de L’Estatut d’Autonomía de Catalunya» se intentaba justificar la vuelta de la oficialidad de la lengua catalana en el marco de un poder político catalán que decidiese respecto a la legislación social, con plena libertad de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos; asimismo se pedía la socialización de la riqueza nacional, la creación de centros de enseñanza propios y de una universidad catalana, de la sanidad, de la administración de justicia y del régimen local312.
Por otro lado, la actividad interna dentro de la CPAC se fue decantando hacia los trabajos preparatorios de la II Asamblea, tomando el SCPAC la iniciativa mediante la redacción de un documento basado en tres apartados principales. Primeramente, efectuó un análisis crítico sobre el trabajo realizado por la Asamblea. A continuación, se presentó un informe comparativo entre la situación actual del régimen y de la oposición, a la vez que se indicaban una serie de consideraciones generales:
1. «En Cataluña, la lucha contra la dictadura ha conocido estos últimos tiempos un incremento notable desde el momento que se constituyeron plataformas unitarias a nivel obrero, universitario, de barrios y comarcas, de partidos y, finalmente la Asamblea. Estos hechos constituían un conflicto grave para el régimen que quería dividir la oposición. Esta, por otro lado, no acaba de explotar todas sus posibilidades de lucha unitaria.
2. El problema nacional catalán constituye el marco natural que de manera implícita o explícita caracteriza cada vez más totalmente la lucha reivindicativa en Cataluña.
3. La Asamblea de Cataluña considerará cuales son los flancos más vulnerables y políticamente más favorables, en orden, a una posible lucha unitaria, basada en los acuerdos fundamentales de la Asamblea.»313
Y finalmente, se propusieron los objetivos políticos a realizar de cara a la II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña, concretándose en la mejora de la organización y una línea de acción marcada en busca de la ruptura democrática, contando con la acción de las masas. Estos objetivos se concretaron en la adopción de puntos de convergencia, identificación de la lucha unitaria y nuevas formas de lucha, referencia a posibles estructuras unitarias, relaciones con el resto del Estado y con organismos extranjeros e internacionales314. También se efectuó una valoración global de la corta existencia de la Asamblea, admitiendo cierta autocrítica por la poca difusión que se había tenido entre el pueblo.
En el mismo documento se dieron a conocer los trabajos y campañas realizadas desde la constitución de la Asamblea, entre ellas: la solidaridad con el pueblo de Vietnam; la solidaridad con los estudiantes en sus reivindicaciones, véase como ejemplo la circular distribuida en enero de 1973 por la Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró, Vallbona y Ciudad Meridiana, a favor de la gratuidad de la enseñanza hasta los 14 años según decía la Ley de Educación y dando su apoyo a los maestros en huelga315; en la denuncia contra el consejo de guerra contra el Front d’Alliberament Català (FAC); los contactos con la oposición en el resto del país, en el exilio y a nivel internacional; las campañas llamando a la desobediencia civil contra la ilegalidad fascista; por el derecho a la Solidaridad Democrática, sobre el sentido del Estatuto de Autonomía de 1932; por el apoyo en el aplec de Calella y Ripoll y sobre la difusión de la emisora «La veu de l’Assamblea de Catalunya». A este respecto, el 29 de marzo de 1973 la Junta de gobierno del Casal d’Angulema, en Angulema (Francia), cuyo secretario era Joan Oller y el presidente Salvador Guasch, criticaban en una carta enviada a Les Amis de la Culture Catalane, los esquemas presentados en la propuesta «Cap la II Assamblea de Catalunya» por la falta de emisiones formativas de concienciación nacional y por toda idea relacionada con los países del Este316.
Sin embargo, dentro del seno de la propia Asamblea no todos los partidos participaban de las mismas conclusiones publicadas por el SCPAC. El 2 de junio de 1973, el PSOE y la UGT, en respuesta al documento antes mencionado, hicieron un análisis de la situación actual del régimen y de la oposición, afirmando que el movimiento obrero ocupaba el puesto fundamental (de vanguardia) en la lucha antifranquista. Exigían que las fuerzas de oposición repudiaran el ingreso de España en el Mercado Común sin previamente haberse efectuado el restablecimiento de las libertades fundamentales, sin limitaciones de ningún tipo, indicando la obligación de la oposición —fundamentalmente de las fuerzas obreras— a condenar a los países del Este por sus contactos económicos, comerciales y diplomáticos con el régimen franquista. En sus consideraciones generales hicieron hincapié en que la clase obrera, cada vez más consciente de su fuerza, tendería a extender la lucha al máximo. Por otro lado, afirmaron que el problema catalán solo servía de aglutinante a ciertos sectores de la oposición, nada más. A su vez, indicaron que el aumento del ritmo de trabajo, el coste de la vida, la corrupción del régimen, la represión, las malas condiciones de vida en los barrios obreros y la falta de escuelas eran factores que de verdad empujaban a sectores cada vez más amplios a la lucha, señalando que los flancos más vulnerables y que más daño hacían al régimen eran los que tenían una incidencia directa sobre la producción y la economía. En ese mismo comunicado afirmaron:
«El PSOE y la UGT aceptaron en su momento —con las salvedades que se hicieron— los cuatro puntos programáticos de la Asamblea. Para nosotros ello significaba un programa de transición en un intento de incorporación en la lucha contra el régimen de ciertas capas vacilantes. Discrepamos profundamente con el Secretariado en que los cuatro puntos aceptados por la I Sesión de la Asamblea de Cataluña sean respetados plenamente.»317
A partir de estas consideraciones, la FSC-PSOE y UGT, propusieron un texto alternativo al presentado por el SCPAC, pidiendo la libertad de los presos políticos y la cancelación de responsabilidades de los exiliados políticos; el pleno ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad de reunión, expresión, asociación sindical y política, manifestación, huelga, etc., que garanticen el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político; por la libre autodeterminación de Cataluña y de los demás pueblos de España; y por la coordinación, a nivel nacional, de la lucha obrera y otros sectores populares contra la injusticia social, la represión y por las libertades democráticas.
En estos apartados no se hizo mención del Estatuto de 1932, afirmando con posterioridad su oposición a la constitución de un gobierno provisional en Cataluña, ya que este, como el de la República en el exilio, no tenía en ese momento papel que jugar. No obstante, pasado algún tiempo, el PSOE y la UGT aceptaron el tercer punto programático de la Asamblea.
Mientras tanto, el mundo de la enseñanza estaba en crisis por el fracaso del reformismo planteado por la nueva Ley General de Educación que no daba solución a importantes aspectos educativos relacionados con el déficit de escolarización, debido en parte, por la insuficiencia de plazas escolares en los niveles de enseñanza media y universitaria, por la selectividad a todos los niveles, y por la insuficiente gratuidad de la enseñanza, calificándola de clasista y deformadora.
Desde Cataluña, buena parte del mundo académico e intelectual identificado con el catalanismo reivindicaba la negación sistemática de los derechos culturales y el abandono del idioma autóctono en los centros de enseñanza, finalizando con la arbitrariedad en la selección y contratación del profesorado, que además tenía un bajo nivel de retribución económica. En la propia Asamblea, la frase «compañero, habla en castellano», no se utilizó frecuentemente, pero no era nada excepcional oírlo, ya que, lo más frecuente era hablar en castellano incluso por personas catalanoparlantes, sobre todo en un quorum de mayoría obrera e inmigrante.
Por otro lado, el gobierno hacía lo que podía en su tarea intervencionista intentando liquidar o manipular a los Colegios Profesionales, que en aquellos días ejercían una fuerte influencia en la sociedad y en la economía, mediante el veto de algunos candidatos como los que se presentaban a las elecciones de la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
En Cataluña, poco a poco, la mayoría de los intelectuales fueron aceptando las formas de lucha popular, sobre todo después de la constitución de la Asamblea Permanente de Intelectuales y Profesionales; no obstante,
