si se cumplen dos condiciones: (1) cuando un grupo armado intenta controlar un territorio y (2) en situaciones y lugares en los que los grupos armados cuentan con información sobre las lealtades de la población civil, en específico, si existen razones para pensar que algunos tipos de civiles, posiblemente, están apoyando a un grupo armado rival. Si un grupo armado logra establecer que un conjunto de civiles se encuentra vinculado con alguna de las partes en conflicto, entonces puede inferir las lealtades que profesan los miembros individuales de esa colectividad. Los civiles que son considerados desleales dificultarán la conquista del territorio. Además, podrían contribuir a que el grupo adversario consiga resistir la incursión y serían difíciles de coaccionar o persuadir para que cambien de bando. Por lo tanto, expulsar a los desleales contribuirá a que el grupo armado conquistador pueda incursionar para hacerse con el control. Asimismo, deponer a los adversarios locales hará que los demás residentes de una determinada comunidad tiendan a colaborar sin temer a la retaliación.
Pero, incluso, si la supresión del apoyo civil de los rivales tiene sentido estratégico para los grupos armados, ¿cómo identificar a los desleales en ausencia de pistas que pongan en evidencia una filiación? Las elecciones constituyen un mecanismo para alcanzar ese objetivo, pues permiten poner al descubierto las preferencias políticas de la población. Cuando los resultados electorales encajan con barrios y veredas específicos, como tiende a ocurrir durante las elecciones locales, los residentes de esos lugares quedan en evidencia como seguidores de un partido o candidato particular.
Además de la información reveladora que de forma directa proporcionan acerca de los pobladores, las elecciones también pueden fomentar nuevas alianzas. Si un partido político alineado con la insurgencia resulta favorecido, los políticos derrotados pueden sentirse motivados para aliarse con grupos contrainsurgentes, con el fin de promover cambios en las decisiones del electorado y, de esa forma, crear una oportunidad más favorable para ganar en próximos comicios.
Este contexto plantea una serie de implicaciones con respecto a las situaciones y a los lugares en los que el desplazamiento tiende a ocurrir. En términos cronológicos, la selección de objetivos militares colectivos y la limpieza política solamente deberían ocurrir una vez que se ha producido una disputa que termina uniendo grupos de civiles con alguno de los bandos de la guerra. Este tipo de disputas no siempre es constante durante una guerra civil. El momento posterior a una elección es un ejemplo entre otros. Las disputas también pueden cambiar debido a otras razones. Para volver sobre el caso de Iraq, durante los tres años posteriores a la invasión que comenzó en 2003 la actividad insurgente no estuvo relacionada de forma directa con la identidad religiosa. Solamente fue después del bombardeó contra la mezquita de Samarra en 2006 que chiitas y sunitas consolidaron bandos de guerra opuestos. En especial, algunos observadores sostienen que el cambio comenzó en 2005, cuando los partidos políticos comenzaron a unirse en torno a las identidades religiosas. Una de las consecuencias fue el aumento masivo del desplazamiento, tan pronto como las lealtades de los miembros de las sectas predominantes empezaron a ser consideradas sospechosas por los grupos armados de las otras sectas.
Arturo y sus vecinos no habían sido puestos en la mira de la limpieza política hasta que votaron por un partido político vinculado con la insurgencia. La Unión Patriótica (UP) fue creada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un contexto de diálogos entre ese grupo y el gobierno colombiano. Si bien la violencia fue una constante a lo largo de la década de 1980 en la región en la que vivía Arturo, el fenómeno del desplazamiento era poco frecuente hasta que los grupos paramilitares optaron por amedrentar a la población convirtiendo en objetivo militar a los seguidores del partido político de las FARC, con el fin de expulsarlos de la comunidad. Los residentes de un barrio cercano no cayeron en la mira de los paramilitares, a pesar de que tenían los mismos antecedentes socioeconómicos, raciales e, incluso, laborales que Arturo y sus vecinos. Aquellos también eran militantes de izquierda y estaban asociados con su propio grupo insurgente, el Ejército Popular de Liberación (EPL). Cuando los paramilitares comenzaron su incursión en la región, el EPL estaba oficialmente desmovilizado y, por lo tanto, no era la prioridad fundamental de la contrainsurgencia. De hecho, algunos exintegrantes del EPL crearon nuevas milicias que, según ellos mismos sostenían, eran necesarias para protegerse de las FARC, que los acusaban de proporcionar información al estado. La nueva milicia formó una alianza con los paramilitares, que aportaban protección adicional a los civiles vinculados tradicionalmente con el EPL.
Tan pronto como se establece el vínculo entre los grupos de civiles y su probable apoyo a la insurgencia o al estado, es posible la selección de objetivos militares colectivos. Esa situación es más palpable, sin embargo, cuando un grupo armado intenta controlar una comunidad. En guerras civiles irregulares (es decir, aquellas protagonizadas por insurgencias), los grupos contrainsurgentes tienden más a emplear esa estrategia debido a que supone recursos abundantes y permite llamar la atención. La insurgencia, por lo general, no puede permitirse esos privilegios. Las comunidades o sectores de comunidades en que vive población civil supuestamente desleal son los que con mayor probabilidad caen en el punto de mira de la limpieza política. Esto es aún más factible en comunidades en las que la población local va a beneficiarse de alguna manera de la expulsión de sus vecinos. En el caso de Arturo, el partido político que él apoyó fue especialmente problemático debido a que desafió el poder de las élites locales, a las que incitó a aliarse con grupos contrainsurgentes. Sin Arturo y sus vecinos, las élites pudieron ganar las elecciones y restablecieron su poder político de ahí en adelante.
Evidencia sobre Colombia
El libro documenta la selección de objetivos militares colectivos y la limpieza política, al tiempo que emplea evidencia sobre Colombia con el fin de entender cuándo y dónde esos fenómenos pueden tener lugar. La de Colombia no es una guerra civil de carácter étnico, por lo que la evidencia sobre la selección de objetivos colectivos en el país es indicativa de que esa práctica también puede existir en otras guerras civiles que carecen de naturaleza étnica. Además, Colombia es un país con una gran diversidad de regiones, topografías y presencia estatal, lo cual posibilita evaluar el argumento bajo condiciones variadas en el contexto de una misma guerra. Por último, debido a la importancia de las elecciones en la guerra civil colombiana, la experiencia es iluminadora con respecto a otras guerras civiles que a menudo adoptan las elecciones como mecanismo para la construcción de paz o para la resolución de conflictos.
Las formas de desplazamiento que el libro describe y explica son difíciles de observar de manera directa. Además, la recolección de datos en las guerras civiles es compleja. Los registros suelen perderse o han sido destruidos, y los recuerdos de las personas cambian en el transcurso de la guerra. Para recopilar información, fui a la región del Urabá en el noroccidente de Colombia, uno de los territorios que primero padecieron el resurgimiento de la violencia en la década de 1990. El Urabá es una región diversa, que cuenta con comunidades rurales y centros urbanizados, economía de subsistencia y agricultura comercial. Por toda la región hay enclaves habitados por seguidores de partidos políticos distintos, lo cual me permitió estudiar si ciertas personas tenían mayor probabilidad de caer en el punto de mira y huir en comparación con sus vecinos. Cuando decidí recolectar evidencia sobre la variación de las lealtades políticas, encontré lo que estaba buscando en una concurrida oficina administrativa, cuyo agobiado director me permitió entrar a los “archivos”, una azotea que más parecía la obra de un acumulador. Montones de papeles ocupaban la mayoría del espacio. Había bolsas atiborradas de las que salían papeles que llenaban todo el recinto e impedían entrar. Al final, localicé algunas carpetas que contenían lo que necesitaba: la lista de votantes registrados, organizada por orden de número de cédula y puesto de votación. Esas listas se hacían antes y después de que los grupos paramilitares llegaran a la región, por lo que pude establecer quienes se habían quedado y quiénes se habían marchado después de que aquellos tomaron el control. En otra carpeta encontré los resultados de las elecciones locales, también organizados de acuerdo con el puesto de votación. Esos registros me permitieron demostrar que quienes residían en lugares
