en una «situación angustiosa», sucediéndose sus peticiones de ayuda a los ministerios desde entonces.
En 1934 (¿como mea culpa por la masacre de Ranquil?), estas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Arturo Alessandri a la Compañía Agrícola Ganadera Toltén en una extensión de más de 15.000 hectáreas que quedaron en calidad de tierras fiscales. No obstante, los campesinos de Toltén seguían amenazados hacia 1940 cuando 49 colonos ocupantes, que hacían un total de 270 personas, estaban condenadas a ser desalojadas de esas tierras que conformaban un predio de 1.000 hectáreas en Toltén por acción de un par de «individuos inescrupulosos», quienes habían iniciado acciones de compra y títulos ante el 4to. Juzgado Civil de Santiago, obteniendo un exhorto de la Gobernación de Pitrufquén solicitando el lanzamiento de las 49 familias. Este hecho suscitó una tremenda angustia en este grupo, quien hacía 25 años que vivía y trabajaba en esas tierras, haciendo siempre infructuosos trámites para obtener sus títulos definitivos190.
Durante el gobierno del Frente Popular y ocupando el Ministerio de Tierras y Colonización el socialista Rolando Merino, éste transfirió 7.000 hectáreas de estas tierras fiscales, correspondientes a las tierras llamadas «San Roque» y «Pumalal», a la Caja de Colonización Agrícola para su parcelación; tierras que los desalojados volvieron a ocupar: habían vivido siete años de angustia, miseria y abandono y estaban dispuestos a recomenzar…
Así, en pleno invierno de 1941, más de 50 familias de campesinos y mapuche, alegres y esperanzadas, volvieron a las tierras fiscales de esas localidades nombradas, con la esperanza de lograr justicia y títulos definitivos. No obstante, no eran ellos a quienes la C.C.A. quería destinar esas tierras que debía parcelar, levantando en 1941 esta institución orden de lanzamiento contra los campesinos y mapuche que recuperaban sus tierras. Asimismo, la cercana localidad de Camaguey en Toltén no supo de la primavera de 1941, cuando 80 campesinos vivieron el horror de ver incendiadas sus casas, peligrando la vida de sus familias, que en total serían unas 3.200 personas. El administrador de las tierras fiscales de la C.C.A en Camaguey, Antonio Volpi, había ordenado dicho incendio como política de desalojo de los campesinos, con el objetivo de que esas tierras no fuesen entregadas a aquellos que las habían habitado hacía años, sino que fuesen parceladas por la Caja de Colonización para otros colonos postulantes, quizás inmigrantes191.
Pero los tiempos habían cambiado. Los campesinos, organizados en sindicatos y recurriendo a parlamentarios del Frente Popular y a la CTCH, lograron suspender la orden de lanzamiento y obtener la promesa del ministro Merino de que dichos campesinos y mapuche serían «radicados de preferencia en esas tierras»192 . Hasta las mujeres de San Roque, activas partícipes de la lucha empeñada, se habían organizado en una seccional local del MEMCH nacional193.
Pero la hostilidad reiterada de otro de los empleados de la Caja en esa zona, Humberto Zamora, siguió operando, contando con el brazo armado de la policía local. Zamora había tomado total control de esas tierras de la Caja, impidiendo la libre movilidad y emitiendo salvoconductos personales; prohibía las reuniones sindicales y las concentraciones de cualquier especie, golpeando e insultando a sus directivas y miembros, debiendo uno de ellos sufrir el pisoteo y destrucción deliberada de su huerto por los caballos de Zamora y sus carabineros. Diez casas habían sido incendiadas en San Roque por obra de carabineros, mientras en el sector de Pumalal, el administrador de tierras fiscales de la C.C.A., Antonio Volpi, mandaba incendiar veinte casas y destruir tres veces las casas de dos viudas mapuche con hijos pequeños…194.
Finalizaba el año 1942 y aún el gobierno no entregaba una solución para los campesinos de Toltén195, mientras las noticias de nuevos despojos, con todas los papeles timbrados de la ley y por manos de la fuerza pública, se producían en la zona de la Araucanía…
En efecto, cuarenta y tres familias de colonos, algunas de las cuales hacía «más de 20 años que estaban en posesión de la tierra», fueron desalojadas de Charracurra (Región de la Araucanía, en Malleco, Lumaco) el 9 y 10 de septiembre de 1943 por parte de la Gobernación de Cañete, «previas instrucciones del Ministerio del Interior» y a solicitud de Santiago Barrueto, en representación de la Asociación Santiago Barrueto, que poseía cerca de 20.000 hectáreas en esas inmediaciones. Instaladas las familias desalojadas en chozas en el camino, con sus productos y animales, Barrueto habría ordenado incendiar las chozas, acto realizado por diez carabineros y treinta mozos armados al mando de un matón, quienes estando ebrios «comenzaron a disparar y a maldecir para atemorizarnos… nuestras mujeres e hijos salieron huyendo»… los matones habrían robado los cereales, los 80 animales y los útiles caseros de los campesinos, hiriendo con arma de fuego a tres hombres que habrían intentado defenderlos ante el acto delictual-legal…196.
El trasfondo de estos desalojos –y de muchos más de que va dando cuenta la prensa de izquierda de la época– y de la situación de «terror» que estos generaban en la zona sur, era la negativa de las instituciones fiscales y estatales de otorgar los títulos a que tenían derecho legal los ocupantes y mapuches de las tierras que habitaban y trabajaban por muchos años: se denunciaba que, en 1943, había unos 7.000 expedientes que esperaban respuesta197. No obstante, el Ministerio de Tierras a menudo otorgaba títulos a terratenientes que lograban, a través de operaciones leguleyas, reconocimiento como propietarios de tierras ancestralmente ocupadas por colonos e indígenas. Este otorgamiento desigual y privilegiado de propiedad sobre terrenos, generalmente fiscales, era lo que generaba desalojos masivos y miseria humana en los caminos de la patria.
Así, a través de los abogados, la coima jugosa, los juzgados y los ministerios, los deseosos de más tierras conseguían en el sur de Chile los papeles, los títulos y la fuerza pública para arrasar con los chilenos ocupantes de tierras y los mapuches que, habiendo perdido las suyas, compartían la misma suerte en calidad de «ocupantes de tierras fiscales», en tanto que el Estado aceptaba pero no reconocía legalmente su ocupación y no otorgaba sus títulos, dejándolos al desamparo de los más fuertes. «Los campesinos pobres que acuden a las oficinas públicas en demanda de justicia o de solución para sus conflictos, son recibidos como si no fuesen chilenos. En cambio, cuando llega a esas mismas reparticiones un hacendado influyente, de muchas campanillas, todas las puertas se le abren generosas a sus pretensiones…»198.
Diez y seis campesinos habían sido radicados (año 1941) en el fundo «La Isla» –tierras fiscales de la localidad de Fresia, ubicada en las proximidades de Puerto Varas, Región de los Lagos– por parte del intendente de la provincia de Llanquihue, en tiempos del gobierno de Aguirre Cerda. No obstante, dichas tierras ya tenían dueños con títulos legalizados, quienes comenzaron a pedir el desalojo de los ocupantes; los campesinos optaron por defenderse mediante litigio. El supuesto propietario, Juan de la Cruz Flores, ocupante de una parte de dicho fundo, esgrimía sus títulos frente al rostro de los campesinos de La Isla y de otras localidades de Fresia y la Cordillera del Sarao. La grave amenaza a sus vidas y a su trabajo en la tierra, el único medio de vida entonces, suscitó delegaciones y comunicaciones de los campesinos al gobierno pidiendo amparo, las que fueron archivadas, como tantas, en alguna carpeta ministerial… Mientras los años pasaban, Flores continuaba sus papeleos y trámites hasta que finalmente consigue la fuerza pública para el lanzamiento de todos los ocupantes del fundo.
El día lunes 13 de mayo de 1946, el teniente. Luis Correa San Martín, con una dotación de 15 carabineros, se dirigió al fundo «El Cañal», de propiedad de Flores, donde pernoctaron luego de una «suculenta comida y abundante trago». Por su parte, Flores reunió a 27 inquilinos y peones de los alrededores contratados para ayudar en las «faenas de despojo». Al amanecer del día siguiente, esa fuerza de 42 personas, constituidas por carabineros y civiles, dirigidos por el teniente. Correa, se dirigió a realizar un asalto por la espalda, desde la montaña del fundo «La Isla», tomando por sorpresa a los campesinos. Formados en línea de tiro los carabineros, el teniente. leyó a los campesinos –cual lectura del «Requerimiento» de la época de la Conquista
