewenche y sobre todo compartiendo las mismas miserias de éstos»156. Si bien el Estado, como vimos, reconoció o entregó al sur del Biobío una porción de tierras fiscales a pequeños agricultores nacionales, antiguos y nuevos, sin embargo, los abandonó a su suerte, con títulos en espera, con papeles no resguardados que desaparecían en las oficinas de los pueblos, sin apoyo económico, sin semillas, sin herramientas, las que sí entregó a los colonos extranjeros, expresión de una clara discriminación hacia el colono campesino nacional.

      La Ley de Colonización de Ibáñez de fines de los años veinte, como veremos, creó una institucionalidad fiscal llamada a incentivar la colonización agraria con nacionales, debiendo formarse agrupaciones de colonos aspirantes a la propiedad de tierras, agrupación que debía inscribirse en la Caja de Colonización que la ley creaba, en espera de una asignación de tierra para su venta a plazo a dichos grupos de colonos. Ante este poderoso estímulo, los campesinos sin tierra se esperanzaron en poseerla, y muchos más salieron a ocuparla para trabajarla allende el monte, en los confines de los faldeos de la cordillera sur…

      Simultáneamente, en el gobierno de Ibáñez vio la luz el Código del Trabajo (1931), que recopiló las leyes laborales aprobadas con la urgencia que estableció el golpe militar del año 1924 y las que se fueron dictando a partir de ese momento. En dicho Código, como veremos, se establecía la obligatoriedad de la sindicalización jurídica de los trabajadores en las empresas del país, sin distinción. Si bien esta medida legal golpeó la organización sindical autónoma de los trabajadores con la que éstos habían dado sus primeras y principales luchas, ayudó a diseminar la organización del trabajo en el seno de la clase obrera urbana y abrió las puertas a las primeras orgánicas sindicales de los trabajadores del campo.

      Como buen conocedor de la ley, como profesor de la ciudad de Victoria en las proximidades de Lonquimay y como militante comunista157, José S. Leiva se dispuso a apoyar este sueño campesino, formando el Sindicato Agrícola de Lonquimay como instrumento para la agrupación de los colonos aspirantes a tierra y para solicitar a la Caja de Colonización «la entrega legal de un predio en la localidad de Nitrito, que habitaban varios chilenos y pewenche desde hacía más de una generación»158. Ibáñez, para solucionar los problemas de los ocupantes del Alto Biobío, habría entregado a éstos un terreno de invernada de siete a ocho mil hectáreas, terrenos que, sin embargo, ya tenían dueño…

      Simultáneamente, el gobierno de Ibáñez, como política anticrisis del treinta, había abierto terrenos cordilleranos fiscales en la zona de Lonquimay –como en muchas otras zonas del país– a colonos para que trabajasen los lavaderos de oro. «Se formó, así, una masa enorme de gente de trabajo que, con sus familias, no era inferior a las diez mil almas»159.

      El Estado chileno del siglo xx, como reciente conquistador armado de la Araucanía, se había atribuido todo el territorio conquistado en calidad de «tierras fiscales», las que distribuía y remataba a discreción: Ibáñez hacía lo mismo. No obstante, como hemos dicho, el territorio de la Araucanía, en mucha extensión del mismo, había sido ya apropiado y distribuido por el Estado en el proceso de la posindependencia: estos propietarios de la república temprana reclamarían su derecho a esas tierras ante el nuevo Fisco del siglo xx. Fue el caso de la Sociedad Puelma y Tupper, la que, con capitales provenientes de la minería, había comprado a bajo costo al general Manuel Bulnes el fundo El Rahue, de 28.000 hectáreas, en el Alto Biobío, extendiendo posteriormente sus propiedades a varios fundos de la zona, los que en total sumaban cerca de 60.000 hectáreas:

      Los fundos de mi abuelo Orrego provenían de su mujer, Teresa Puelma Tupper, hija de Francisco Puelma Castillo, quien era amigo de Manuel Bulnes, ex-Presidente de Chile. Ocurrió un día que el general Bulnes le dice a Francisco Puelma: «Mira Pancho, tú estás muy rico, tienes mucha plata y yo tengo unas tierras que el gobierno me regaló a propósito de mis servicios contra los mapuche. Como yo ‘pacifiqué’ la Araucanía (pon ‘pacifiqué’ entre comillas porque en realidad asesinó a cuanto indio encontró) … ¿por qué no me compras estas tierras si yo no soy campesino y además están muy lejos?». Y así fue cómo le vendió esas tierras a Francisco Puelma…160.

      Si el gobierno criollo había regalado tierras en la Araucanía a militares en pago por sus servicios en pro de la Independencia, también los gobiernos conquistadores de la Araucanía a fines del siglo xix, habían repartido porciones de esas tierras a soldados que habían prestado el doble servicio de conquistar el desierto norte y la Araucanía sur. Un día Ignacia, mujer de colono ex soldado de la Guerra del Pacífico, recibió la visita de un ingeniero que le preguntó por los papeles de su puebla, a lo que ella responde que esa era «tierra propia. Se la dieron a mi esposo en tiempos de la Guerra del Pacífico, mi viejo peleó en ese batallón». Que habían tenido papeles, le dijo Ignacia, pero que los había llevado a la oficina de Victoria y allí habían quedado… En seguida el ingeniero hizo un escrito diciéndole que él iba a sacar sus títulos, instándola a estampar su huella en el papel. «Con este dedo firmé», confiesa Ignacia. Al poco tiempo, el ingeniero habría aparecido como dueño del predio161.

      Mientras, «la Sociedad Puelma Tupper reclamó para sí la propiedad de las tierras y exigió una orden judicial de desalojo, basada en la prerrogativa jurídica de que quienes habitaban el lugar no tenían títulos de propiedad». Ante esto, los colonos propusieron al Estado que comprase las tierras a la Sociedad Puelma Tupper, las que ellos le pagarían al Fisco en un plazo prudente. Mientras se realizaban las gestiones, carabineros comenzó a hostigar a los campesinos «utilizando contra los hijueleros todos los abusos y formas de atemorizamiento posibles. Cuando las tierras estaban recién cultivadas y comenzaba el duro invierno cordillerano, llegó la fuerza represiva a desalojarlos, destruyendo cercos e incendiando los ranchos, expulsándolos sin

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