encontrando en la difusión de la prensa clandestina la única respuesta.
Frente a estos, el Ejército y las fuerzas de orden público seguían siendo el baluarte más sólido del régimen y el principal instrumento represor frente a las actitudes de descontento, salvo honrosas excepciones como la Unión Democrática Militar (UMD). En definitiva, la estrategia del régimen se basó en la utilización de los órganos legislativos (Las Cortes) y el abuso de poder del dictador. El único objetivo era asegurar la supervivencia del sistema, mediante la maniobra continuista del príncipe Juan Carlos y con el aumento de la represión como la manifestación más explícita de esta voluntad. El propio ministro, Tomás Garicano Goñi, afirmaba que «Pensar que las armas de fuego no han de ser utilizadas es erróneo (…). Mientras el ciudadano disconforme no llegue a este convencimiento no habrá verdadero orden»318.
Sin duda, toda esta política seguía al servicio de los intereses de una minoría económicamente prepotente que para mantener sus privilegios se había vendido al régimen; sin embargo, no todo dentro del entorno del poder era unitario, detectándose actitudes confusas de las que se podría desprender una cierta ilusión por una evolución del sistema hacia una democracia obviamente imposible.
En las relaciones exteriores, sorprendían las contradicciones entre los intereses de la oligarquía catalana, más abierta a Europa, y el inmovilismo político centralista que planteaba contactos y nuevas vías comerciales con los países del telón de acero. Tampoco se podían despreciar los grupos de extrema derecha, la mayoría de rasgos fascistas y apoyados en muchos casos por el propio régimen, que reprimían mediante la violencia cualquier manifestación contraria al orden político establecido. Entre estos grupos destacaban los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos de Lucha Antimarxista, Defensa Universitaria y el Partido Español Nacional Socialista (PENS). Este último había sido fundado en 1970 en Barcelona por Jesús Poveda Mellado, que procedía de Murcia y que junto con una docena de jóvenes, en su mayoría procedentes del barrio barcelonés de la Verneda y de centros de enseñanza media en Badalona, empezaron a reunirse desde 1969, editando una revista titulada Orden Nuevo. Este movimiento de ultraderecha surgió en la clandestinidad y estaba muy próximo a otras organizaciones como Fuerza Nueva y CEDADE que actuaban violentamente contra la oposición democrática con total impunidad. Sus vínculos con el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, dirigido por el coronel San Martín —implicado más tarde en el 23 F— corroboraban la estrategia inmovilista del régimen para mantener los denominados valores del 18 de Julio319.
312. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 105.
313. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 164.
314. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 44, 54, 164,
315. FRC, AJR, «Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró», Carpeta 43, 1-1-1973.
316. FRC, AJR, «Casal Catalá d’Angulema», Carpeta 76, 29-3-1973.
317. AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta, 2-6-1973.
318. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 29-39.
319. CASALS, Xavier, «El PENS i l’extrema dreta a Catalunya, 1970-74», L’Avenç n.º 147, 1991, p. 20.
La Iglesia y su relación con la Asamblea de Cataluña
La Iglesia española en general fue marcando progresivamente su distanciamiento del régimen, y este, a su vez, reaccionó mediante maniobras de presión contra ella; tómese como ejemplo la sustitución del embajador del gobierno español ante el Vaticano. Sin embargo, fuera de todo este juego político, un gran número de cristianos abandonaron la pasividad que la iglesia oficial ofrecía, incorporándose a la lucha en defensa de los derechos fundamentales, de tal modo que movimientos asociativos como Iustitia et Pax pasaron a la denuncia pública del régimen.
El historiador Agustí de Semir que en aquellos tiempos era el representante funcional del Grup Cristiá de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en su artículo titulado «L’Església i L’Assemblea», describe con claridad cómo era esta relación en Cataluña publicando la opinión del propio arzobispo de Barcelona Marcelo González Martín expresada en una conversación personal con él:
«Yo creo —comentaba el arzobispo— que muchos de estos cristianos están equivocados en sus opciones ideológicas, pero en un país donde el derecho de reunión no se puede ejercer, la Iglesia ha de facilitar los medios para que este derecho se pueda ejercer sin que la Iglesia se comprometa en las decisiones que se puedan tomar en el ejercicio de este derecho.»320
De estos comentarios se deriva un cambio de actitud relacionada con la posición neutral de la Iglesia catalana oficial ante las diferentes propuestas ideológicas y su defensa a ultranza del derecho de reunión; no obstante, esta posición cambió algún tiempo después cuando el nuevo arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany tomó las riendas del poder. Fue a partir de entonces cuando este, junto con el obispo de Urgell, Joan Martí Alanís, y el de Tarragona y Primado de Cataluña, Josep Pont i Gol, inyectaron un aire nacionalista a sus intervenciones en defensa de los derechos democráticos de Cataluña y aumentaron considerablemente su apoyo a la causa defendida por la Asamblea. De esta forma no podemos olvidar el papel tan importante, sobre todo en el logístico, que jugaron las órdenes religiosas al ofrecer al SCPAC diferentes alternativas donde reunirse y esconderse, evitando así la presión policial, y destacar en su conjunto la infinidad de sacerdotes y seglares comprometidos con la Asamblea, algunos con elevado protagonismo en sus actividades. Agustí de Semir destacó a personajes como el sacerdote Josep Mª Juncá, rector de la parroquia de San Agustín, que como él mismo relata, el sábado 6 de noviembre de 1971, recibió la visita de Francesc Vila-Abadal, el sacerdote Josep Mª Vidal Aunós y el propio Semir para pedir la utilización del local el día siguiente para celebrar la reunión constitutiva de la Asamblea. Cabe destacar que el arzobispo Jubany también aceptó responsabilizarse de la situación por si pasaba alguna cosa, aunque prefiriese no identificarse con ninguno de los miembros presentes en la reunión. Otros religiosos que destacaron por su implicación fueron Joan Carrera, vicario episcopal; Joan Botanch, conocido como Salvador de les Borges; y el seglar Molas, director de Justicia i Pau.
Otro aspecto destacable fue la influencia de la Iglesia en la política de oposición al régimen a través de los movimientos cristianos. Basta recordar que mientras se constituía la CCFPC, paralelamente se había creado en Barcelona la Comissió de Serveis de les Comunitats Cristianes de Base con el fin de coordinar diferentes grupos cristianos identificados con las aspiraciones promulgadas en el Concilio Vaticano II. Su extensión coordinaba unas 95 comunidades, englobando a más de tres mil cristianos321. Dicho movimiento fue encabezado por Jaume Rodri, Josep Ribera, Joana Villemur, Jordi Ligüerre y Josep Dalmau, incorporándose con posterioridad Ricard Lobo y Lluís Mª Xirinachs. Más tarde se creó el llamado Grup dels No-Alineads (No Alineados) con el fin de pasar más desapercibidos en el trabajo clandestino con la Asamblea. Este grupo llegó a tener representación en casi todas las comarcas de Cataluña. Su participación en la Asamblea abarcó diferentes aspectos comenzando por la búsqueda de lugares de reunión: parroquias (San Isidro), colegios (jesuitas, escolapios) o conventos (reparadores, filipenses, carmelitas). También intentó influir en la forma de manifestarse de la Asamblea buscando soluciones no arriesgadas, aunque siempre se acabase corriendo delante de los «grises».
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