pero basada en los derechos de los estados y en su igualdad, con un sistema de voto no regulado por la Constitución, sino por los respectivos estados. Con respecto a las tierras del oeste, se aprueba que podrán crearse nuevos estados al alcanzar la cifra de setenta mil habitantes.
La nueva Constitución viene a establecer un gobierno federal con capacidad para cobrar impuestos, reglamentar el comercio, acuñar monedas, mantener un Ejército y una Armada, firmar tratados, solicitar préstamos, resolver las disputas entre los estados federados y legislar. La forma de Estado y de régimen previstos fueron los de una república federal presidencialista con un Congreso de dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.
La aprobación de la nueva Constitución por los trece estados entre 1787 y 1790 provocó un debate entre sus partidarios, llamados federalistas, como Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, y quienes defendían la situación anterior, llamados antifederalistas, como Patrick Henry. Finalmente ganaron los partidarios de la nueva Constitución de 1787 y, en 1789, George Washington fue elegido primer presidente de la nueva república federal presidencialista, y John Adams vicepresidente.
Las primeras medidas del nuevo y fuerte gobierno federal fueron resolver los problemas que hacían peligrar el futuro de la independencia. El primer secretario del Tesoro de la Unión de Estados de América, Alexander Hamilton, convenció al Congreso de 1790 para que reconociera el pago de la deuda pública. En 1791 creó el Banco de los Estados Unidos –en 1809 los inversores europeos poseían el 72 % del capital social del banco–, e introdujo varios impuestos federales, y en 1798 empezaron a aplicarse incluso impuestos sobre la renta (Jones, 1996).
Las medidas de Hamilton tropezaron con la oposición de algunos sectores del Congreso, lo que provocó la formación de dos partidos políticos: los partidarios de la política federal fuerte –Federal Interest– y los contrarios –Republican Interest o Republican Party–. En 1796, al renunciar Washington a presentar de nuevo su candidatura a la Presidencia, hubo una campaña electoral donde se enfrentaron los dos partidos. Ganaron los federales de John Adams, quien reafirmó el poder federal con la Ley de Sedición, para castigar a quien conspirara contra las medidas del Congreso de Estados Unidos. Los republicanos de Jefferson ganaron las siguientes elecciones presidenciales en 1801, pero la política económica del nuevo Gobierno, como podía esperarse, no fue tan diferente de la de sus antecesores.
La solución de las disputas territoriales con los imperios europeos encontró una coyuntura favorable, gracias a las guerras generadas con motivo de la Revolución francesa en Europa desde 1793. La legación diplomática de John Jay consiguió un primer acuerdo con los británicos en 1794 para que abandonaran destacamentos militares del noroeste, a cambio de la neutralidad americana en la guerra europea. Los colonos británicos no cumplieron el acuerdo hasta la batalla de Fallen Timbers. En 1795 los españoles –por el Tratado de San Lorenzo– concedieron a Estados Unidos el derecho de navegar por el Mississippi, un depósito de mercancías en Nueva Orleans, y fijaron las fronteras de Louisiana y Florida. En 1800 los españoles cedieron Louisiana a los franceses, y los americanos volvieron a negociar el tema de las fronteras con éstos, los cuales finalmente les vendieron este territorio en 1803 por quince millones de dólares. De esta manera, la nueva frontera de Estados Unidos se situó en las Montañas Rocosas y empezó la colonización de las tierras del oeste. La frontera con Florida se mantuvo en el paralelo 31º hasta el Mississippi.
La guerra europea también facilitó a Estados Unidos el aumento de sus exportaciones, pero la Corona británica declaró contrabando el comercio de alimentos norteamericanos y no les permitió negociar con las islas inglesas del Caribe. El comercio exterior de Estados Unidos progresivamente se vio afectado de forma negativa por las medidas económicas de las guerras británicas y francesas y, lo que fue más grave, por la política británica de reemplazo forzoso de marineros –entre 1793 y 1811 los ingleses reclutaron por la fuerza a diez mil marineros norteamericanos–. Tras varios incidentes, Madison declaró la guerra a Gran Bretaña en 1812 –aquel año Louisiana fue admitido como uno más de los Estados Unidos–. La guerra acabó en 1814 con la paz de Gante, sin que hubiera una victoria clara de nadie (Adams, 1980).
Esta segunda guerra contra Gran Bretaña sirvió para que los estados del norte impulsaran la producción de manufacturas que sustituyeran a las importaciones que necesitaban los estados agrícolas del sur, y también puso en evidencia la debilidad militar y naval de la nueva nación. Después de la guerra se firmó un nuevo tratado comercial con los ingleses, pero continuaron cerradas al comercio norteamericano las islas británicas del Caribe.
La consecuencia más importante de la guerra fue la apertura de una nueva era de armonía nacional entre republicanos y federalistas. Los republicanos se convencieron de la necesidad para el desarrollo del país de unas atribuciones federales fuertes. Desde el Gobierno prepararon un ejército y una marina de guerra federal; dictaron aranceles proteccionistas; crearon un segundo banco de los Estados Unidos después del cierre el primero en 1811; e intervinieron en la construcción de carreteras interestatales. El senador de Kentucky, Henry Clay, dijo de esta política que era el «sistema americano», el cual estaba por encima de cualquier rivalidad entre los partidos (Jones, 1996).
La creación de nuevos estados continuó: en 1816 Indiana, en 1817 Mississippi, en 1818 Illinois y en 1819 Alabama. Precisamente, la creación de nuevos estados hizo peligrar el futuro y la armonía del país. En 1820 los habitantes de Missouri partidarios de la esclavitud pidieron la constitución de un nuevo estado esclavista. Los estados no esclavistas de la Cámara de Representantes, que tenían la mayoría, se negaron, mientras que en el Senado las votaciones estuvieron igualadas. La cuestión se resolvió con un compromiso que permitió crear el Estado no esclavista de Maine (1820) para mantener la igualdad en el Senado entre unos y otros; acto seguido se aceptó el Estado esclavista de Missouri (1821). También acordaron que quedaba prohibida la esclavitud al norte del paralelo 36º 30' (Nevins et al., 1994).
En 1821, aquellas Trece Colonias costeras que se independizaron de Gran Bretaña se habían convertido en una gran república federal presidencialista, compuesta por veinticuatro estados y por un territorio por colonizar de iguales dimensiones a las de todos los estados juntos. En 1818 Gran Bretaña les había cedido la región de la frontera canadiense del oeste de los Grandes Lagos, al norte de Louisiana. En el sur, después de que Andrew Jackson castigara a los indios semínola de Florida ante la impotencia española, que bastante tenía con las guerras de independencia, los norteamericanos compraron esta región a los españoles por cinco millones de dólares en 1819. La nueva frontera con las colonias españolas era ahora Texas.
A modo de conclusión, se puede decir que los dos aspectos centrales de la independencia son la búsqueda de un desarrollo propio, independiente del área de acumulación británica, y por otro lado, una clara identificación de este desarrollo nacional con los intereses de las estructuras vigentes. La Constitución consagraba políticamente la independencia real, que se puede resumir en el liberalismo de Adam Smith, es decir, que el desarrollo económico es algo espontáneo, fruto de la naturaleza propia de las cosas, que la ampliación del mercado y la incorporación de tecnología son las raíces de la prosperidad, y que el bien común es la suma de los bienes individuales.
Es decir, lo que Thomas Paine había visto en el movimiento independentista, el derecho del hombre a la felicidad y a la propiedad de los frutos de su trabajo y el ataque contra los privilegios que van contra la libertad. Esto era la independencia. No obstante, cuando el nuevo sistema no proporcionaba prosperidad para todos, emergía el sustrato social que le servía de base: las estructuras sociales de los más afortunados, que tenían que defenderse. Así, se producirá una relación entre liberalismo y mantenimiento del orden social, que quedará establecida en la Constitución.
Esta Constitución tendrá toda una serie de insuficiencias: a) la no existencia de un desarrollo de los mecanismos electorales en la propia Constitución –las leyes particulares de cada Estado se hacen en función de la correlación de fuerzas internas
