con la asistencia de unas setenta personas que representaban a colectivos procedentes de El Segriá, El Urgell, Les Garrigues, La Noguera, El Pallars y Alto Urgell, CC.OO., Comisión de Payeses, Jóvenes democráticos, Mujeres democráticas, FNC, PSUC, estudiantes, hombres de profesiones liberales y una delegación de la Asamblea. Asimismo, días después se celebraba una nueva reunión informativa en Balaguer, el 28 de febrero287.
En todo el Estado las detenciones y juicios sumarísimos contra los «enemigos del régimen» se sucedían con asidua frecuencia. Solo bastaba leer los diarios para darnos cuenta de la situación y de la perplejidad con que se publicaban estas noticias en pequeñas crónicas detallando las numerosas detenciones y sus inevitables consecuencias. Véase como ejemplo la condena de dos años por distribuir propaganda ilegal del sacerdote obrero Carlos García Luenga, párroco de Barredos, en Laviana (Asturias); el procesamiento por el TOP del periodista Eliseo Bayo, y la confirmación de la sentencia y condena por el Tribunal Supremo del militante del PSUC, Enrique Leira Almirall. Por el contrario, los atentados perpetrados por la oposición se interpretaban, sobre todo en los órganos de comunicación del Movimiento, como una agresión contra la población española; ejemplo de ello fueron los tres atentados con explosión efectuados a finales de febrero de 1972 en diversos locales de la Falange y en los talleres gráficos TISA. Sorprendentemente, estas noticias llegaron a formar parte de la cotidianidad española que solo reaccionaba ante conmociones como la inminente retirada de los toros de Manuel Benítez, «el Cordobés».
En marzo de 1972, el SCPAC distribuyó un comunicado solidarizándose con el pueblo gallego ante la barbarie del asesinato de los obreros de la Empresa Nacional Bazán (El Ferrol), Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García, y de una cincuentena de heridos. Al parecer, el 9 de marzo se produjeron algunos altercados en el desalojo de la factoría que se reprodujeron al día siguiente en la ciudad debido a las reivindicaciones de los obreros que protestaban por un convenio colectivo, siendo la causa principal del conflicto la decisión unilateral de la empresa de firmar un convenio general sin contar con el jurado de empresa. La manifestación se disolvió de forma contundente por las fuerzas del orden utilizando armas de fuego que provocaron la muerte de dos obreros y algunos heridos288.
El Secretariado también informó del juicio contra Luciano Rincón por presuntas injurias al jefe del Estado en una publicación efectuada en la revista Ruedo Ibérico que se editaba en París, de la que Juan Goitisolo y Jorge Semprún formaban parte del Consejo Editorial. Estos hechos coincidieron con el nombramiento del cardenal Vicente Enrique Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La llegada del mes de abril de 1972 no trajo nada novedoso en cuanto a nuevas acciones terroristas, esta vez perpetradas por ETA, ni tampoco a las manifestaciones realizadas en el mundo estudiantil, protagonizadas en aquellos momentos por las detenciones de tres estudiantes barceloneses del Instituto Milà i Fontanals, fruto de la movilización unitaria convocada los días 8, 9 y 10 de abril. Estas acciones, junto con la concentración ante la cárcel Modelo de Barcelona para entregar paquetes y obsequios a los presos políticos, fueron lo más destacado en aquellas fechas289 aunque los grandes titulares de la prensa oficial solo hicieran referencia a los masivos bombardeos sobre Vietnam del Norte o a la crisis acuciante de la política chilena, donde la cuenta atrás del fin del gobierno socialista de Salvador Allende290 se había puesto en marcha.
En la crónica nacional, el caso Matesa saltó de nuevo a la actualidad por su relación con el Opus Dei, donde algunos representantes de este organismo que formaban parte del gobierno tuvieron que declarar a propuesta de los abogados defensores, José María Gil Robles entre ellos.
El 13 mayo de 1972, una semana después de que Franco presidiera en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid la XV Demostración Sindical, tuvo lugar en Barcelona la III reunión de la CPAC con una representación cercana a los sesenta delegados. Como ya era habitual se nombraron las nuevas adhesiones a la Asamblea, encabezadas por PCE(m-l), Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), Partido Carlista Catalán (PCC), Grupos de Acción Carlista, y las organizaciones sindicales SOC y USO. También se comunicó la puesta en marcha de nuevos núcleos activos vinculados a la Asamblea en la Conca de Barberà y la reciente constitución de la Asamblea Democrática del Vallés Oriental junto con la Asamblea de las Terres Lleidatanes.
Sin duda, la lucha ejemplar del pueblo vietnamita en su esforzada lucha por la liberación nacional acaparó el centro del debate, encontrando algún cierto paralelismo con la coyuntura catalana y definiendo ambos objetivos como un sentimiento inalienable en la ordenación libre y democrática del pueblo catalán. Ante la escalada imperialista en Indochina, de nuevo se ratificó el contenido del telegrama enviado a la Conferencia de Versalles. En esta reunión destacó la constitución del Grupo de los No Alineados que se autodenominaban como una línea clandestina paralela al movimiento de las comunidades de base, que se movían abiertamente en el mundo religioso civil de Cataluña. La influencia que tuvo este grupo dentro de la Asamblea ha tenido diversas versiones, pues, si bien Josep Dalmau afirma que los estudios que se han publicado por la Asamblea sobre esta organización han sido terriblemente parciales e interesados e incluso silenciados, de lo que no cabe duda es que querían estar presentes activamente en ella y luchar por sus objetivos291.
Otros temas tratados en la reunión hicieron referencia al resumen y balance de las jornadas de lucha del 8, 9 y 10 de abril de 1972 con el lema «Imponer el Derecho a la Solidaridad Democrática».
Por otro lado, las llamadas «Comissións de Solidaritat» iniciaron su campaña con un documento en el que quedaba claro el alcance de su objetivo. El escrito fue redactado por un grupo de juristas, del cual el Secretariado hizo una edición, donde se trataba de informar sobre el régimen penitenciario del Estado, denunciando el sistema penitenciario de este bajo el cual la política represiva del régimen alcanzaba a presos políticos o comunes sin distinción, siendo los jueces, en la práctica, los ejecutores de la sentencia penal, sumándose así al carácter represivo e inhumano del mismo sistema penitenciario. Denunciaban la vulnerabilidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por eso el informe apoyaba la petición de un Estatuto del Preso Político y deploraba el régimen penitenciario en base al concepto autoritario y fascista de la disciplina «mantenida por un sistema de castigos y recompensas», con una asistencia médica insuficiente y el ultraje de la correspondencia privada292.
En política nacional se criticó el esfuerzo del régimen por imponer al príncipe Juan Carlos como rey de los españoles, así como el movimiento de ciertos sectores afines al poder que preconizaban un cierto aperturismo, previniendo el futuro cambio de régimen y su apuesta en la perseverancia del poder, impidiendo lo que exigía el segundo punto de la declaración de la Asamblea, que era el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político. Finalmente, la III reunión Permanente aprobó lanzar una nueva campaña con el título «Per què L’Estatut de 1932» con el objetivo de fomentar el conocimiento de los principios e instituciones configuradas en el Estatuto de Autonomía de 1932; exigir su inmediato restablecimiento; activar la lucha de masas como instrumento para forzar el cambio de régimen como única salida democrática para Cataluña; y constituir el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. A este respecto se tendría que dejar claro que no era ni democrática ni válida cualquier posible solución que no reconociera como hecho mínimo indiscutible el restablecimiento de dichos principios e instituciones. Se celebraron reuniones clandestinas afín de ampliar la información sobre el Estatuto. Una de ellas fue en la sala Claret, presidida por Antón Canyellas, Agustí de Semir, Joan Colominas y Josep Solé Barberà.
Coincidiendo con la campaña mencionada, se editó un libro impreso en tapas rojas con el título El Poble de Catalunya i La República davant L’Estatut (reeditado posteriormente en 1977 con el título Volem L’Estatut) en el que se comparaban los dos Estatutos, el redactado en 1931 y en 1932. En él, trabajaron Joan Josep Armet, Rafael Castellanos, Eva Serra y el propio Carles Jordi Guardiola.
En cuanto al problema de la lengua, estaba claro que para los ponentes de la Asamblea la cuestión era preocupante, aunque algo fuera
