la creación de un estado socialista catalán con la unificación posterior con otros Países Catalanes. En la I Asamblea realizada en el exilio se declararon marxistas-leninistas adoptando una línea maoísta bajo la influencia de Antonio Morato que era partidario de crear el Partido Comunista de Cataluña. En 1973 publicaron la revista Catalunya Roja y se fusionaron con el grupo Izquierda Revolucionaria quedando con posterioridad la lucha armada en manos de la Organización Especial (OE) del FAC304.
La Asamblea de Intelectuales Catalanes, ante el desarrollo de los consejos de guerra contra los militantes del FAC, distribuyó una octavilla denunciando el empeoramiento de la situación político-social desde el Manifiesto de Montserrat el 13 de diciembre de 1970, criticando las persecuciones, torturas físicas y psíquicas y el gran número de consejos de guerra y de asesinatos contra los luchadores antifranquistas. De forma general denunciaron la «conculcación sistemática de los pueblos y naciones que forman la unidad nacional denominada Estado español»305, contra la violencia de los pueblos vasco y gallego y contra el pueblo catalán extensible a los compañeros Ramón Llorca López y Carlos García Soler, por las que se pedían 205 y 187 años de cárcel respectivamente. Ante estos hechos la Asamblea de Intelectuales reclamó la anulación de las penas, la abolición de la pena de muerte, la amnistía general y las libertades democráticas y de derechos incluido el derecho de autodeterminación.
Por otro lado, las buenas noticias llegaron a la Asamblea y a toda la oposición con la sustitución del temido comisario de policía Vicente Juan Creix. Este, junto con su hermano Antonio Juan Creix y Julián Gil Mesas, había dirigido la BIS en Barcelona llegando a ser un auténtico problema para los movimientos clandestinos de oposición. El nuevo comisario fue Gregorio Martín Guijarro, mientras que el anterior fue enviado a la Brigada Regional de Fronteras.
El 1º de octubre, mientras Franco presidia el XXXVI aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado, se estaban celebrando diversos consejos de guerra contra los que el régimen franquista denominaba «activistas». José Mª Palomas Santamaría, Miguel Jiménez Hinojosa, Tomás González Pardo y Ramón Caballero Delgado, todos pertenecientes al PCE(i), fueron condenados por asociación ilícita, insultos a la fuerza armada y propaganda ilegal, a penas de doce años de prisión; mientras que otros, concretamente ocho acusados de propaganda ilegal en la Empresa Nacional Bazán lo fueron, eso sí, en gran acto solemne y en la fragata Baleares instalada en los mismos astilleros de la factoría. Este ritmo siniestro de detenciones y consejos de guerra iría aumentando hasta la propia muerte del dictador, tres años después. Sin embargo, por el momento otras noticias destacables fueron las manifestaciones en Madrid en el Campus de la Universidad Complutense con altercados con la fuerza pública y el paro en la empresa Intelhorce (Málaga).
En Cataluña, el 4 de octubre de 1972 se detuvo a la Comisión Permanente del Secretariado de Iustitia et Pax, y el 18 se retuvieron los pasaportes a los asistentes en Ginebra (Suiza) a los Jocs Florals de la Llengua Catalana, entre ellos Mª Rosa Oller de Faulí, José Mª Castellet, Alexandre Cirici, Félix Cucurull, Josep Faulí, Albert Manent, Ramon Pellejero (Raimon) y Joan Triadú.
Pero nada de todo esto alteró las reuniones programadas por la Asamblea, de modo que, el domingo 22 se celebró la IV reunión de la Permanente que decidió convocar por primera vez en nombre de la Asamblea, una manifestación en Ripoll (Gerona), «L’Aplec de Ripoll». Cuenta Josep Dalmau que gracias a las sugerencias de los No Alineados se aceptó la iniciativa de ocupar un pueblo sin cometer nada que fuera ilegal en contra de organizar la clásica manifestación en el cruce de la Rambla con la calle Pelayo306.
Los primeros debates entre los asistentes fueron dirigidos a las posibles respuestas ante la presión de la patronal duramente criticada por representantes de los sindicatos, mientras que el representante de La Asamblea Permanente de Intelectuales informaba de un dossier sobre la represión cultural en Cataluña. En dicha reunión también se aprobó la edición y distribución del documento titulado «Hacia la II Sesión de la Asamblea de Cataluña», con una tirada que sobrepasó los 24 ejemplares, repartiéndose de forma directa y clandestina. La Comisión también configuró a rasgos generales el contenido de la II Sesión, basándose en puntos que, a pesar de ser repetitivos, no perdían su valor estratégico. Se trató el tema de la lucha obrera, recordando las movilizaciones de El Ferrol, Vigo, Barcelona, Cerdanyola, Ripollet y Navarra con una perspectiva más amplia, proponiendo huelgas en cadena hasta llegar a la paralización activa de poblaciones y comarcas enteras y finalmente a la huelga general en el empeño de exigir el derecho de huelga y los derechos sindicales.
Para la Asamblea había ciertos indicadores que daban una visión sobre el estado de la nación, justificando la crisis del sistema político vigente. Se habló del aumento incesante del coste de la vida, del incremento del paro y de la emigración provocada, de los problemas en la enseñanza y del caos urbano con la imposibilidad de conseguir viviendas dignas y asequibles dentro de un urbanismo racional, proponiendo una democratización de la gestión y administración local, también de equipamientos urbanos racionales y suficientes, de la socialización del suelo urbano y de la lucha contra la especulación, estando a favor de la planificación urbana y territorial que englobase toda el área nacional catalana. La sanidad, claramente insuficiente, era otro factor esencial por lo que se exigían nuevos equipamientos, una seguridad social extensible a los agricultores que trabajaban por cuenta propia sin salario permanente y el traspaso de la gestión y el control de la seguridad social en manos de sus afiliados. También se criticó la corrupción económica y el monopolismo incontrolado generado con la aquiescencia del régimen que, según la Asamblea, provocaba como respuesta la reacción de los trabajadores. No obstante, para la Comisión el elemento más conflictivo para el gobierno seguía siendo la acción reivindicativa de la clase obrera. Los conflictos en la empresa SEAT, Motor Ibérica, Roca, New Pol, Shappetex, Starlux, Periman, situadas en el Vallés y en el Bajo Llobregat, junto con otras empresas en conflicto sumando 31 en su totalidad, entre las que destacaban Tortillería Mata y Corberó, eran claro ejemplo de la situación; mientras que, en el resto del Estado, los conflictos en El Ferrol y en Vigo y las consecuentes represalias contra dirigentes de CC.OO centraban a nivel nacional la polémica laboral en aquellos días. El Secretariado señaló también en su informe el incremento de las manifestaciones vecinales en los barrios de Sants, Gracia, Bellvitge, Trinidad, etc., así como la lucha en las comarcas y en el campo. A ese respecto, se recogió con interés el problema en el medio rural por la falta de medios educativos, de formación profesional y de la explotación en provecho de la oligarquía terrateniente.
296. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 156-157.
297. FABRÉ, Jaume, «Quatre mesos d’emissions radiófòniques», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 52.
298. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 200.
299. Tele/eXpres, 5-7-1972.
300. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 73.
301. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 65. En DALMAU, Josep, op. cit., p. 18.
302. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya», Carpeta 104/39, 9/1972. Ver también AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta 11-9-1972. «Perqué L’Estatut del 32?».
303. MOLAS, Isidro, op. cit., pp. 112.
304.
