La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991. Jorge Eliécer Guerra Vélez
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991 - Jorge Eliécer Guerra Vélez страница 25
De la autorización condicionada a la desmovilización, fue el epl el que sacó mejor ventaja, en parte gracias al Frente Popular; a los nombres de Germán Toro, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), y Fabio Rodríguez Villa, dirigente del Movimiento Estudiantil por la Constituyente, inscritos en la lista de la ad m-19; se sumaron Darío Mejía Landaeta y Jaime Fajardo, elegidos por voto secreto en la Cuarta Conferencia Nacional de Combatientes del epl, en enero de 1991. En ella se profundizó la disidencia liderada por Francisco Caraballo. Mientras que el grueso de sus camaradas vio en la desmovilización una oportunidad de renovar el régimen político, sepultando el bipartidismo, y consideró la Asamblea Constituyente el espacio “donde la apertura democrática se coloca al centro de los cambios que permitan la libre expresión del pensamiento ciudadano y donde el constituyente primario se pueda erigir como soberano de los destinos de la patria”,47 Caraballo manifestó que se trataba de “la recomposición del pacto burgués, la herramienta estelar para la reinstitucionalización que necesita la burguesía, será la Asamblea Constitucional. Con la versión gavirista de ella, el pueblo legitimaría el remozamiento del Estado y se hundiría la daga de la explotación y la opresión en su nueva versión”.48 Con dos delegados de la tríada epl-pcc-ml-Frente Popular, uno del prt, Alfonso Peña Chepe, con voz pero sin voto, uno del maql, como mero figurante, dos de la up y diecinueve de la ad m-19, la izquierda eligió veinticuatro constituyentes (véase figura 2.2).
Figura 2.2 Distribución de escaños en la Asamblea Constituyente de 1990
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con su “lista nacional”, la ad m-19 confirmó su ascendencia. De 60 candidatos (51 hombres y 9 mujeres), eligió 19 delegatarios, con 992 613 votos, el 26.75 %. Exguerrilleros, tránsfugas del bipartidismo, intelectuales y figuras deportivas integraron la lista encabezada por Antonio Navarro. Y con él: Carlos Ossa, Álvaro Leyva, Rósemberg Pabón, José María Velasco, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés, Héctor Pineda, Fabio Villa, Angelino Garzón, Otti Patiño, Óscar Hoyos, Germán Toro, Orlando Fals Borda, Augusto Ramírez, Abel Rodríguez, Germán Rojas, Álvaro Echeverry y Francisco Maturana. En la coalición Por el Derecho a la Vida, en la que participó la up, con 95 088 votos (el 2.56 %) estuvieron Alfredo Vázquez Carrizosa y Aida Abella. Sin olvidar a Jaime Fajardo y Darío Mejía Landaeta, por el epl, y Alfonso Peña Chepe, por el prt.49
Asamblea y Constitución Política, la izquierda como protagonista
Es una constante en la historia de las ideas y de las organizaciones políticas el que determinados hechos aceleran la maduración de procesos, si no es que los engendran. Tal pájaro de Minerva, en la metáfora hegeliana, una contingencia puede hacer visible aquello que estaba latente. La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991 son un digno ejemplo; y aunque no son ejes de análisis del presente trabajo, sí obligan a advertir algunos efectos y mutaciones en la Colombia de las últimas décadas, y en especial para el campo de la izquierda.
Cristalizando la idea de un nuevo contrato social, la Asamblea tuvo una presidencia tripartita: Horacio Serpa por el Partido Liberal, Álvaro Gómez por las fuerzas conservadoras y Antonio Navarro por la izquierda y las formaciones ajenas al bipartidismo. Los tres guiaron las deliberaciones, defendiéndolas de sus oponentes, que apostados principalmente en el Congreso obstruyeron los intentos de modificación radical.50 El corto tiempo impidió evacuar temas afectados por valores y comportamientos atávicos liados a la Constitución de 1886; la cual, en palabras de Francisco Giraldo, había “unificado el país pero sin un profundo consenso de las elites regionales y de la población, a la cual se le había concedido solo una parte de sus derechos políticos”.51 La de 1991 en cambio, pese al mesurado entusiasmo de las jerarquías políticas regionales y una violencia sin tregua,52 contó con el beneplácito de más fuerzas políticas e incorporó deberes y derechos a tono con postulados de la democracia moderna, pese a perpetuar evocaciones stricto sensu conservadoras como la familia base de la sociedad o la impetración a una proyección metafísica para que salvaguarde al país.
Con diecinueve delegatarios, la ad m-19 pudo participar en las diferentes comisiones, logrando ubicar algunas de sus propuestas en la nueva Carta. Fue en ese momento cuando manaron las divergencias encubiertas por la precipitación con que se armó dicha coalición. Una de las más notorias se dio alrededor de la reforma a las Fuerzas Armadas. En particular, quienes no provenían del m-19 le reclamaron a quienes sí por la moderación y actitud consensual en un tema que gran parte de la izquierda consideraba vital. Visto por Villarraga y Plazas, la idea que defendió el sector del m-19 fue “golpear, ante todo, a las castas políticas más regresivas y llama a un amplio acuerdo para citar a las elecciones parlamentarias. Esto lo jalonó la ad m-19 en alianza con el Movimiento de Salvación Nacional y se impuso con el concurso del liberalismo y del Gobierno”.53 Otra divergencia se debió a la pusilanimidad para oponerse al neoliberalismo, que preparó Barco y aplicó Gaviria. La Asamblea fue propicia para que sus defensores elogiaran los cambios en América Central y del Sur. Allí o allá el denominado viraje económico se yuxtapuso a las reformas constitucionales (un caso aparte es el de Chile), en Colombia, en cambio, este fue total y el de carácter político apenas de un cuarto.
Luego de que los tres copresidentes homologaron el texto, el cenáculo Constituyente aprobó la creación de la Comisión Especial Legislativa. Conocida como el Congresito, e integrada por miembros de las fuerzas participantes, preparó con los comisionados del Gobierno central, los poderes públicos regionales o locales, la dirigencia empresarial, los jefes partidistas y los líderes sociales la entrada en vigor de la nueva Constitución. La mayor crítica que recibió fue el haber legislado en medio de una paz parcelada; aunque cierto, a sus opositores les faltó ser imparciales en el momento de determinar las responsabilidades del sistema político que continuaban sosteniendo. El Congresito debió mucho de su ineficacia al hecho de que entre algunos de sus integrantes los compromisos con sus respectivas colectividades partidistas condicionaron sus determinaciones titubeantes en el momento de innovar los hábitos osificados, justamente por las prácticas de aquellas.
El país real se antepuso a quienes se habían entusiasmado con el país soñado a raíz de la aparición de la ad m-19, y una vez que perdieron hálito los anhelos depositados en la Asamblea Constituyente. Aquellos que se erigieron representantes de esa porción ciudadana que se sentía huérfana del Estado debieron invertir la interpretación simplista de la reacción colombiana, que estimaba que no eran más que contestatarios. A su favor, la izquierda legal y reformista contaba con ese liderazgo de buena parte de sus dirigentes y que no surgió ni con la Asamblea Constituyente ni con el Congresito ni con la creación de la ad m-19, sino que tuvo lugar bien atrás: entre otras, en la dirección de una facción o partido clandestino, la jefatura de un comando o grupo guerrillero, el impulso u orientación de un movimiento social, la responsabilidad sobre una seccional o sindicato. En lo que sí resultó trascendental la coyuntura constituyente fue que sirvió de pórtico a la carrera política de muchos