ONG en dictadura. Cristina Moyano
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Una de las propuestas que podemos destacar dentro del discurso sostenido por el Grupo de los 24 es la creación de una asamblea constituyente, la cual propiciaría el camino democrático legítimo y sería la representante adecuada de la voluntad del pueblo chileno; es decir, el único titular del poder constituyente es el pueblo y debe ejercerlo previo restablecimiento de su libertad. Situación que no se daba en aquel momento. En este sentido cabe resaltar que el grupo fue pionero en plantear estructuras jurídicas que pudiesen dar forma a la discusión política sobre la transición, acotando alternativas viables para la restitución democrática que contenían un proceso que establecía cuatro pasos fundamentales: primero, una plena vigencia del derecho y libertad; segundo, la elección de una asamblea constituyente representativa; tercero, un plebiscito en el que se exprese la voluntad del pueblo, y en cuarto lugar, la necesidad de un cuerpo electoral (por ende, registros electorales)23.
Pero este mecanismo no se agotaba ahí. Dentro de las revistas en que circularon las ideas y propuesta del grupo, tales como APSI o Análisis, se criticaba abiertamente al régimen y la figura de Pinochet. Junto con aquello, se procedió a la difusión de alternativas propuestas por el Grupo de los 24 en mayor medida luego del acto principal de oposición frente al próximo plebiscito del 11 de septiembre de 1980, en el que se ratificaría la opción constituyente de la dictadura. Aquel acto señalado como el “Caupolicanazo”, efectuado el 27 de agosto de 1980, marcó un hito dentro del proceso dictatorial vivido en el país, puesto que era la primera vez luego del golpe de Estado en que se aglutinaban sectores de centro e izquierda demostrando su repudio generalizado al régimen encabezado por el dictador Pinochet24.
Como planteó el expresidente Eduardo Frei Montalva, consecuentemente con lo que esbozó el Grupo de los 24: “Dicho gobierno deberá –a juicio de Frei– convocar a una asamblea constituyente, restablecer progresivamente las libertades públicas, dictar una ley electoral, dictar un estatuto de los partidos políticos, derogar las limitaciones impuestas a las organizaciones sociales, terminar la intervención de las universidades y “gestar un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencias, y que haga posible su desenvolvimiento posterior”25.
Como es posible apreciar dentro de las alternativas propuestas, el grupo se encargó de levantar algunas ideas fuerza que fueran garantía del proceso plebiscitario, la participación popular y el proceso que vendría posteriormente. Se puso atención en los dos escenarios existentes: la victoria de la opción SÍ o del NO:
LA ALTERNATIVA PROPUESTA | ||
Etapa | En caso de triunfar el SÍ | En caso de triunfar el NO |
Transición | Encabezada por el general Augusto Pinochet y durará ocho años, desde seis meses después del plebiscito. | Encabezada por un Gobierno Provisional Cívico-Militar, que dura 2 años, desde el día siguiente al plebiscito. |
Poder Ejecutivo | General Augusto Pinochet. | Junta Provisional de Gobierno presidida rotativamente por los Comandantes en Jefe en ejercicio. |
Poder Legislativo | Junta Militar. | Consejo de once miembros de reconocida experiencia pública y con las atribuciones del Congreso Nacional, según Constitución de 1925. |
Poder Constituyente | Junta Militar. | Asamblea constituyente elegida democráticamente y que en un año deberá someter a plebiscito un proyecto de reformas a la Constitución de 1925. |
Institucionalidad vigente durante la transición | Normas de transición y Constitución sometidas a ratificación en plebiscito del 11 de septiembre de 1980. | Constitución de 1925 y sus modificaciones hasta 1971. |
Partidos políticos | Prohibidos hasta la dictación de una ley orgánica Constitucional. | Funcionamiento inmediato sujeto a un Estatuto Provisorio a dictarse antes de seis meses. |
Primera elección presidencial | Indirecta. Después de ocho años de transición, la Junta Militar propondrá un candidato que se someterá a ratificación plebiscitaria. Si este es rechazado, se realizarán elecciones directas nueve meses después. | Directas, sesenta días después de promulgada la nueva Constitución. |
Registros electorales | Se proyecta que se concreten simultáneamente con el plebiscito del 11 de septiembre de 1980. | Se abrirán por cuatro meses, sesenta días después de la instalación del Gobierno Provisional. |
Fuente: Revista APSI, N° 81, 1980, p. 5.
Con una posición crítica sobre el proceso plebiscitario, el grupo generó una inmediata respuesta sobre lo que había sido la consolidación final del instrumento constitucional creado por la dictadura; asimismo, cuestionó de fondo la legitimidad del proyecto comenzado años antes. Como señalaría más adelante, solo concretaba un burdo engaño de participación plebiscitaria: “El general Pinochet acaba de dar un paso de dramáticas consecuencias para el país. Ha convocado a un plebiscito que tiene por objeto perpetuar la autocracia que encabeza hasta completar casi un cuarto de siglo de gobierno dictatorial”26.
Si ponemos atención en las declaraciones emanadas al interior del grupo, es claro que su crítica principal radicó en la vía para consolidar un camino democrático que garantizara la legítima participación del pueblo chileno; lo anterior, a raíz de que la Comisión Ortúzar, designada por la dictadura, fue pensada siempre a espaldas de los chilenos y entre conocidos partidarios del régimen, quienes sesionaron en la más absoluta reserva, por lo tanto, era urgente y pertinente contar con una alternativa a dicha comisión, la cual debería tener un valor jurídico real27. Por ello, el grupo insistió en que ellos no han trabajado “encerrados en cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas”28, y que incluso han recogido el sentir de hombres y mujeres de todos los sectores de la vida nacional, los cuales han expresado las causas y características de la crisis que vive el país.
Además, señaló explícitamente que en la gestación del proceso impulsado para aprobar la Constitución de la dictadura el lapso entre su publicación en el Diario Oficial y la realización del plebiscito era extremadamente corto (un mes); al mismo tiempo, no había registros electorales ni un tribunal electoral, por tal motivo no se podía hablar de un plebiscito libre e informado. Todo este “show mediático” sobre la Constitución y el camino constitucional de Chile propuesto por los militares venía a consagrar un régimen de facto iniciado el día 11 de septiembre de 197329.
Como se indicaría días después del plebiscito de septiembre de 1980, existe plena conciencia de que “…a pesar del fraude, el monopolio de la televisión, la campaña del terror y el miedo imperante, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido a ponerse en pie para recuperar la dignidad de Chile”30. Aun con todo esto, el terreno para el Grupo de Estudios Constitucionales pasaba a configurarse de manera diferente frente a la aceptación de la Constitución de la dictadura, puesto que dicho acto electoral, cuestionable a todo nivel, era solo el reflejo de la consagración de un régimen que actuaba al margen de toda transparencia y buscaba implantar la autocracia en Chile. Así lo expresaba su presidente Manuel Sanhueza en un acto realizado en Valparaíso en mayo de 1980, ocasión en la cual expresó: “El quehacer constitucional del gobierno se ha empeñado desde un comienzo en realizarse a espaldas del pueblo y, por consiguiente, en oposición a la idea democrática, por lo que su resultado necesariamente tenía que postular la implantación de la autocracia”31.
Para el grupo no fue fácil plantear un nuevo escenario institucional como salida a la dictadura y el retorno de la democracia ni congregar tras de sí un respaldo que lograra avanzar hacia un acuerdo o consenso social necesario. Lo cierto es que su labor pudo ser tomada como una opción para los sectores opositores a la dictadura y también para aquellos grupos o personeros de derecha que se situaban en una posición distante al régimen, los cuales encontraron en el grupo un espacio necesario para dar la lucha desde el plano académico, político y público.
¿Cuál camino hacia la democracia?
Uno de los aspectos más destacables respecto de la labor cumplida por el Grupo de los 24 fue la capacidad