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EDUARDO CORDERO Q.*
RESUMEN
Este trabajo tiene por objeto analizar la discusión que se ha presentado en Chile en el mercado eléctrico en relación con la implementación de los equipos de medida inteligente (smart meter). El cambio y mejora tecnológica genera un costo que debe ser asumido por las concesionarias de distribución eléctrica, pero que se debe considerar en la determinación de la tarifa. Por su parte, las medidas de incentivo que se han propuesto, como es la compra de los medidores antiguos, genera una contingencia regulatoria, ya que dicho costo no puede ser transferido a las tarifas y no constituye una obligación para el concesionario. Por su parte, la concesionaria solo puede prestar el servicio de distribución en la medida en que los usuarios cumplan con la norma técnica, lo que considera equipos de medida inteligente.
PALABRAS CLAVE
Mercado Eléctrico; Distribución; Medidores inteligentes.
INTRODUCCIÓN
Un medidor inteligente o contador inteligente (smart metering) es un tipo de medidor o contador avanzado de servicios básicos (electricidad, agua o gas), que permite calcular el consumo de una forma más detallada o con mayor resolución temporal que los medidores convencionales. Además, estos aparatos ofrecen otras prestaciones, como la posibilidad de transmitir la información directamente al centro de procesamiento, lo que permite mejorar la gestión en la facturación; hacer un seguimiento sobre el consumo de los usuarios, realizar un mayor control sobre estos; interrumpir o restablecer el servicio de forma remota, además de ofrecer servicios personalizados1.
A nivel comparado, la Directiva de Servicios de Energía de la Unión Europea (2006/32/EC) identificó los medidores inteligentes como una de las principales formas de lograr una mejora en la eficiencia energética. Posteriormente, la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad2, estableció en el Anexo I, como medidas de protección a los consumidores, que “2. Los Estados miembros garantizarán la utilización de sistemas de contador inteligente que contribuirán a la participación activa de los consumidores en el mercado de suministro de electricidad. La aplicación de estos sistemas de medición podrá ser objeto de una evaluación económica de todos los costes y beneficios a largo plazo para el mercado y el consumidor particular, o del método de medición inteligente que sea económicamente razonable y rentable y del plazo viable para su distribución”. En relación con esta evaluación económica, la misma directiva dispone que “[…] los Estados miembros o cualquier autoridad competente que aquellos designen prepararán un calendario con un objetivo de hasta diez años como máximo para la aplicación de sistemas de contador inteligente”. Así, para el año 2020 al menos al 80% de los consumidores deberá disponer de un sistema de contador inteligente, sujetos a una evaluación económica positiva de los costos y beneficios a largo plazo, que debe realizar cada estado miembro3.
De esta forma, comenzó el despliegue de medidores inteligentes en los Estados miembros de la Unión Europea. A mediados de 2011, se habían instalado aproximadamente 42,3 millones equipos, principalmente como resultado de grandes despliegues en Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca (Van der Zanden, 2011).
Por su parte, la implementación de esa Directiva en España, a octubre de 2018, daba cuenta de que Iberdrola ya contaba con 10,6 millones (el 99,9% del total); Endesa, con 11,4 millones (97,5%); Unión Fenosa Distribución, con 3,55 millones (98%); Edp, con unos 654.000 (98%) y Viesgo, con 688.035 (100%) de usuarios con este sistema instalado en sus hogares4. En tanto, en EE.UU. la instalación de los medidores inteligentes alcanzaba los 70 millones en 2016, estimando que al año 2020 su número llegará a 90 millones5.
En definitiva, el mercado global de equipos y servicios de red inteligente se ha expandido rápidamente en los últimos años y se espera que continúe su fuerte crecimiento durante la próxima década. Bajo tal contexto, las políticas gubernamentales, en particular una correcta regulación y el establecimiento de incentivos fiscales adecuados, son factores claves para su implementación de medidores inteligentes en el sector eléctrico de distribución, lo que contribuye a mejorar la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad de la red de distribución.
I. REGULACIÓN DE LOS MEDIDORES INTELIGENTES EN CHILE
Dada su novedad, la regulación para implementar en Chile un sistema de medición del consumo de energía “inteligente” es relativamente reciente. En efecto, el año 2012 se dictó la Ley n.° 20.571, denominada Ley de Generación Distribuida, que contemplaba el uso de medidores bidireccionales estáticos (MBE), es decir, centrada en la posibilidad de inyectar energía al sistema eléctrico a nivel de distribución, para lo cual era necesario dictar algunas disposiciones sobre el sistema de medición inteligente6. En todo caso, y como se ha dicho, esta regulación no estaba centrada en implementar un nuevo sistema de medición, sino en permitir que los usuarios pudieran producir energía y aquella fuera inyectada al sistema.
A pesar de que los estudios en la materia daban cuenta de la ausencia de investigaciones multisectoriales, en los que estuvieran presentes cada uno de los actores expertos en las áreas involucradas en el desarrollo armónico y sustentable de las redes inteligentes7, se destacaba la conveniencia de implementar los Sistemas de Medición, Monitoreo y Control (SMMC), considerando que no existían obstáculos técnicos para ello. Sin embargo, aquello requería de políticas públicas, sociales y/o regulatorias claras que permitieran que todos los sectores involucrados funcionaran de forma coordinada, desempeñando roles precisos y bajo una estructura de costos regulada8.
Por tal razón,
