y trabajo de los trabajadores agrícolas apatronados, como de las amenazas a su libertad y propiedad de pequeños campesinos y mapuche. Por su parte, se puede evidenciar que los pequeños campesinos-colonos-ocupantes y mapuche, a través de esta nueva mediación política activa y militante que se está poniendo a su favor en la coyuntura, estaban teniendo la oportunidad histórica de constituirse en un sujeto que enuncia pública y políticamente el rechazo a su victimización y a su desalojo por parte de su vecino, el gran propietario de tierra.
Ante la sombra de esta emergente fuerza política de izquierda frentista, no era de extrañar el recurso de los terratenientes a la acusación de sus vecinos campesinos y mapuche de «comunistas»: acusación que apuntaba, en realidad, al «block de izquierda» que construía hegemonía política en el país. Así, otro de los elementos relevantes que salen a luz en el dramático caso Mantilhue es el recurso a la acusación ideológica o de adscripción política como justificación de los actos del terrateniente y autoridades locales respecto de los campesinos y mapuche. Ello nos muestra que la usurpación de tierras a los ocupantes campesinos y familias mapuche ya no puede ser un acto absolutamente privado y arbitrario, sino que ha de estar sustentado en algún discurso acusatorio de sus víctimas, aunque sea inconsistente o absurdo. Por otra parte, esto nos habla de la construcción en la época de un «delito político»: el «ser-comunista» que actúa transversalmente sobre todos los actos y las relaciones sociales existentes, justificando el uso privado de la fuerza policial en persecución de dichos «delincuentes políticos» campesinos y mapuches a quienes interesa desalojar de sus tierras. Es decir, la violencia usurpadora de tierras se legitima como acto de «limpieza y persecución de comunistas» o como una acción de «policía política» legitimada ante el Estado local, en la cual se hermanan e involucran mutuamente los señores privados y las autoridades locales junto a las policías públicas.
Lo que motiva, en última instancia, el acto de usurpación, es la sed de tierras de los grandes propietarios, los que se construyen como tales en base a un movimiento continuo de apropiación de tierras aledañas y, simultáneamente, de intervención violenta y fraudulenta para producir des/campesinización o «inquilinización/forzada» de algunos usurpados y su consiguiente proletarización, como parte de su propia construcción en cuanto propietario capitalista del medio de producción-tierra.
Este suceso y fenómeno –estructural y configurativo de las relaciones sociales de una sociedad– ocurre, con mayor énfasis, en aquel momento especial que constituyó la postcrisis capitalista de la década de 1930 cuando, bajo el estímulo del alza de los artículos alimenticios básicos, especialmente del trigo, y ante la crisis de la economía minera, manufacturera, industrial, mercantil y financiera, la valorización de la tierra, como medio de producción por excelencia, alcanza su más evidente manifestación.
En efecto, en el peak de la crisis capitalista el año 1932, la agricultura chilena, como todos los demás ámbitos de la economía, se vio severamente afectada, especialmente debido a las restricciones bancarias y el cobro de deudas, a la pérdida de los mercados para los productos agrícolas y a la caída de los precios de los mismos. «Los agricultores que hasta antes de la crisis, como todos en el país, habían llevado una vida fácil y holgada, se vieron obligados a trabajar intensivamente sus campos y a vivir en ellos (…)». Sin embargo, la bonanza llegó pronto: con la quiebra del patrón oro, los productos alimenticios «subieron bastante, llegando a muy buenos precios hasta los años 1936 y 1937. (…) Los agricultores, acostumbrados ya con la crisis a trabajar intensivamente sus terrenos, continuaron en esta forma». Los precios más subidos habían sido los de la carne, la leche y el trigo, siendo objeto de especulación y acaparamiento. Respecto del valor de la propiedad de la tierra, ésta había subido notablemente, lo que se expresó en el aumento de los avalúos y las contribuciones: «el Fisco ha efectuado nuevos avalúos de todas las propiedades; éstas en su mayoría han subido un 50% y en ciertos casos hasta un 120%»187. El precio del quintal de trigo, según un estudio hecho por una comisión parlamentaria, «no podría exceder de $ 60. Sin embargo, hoy día, la Junta de Exportación Agrícola tiene fijado el precio del quintal de trigo en $110 (…)»188.
Este es el trasfondo económico de la sed y acción usurpadora de tierras por parte de los terratenientes respecto de sus vecinos campesinos-ocupantes y mapuche que tiene lugar en la postcrisis capitalista: actos de usurpación que si bien eran una práctica ancestral, encuentran en esta coyuntura un especial estímulo activador. No obstante, los tiempos han cambiado, encontrándose los terratenientes con el obstáculo, nada desestimable, de la ley y, especialmente, de la denuncia y la presencia protectora de los partidos, de autoridades políticas y de un nuevo conglomerado político con una importante participación de izquierda, quienes se constituyen en representantes militantes de las víctimas usurpadas.
En efecto, años después de los hechos violentos narrados, en el invierno de 1945 (gobierno del presidente Juan A. Ríos), los campesinos de Mantilhue se dirigen directamente al Ministerio del Interior a través de una carta, solicitándole auxilio al ministro por los abusos que aún cometía el Sr. Grob, quien continuaba hostilizando a los campesinos y había logrado la detención de uno de los dirigentes del Sindicato Agrícola de Mantilhue. Simultáneamente, una delegación de diputados de la gobernante Alianza Democrática se dirigía a conversar con el ministro del Interior para asegurar la protección de estos campesinos amenazados, denunciando que aún no se entregaban títulos de dominio a los campesinos de varios territorios vulnerables como el caso de Mantilhue: El Manzano, Santa Amelia, Ensenada, Pichirropulli, el Budi, entre otros. Por su parte, José Becerra, consejero de la Asociación Nacional de Agricultores –que agrupaba a los pequeños y medianos agricultores desde los años de 1940–, se disponía a entregar al gobierno un Memorial con los acuerdos de dicha Asociación respecto del problema de despojos de tierra que se vivía en el sur de Chile. En suma, los campesinos sin título aún sufrían de cotidianas amenazas de despojo, pero ya no estaban solos ni enmudecidos189.
Si bien no es nuestra intención aquí hacer una historia de las usurpaciones de tierras en el sur de Chile (lo cual amerita una investigación histórica propia), nos ha interesado presentar en algún detalle el caso Mantilhue como un paradigma que nos permite ver a los actores involucrados, así como la lógica que motiva y opera en estas usurpaciones, tanto desde el punto de vista económico como político y social. Pensamos que esta lógica no sólo actúa en el caso de las usurpaciones de tierras, sino que, a nuestro juicio, también influye en los desalojos de inquilinos (desinquilinización interna) que, como veremos, comenzarán a ocurrir masivamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular, en una coyuntura de alza de todos los productos alimenticios agrícolas y, especialmente, del trigo. Fuerzas expulsoras de campesinos se activan por doquier en los campos chilenos al paso de la valorización de la tierra.
4. Terror en Cautín y Fresia: desalojos de colonos en Araucanía y sur-austral
El terror se diseminaba, hacia la década de 1940, por la provincia de Cautín, tomando el abuso su lugar en la desembocadura del río Toltén, en la frontera sur costera de la Araucanía. Allí se levantaba el pueblo de Toltén, antigua caleta de pescadores huilliche y lugar de conexión marítima, desde tiempos coloniales, con la provincia de Valdivia y su rosario de caletas pesqueras, desde Queule y Mehuín al sur. Desde la costa de Toltén al interior se extendían las tierras fiscales, fruto de la conquista de la Araucanía por el Estado chileno; entre ellas los territorios denominados «San Roque», «Pumalal», «Camaguey», tierras donde vivían familias mapuche desde años inmemoriales y que fueron también progresivamente ocupadas por campesinos chilenos. De estas tierras dichos campesinos y mapuche fueron desalojados en los años 1929, 1930 y 1933, a petición de la Compañía Agrícola Ganadera Toltén. Este acto de despojo masivo obedeció, una vez más, a la lógica de apropiación privada violenta de la tierra ancestralmente ocupada por parte de compañías que se hacían reconocer y titular por el Estado apenas dictada la Ley de Colonización y de Propiedad Austral, utilizando todo tipo de recursos legales, judiciales y policiales.
