La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991. Jorge Eliécer Guerra Vélez
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A partir de 1992 la ad m-19 recurrió a un discurso populista y al clientelismo, lo cual precedieron dos imputaciones desde la base. La una contra las actitudes conciliadoras del grupo parlamentario y otros dirigentes; algo que Navarro reconoció: “en general, actuábamos sobre unos ejes ideológicos alternativos, pero políticamente dejamos de ser una piedra en el zapato, dejamos de ser rebeldes”.81 La otra contra la estructura vertical que hizo curso y la importancia que asignaba a las clases medias respecto a las pobres. Para algunos las dificultades se debieron a que las filiaciones históricas permanecieron intactas pese al llamado de disolución en un solo agrupamiento, comenzando por quienes originaron la idea y provenían del m-19. Ni la sujeción a preceptos ideológicos, que pudieron completarse con las deliberaciones, ni la riqueza debida a esa diversidad de experiencias primaron en la ad m-19; al mejor estilo militar, la orden la daban los dirigentes más renombrados. Otros estipularon que el problema radicó en la llegada de grupos y figuras sin pasado guerrillero, sindical o ligado a organizaciones sociales con trayectoria; vistos como meros oportunistas, desconocedores de toda una historia de la izquierda cargada de abnegación, y por momentos de sangre. Esta posición produjo en ciertos dirigentes medios o militantes también de la izquierda o pertenecientes a colectividades políticas y sociales moderadas el sentimiento de haber sido aislados por quienes venían de las guerrillas. Quizás una de las mejores síntesis la proponen Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo:
En lo orgánico los resultados de esta etapa de la vida de la ad m-19 fueron: i) la configuración gradual de una organización electoral, sin la experiencia y fortalezas de los partidos tradicionales, sin un discurso coherente para sostener en los espacios de representación, con lo cual se acrecentaron las semejanzas con los partidos tradicionales; ii) el aplazamiento indefinido del Congreso fundacional que debería haber discutido y adoptado un programa, integrado una dirección nacional colectiva, definido la estructura orgánica y la naturaleza de partido o movimiento, a pesar de los seminarios nacionales y los foros ideológicos que se realizaron durante 1991; iii) la formación de direcciones nacionales, más hipotéticas que reales y con poco arraigo en la militancia, integradas por los constituyentes, primero, y los congresistas después; iv) la progresiva erosión del liderazgo interno de Antonio Navarro, a pesar de que mantenía proyección política nacional.82
Esta síntesis no dista de reflexiones aquí ya expuestas. Si se disiente, es con el aparte iii. Las fuentes consultadas sugieren más bien que la dirigencia de la ad m-19 no supo maniobrar la buena reputación de la que gozaba entre la militancia ni la relación con las jefaturas regionales; en concreto, lo que le faltó fue la ratificación legal de sus funciones. En cuanto al discurso incoherente y la ausencia de un programa, de ello no cabe duda; algo que no comparten Adolfo Álvarez y Hernando Llano, quienes replican a la que estimaron la tesis que se propagó entre los intelectuales: “al contrario, precisamente por ser una preocupación muy sentida en la práctica política de varias de las formaciones llegadas a ella […], se produjeron importantes tesis y consensos políticos […] que en síntesis se podrían tipificar como una propuesta social democrática para Colombia”.83 Indudablemente hubo esfuerzos por construir una estructura que recogiese y tramitase las diversas proposiciones, pero el proyecto socialdemócrata fue el deseo de un reducido sector; en últimas, todo se supeditó a las resoluciones del Congreso diferido, y no a los arrebatos tras cada seminario o foro político.
Finalizando 1992 va a ser palpable el descalabro de otra tentativa por el poder del Estado para una fuerza de izquierda. Al mismo tiempo, quienes manifestaron afición por la afirmación de la ad m-19 en el sistema político volcaron su interés, como el resto del país, a unos índices de homicidios exagerados. La violencia afligió, entre otros, a excombatientes del epl que residían en zonas rurales; en ese caso, la responsabilidad la tuvieron tanto miembros de la fuerza pública en concierto con grupos paramilitares y de narcotraficantes como la facción que continuó en armas bajo el mando de Francisco Caraballo y las farc. La rutina sociopolítica colombiana retomó su curso con el desangre sin intervalo y dos partidos dueños de la burocracia estatal. La expectativa de un cambio del sistema bipartidista, cuyas fuerzas eran más complementarias que antagonistas, comenzó a fenecer. Si pese a lo intangible de sus efectos la Constitución fue una proeza, y si la concepción de Colombia como Estado social de derecho se impregnó también del espíritu de la izquierda legal y reformista, las propuestas de sus delegatarios con miras a la transformación social no tuvieron la temeridad esperada puesto que privilegiaron la moderación y la avenencia.
Muchos simpatizantes y militantes de izquierda, incluyendo los combatientes de la crs que se aprestaban a desmovilizarse, estimaron sin identidad a la ad m-19 y se abstuvieron de depositar en esta sus aspiraciones políticas. Hacia 1993 la disgregación quedó reflejada en el cambio de percepción de la opinión; a un año de la elección presidencial, el respaldo a la candidatura de Navarro se desplomó a 12.5 %, bien lejos del 70 % que recogió al finalizar la Asamblea Constituyente. El dirigente trató tardíamente de encauzar el rumbo en el Foro Ideológico Nacional, en febrero de 1994. Allí varios asistentes le pidieron que más bien encabezara la lista al Senado y constituir la que sería la bancada opositora al régimen, aprovechando la dispersión de listas. La decisión de Navarro, que se colige con los resultados del 29 de mayo,84 mostró que la ad m-19 nunca superó el badén ideológico y político que paliaron sus primeros logros electorales (véase tabla 2.2). A nombre de Compromiso Colombia, su votación fue menor a la de Jaime Pardo Leal en representación de la up en 1986. Que Navarro una vez eliminado haya apoyado a quien saldría presidente fue algo fortuito. Para completar, con 140 819 votos, la ad m-19 perdió las nueve curules conseguidas apenas tres años antes.
Tabla 2.2 Elecciones presidenciales de 1994
Candidato | Partido o movimiento | Votación |
Primera vuelta, 29 de mayo | ||
Ernesto Samper Pizano | Partido Liberal | 2 623 210 |
Andrés Pastrana Arango | Nueva Fuerza Democrática | 2 604 771 |
Antonio Navarro Wolff | Compromiso Colombia | 219 241 |
Segunda vuelta, 19 de junio | ||
Ernesto Samper Pizano | Partido Liberal | 3 733 366 |
Andrés Pastrana Arango | Nueva Fuerza Democrática | 3 576 781 |
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1 La Alianza Nacional Popular (Anapo) fue una disidencia en el interior del Partido Conservador.
2 Bushnell, David. Colombia: Una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días. Bogotá: Planeta, 2002, pp. 334-335.
3 Aunque el m-19 se nutrió principalmente de cuadros de la facción Anapo Socialista y de las farc, no actuó ni fue reconocido como brazo armado de la Anapo (ver Lara, Patricia. Siembra vientos y recogerás tempestades: la historia del m-19. Sus protagonistas y sus destinos. Bogotá: Planeta, 1986).
4 Estos comicios, además de haber estado marcados por amenazas de saboteo proferidas por grupos de guerrilla, tuvieron como hecho particular la elección del Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales y los alcaldes, solo faltó la elección presidencial. Asimismo, el Partido Liberal realizó una consulta para escoger su candidato oficial a la Presidencia. Las elecciones para elegir el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales y los alcaldes (que comienzan en 1986), se realizaron cada dos años y conjuntamente hasta 1990. A partir de 1991, y luego de la Constitución, se acordó que las elecciones parlamentarias se realizarían cada cuatrienio, comenzando en 1994, en una fecha o año distinto a elecciones regionales y municipales, que la Ley 163 del 31 de agosto de 1994 fijó para cada tres años, el último domingo de octubre.