a otros y, por consiguiente, de la identidad y los límites de la comunidad a la que pertenecen. Constituye los significados de los términos en que estas demandas se inscriben, la naturaleza de los contextos a la que pertenecen y la autoridad de los principios de acuerdo, con los cuales se hacen vinculantes. Configura el contenido y el poder de las acciones y procedimientos por los que se resuelven las confrontaciones, se adjudican autorizadamente las demandas en conflicto y se refuerzan las decisiones vinculantes. (Cabrera, 2001, p. 164)
Más allá de las acciones militares que están motivadas por una particular concepción de la lucha política, y definidas en un discurso que las identifica y les da reconocimiento, los conflictos de intereses que subyacen al proceso revolucionario, se dan no solo en el campo de la acción práctica, sino, cada vez con mayor intensidad en la lucha simbólica en torno a la definición conceptual de la legitimidad. Con anterioridad las luchas políticas han sido concebidas en términos de confrontación ideológica o en términos de una pugna por apropiarse de, o por adjudicar significado a los conceptos políticos e imponer, de este modo, uno u otro criterio de legitimidad. Se podría afirmar que, en el caso del conflicto colombiano, la lucha no gira en torno al ejercicio del poder político, que se ha fragmentado y es ejercido desde distintos escenarios por diversos actores, sino, al ejercicio legítimo de ese poder y que la batalla que establece ese nivel de legitimidad se da en el campo discursivo.
Si partimos de la afirmación de que la acción política no es solamente una práctica social y simbólica, sino discursiva, surge la necesidad de entender y explicar el sentido de la práctica revolucionaria que define al actor armado. Para esto, es preciso identificar su campo de su discurso político, reconstruir su cultura política o conjunto de patrones y relaciones que la hicieron posible. Esto implica reconstruir históricamente el sistema de significados dentro del cual se han constituido como sujetos políticos y operan como tales.
Desde esta perspectiva, el objetivo prioritario de la investigación histórica y, en particular de esta investigación, ha de ser el de identificar, especificar y desentrañar el patrón categorial de significados operativos en el caso del ELN, analizar los términos de su mediación entre los individuos y sus condiciones sociales y materiales de existencia y evaluar sus efectos realizativos sobre la configuración de las relaciones sociales. Será ello lo que nos permita explicar las formas de conciencia y las modalidades de acción, hacer inteligibles los procesos y los cambios históricos y dar cuenta de la génesis y evolución del conflicto armado en la sociedad colombiana.
FABIO VÁSQUEZ CASTAÑO
FABIO VÁSQUEZ CASTAÑO Y LOS CANCILLERES
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO DEL ELN (1958-1965): LA VIOLENCIA Y EL FRENTE NACIONAL
El periodo denominado La Violencia20, comprendido entre 1946-1958, constituye uno de los más importantes procesos sociopolíticos del siglo pasado y de imprescindible conocimiento para comprender la dinámica de las estructuras y los procesos socioeconómicos y sociopolíticos colombianos en la segunda mitad del siglo XX.
Los estudios historiográficos sobre este periodo de la historia del país buscan superar afanosamente el enfoque tradicional con que se ha reflexionado sobre La Violencia, para ver, más allá de la confrontación bipartidista –por el manejo hegemónico del poder estatal–, las formas de participación de los distintos sectores sociales, los mecanismos de acumulación extraeconómica, las especificidades regionales y culturales en las zonas en que los conflictos se expresaron con mayor intensidad, las estrategias de organización y resistencia suprainstitucional a la represión estatal, entre otras muy variadas lecturas21.
No obstante, lo más recurrente en la memoria del común de la gente y en particular de quienes tuvieron que soportar las acciones de la violencia política, en las distintas regiones en que esta se expresó en forma más cruda, son las acciones de terror de civiles y funcionarios oficiales que motivados por el sectarismo político llenaron de cadáveres y arrasaron gran parte del territorio nacional.
El asesinato sistemático, la tortura, la violencia sexual, la mutilación, la manipulación brutal de los cadáveres, el boleteo, la intimidación mediante el incendio, la matanza de ganado, la destrucción de sementeras, el despojo de propiedades, el abandono y la venta precipitada de fincas y parcelas, con la consiguiente acumulación de propiedades y riquezas en manos de quienes pudieron instrumentalizar la criminalidad, colocándola al servicio de su propio beneficio, fueron, entre otras, algunas de los expresiones de violencia durante este periodo.
La violencia, institucional y parainstitucional, fue el mecanismo a través del cual se adelantaron los campañas de control social y político, que buscaron homogeneizar ideológica y políticamente a la población. En las operaciones de “pacificación” adelantadas por la Policía y el Ejército en pueblos y veredas fueron ejecutadas centenares de personas, al tiempo que bajo la protección y la complicidad de las autoridades y jefes políticos locales, regionales y nacionales, grupos parainstitucionales, organizados como “cuadrillas” y “pájaros”, realizaron operaciones de aniquilamiento, limpieza y sometimiento de las disidencias políticas. El norte del Valle, el Viejo Caldas y el Tolima fueron escenarios de esta modalidad de agresión, siendo precisamente en estas regiones del occidente colombiano en las que apareció el tristemente célebre León María Lozano, “El Cóndor”22. Sin embargo, esas fueron las únicas regiones en donde esto sucedió; Boyacá y los Santanderes fueron igualmente escenarios de estas prácticas criminales de homogeneización política23, y de los procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por la vía de la violencia política, lo que contribuyó eficazmente al desarrollo capitalista moderno en el país.
La muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 generó un estallido violento del conflicto social y político que no respetó ningún estrato social; el terrorismo político afectó a todas las clases a distinto nivel dependiendo de las posibilidades sociales, económicas y políticas que tuviese cada cual, para resistir la ofensiva de la barbarie sectaria de los partidos. Cuando se hizo imposible la situación y los mecanismos para frenar desde la sociedad civil la ola de violencia que azotaba el territorio nacional no funcionaron suficientemente, se recurrió a la lucha armada en la forma de guerrillas, como estrategia central de resistencia política (Pecaut, 1976, 1988; Henderson 1984; Pineda, 1960; Sánchez, 1983a; Oquist, 1978).
Resulta importante para el objeto de este trabajo presentar a nivel general el contexto, las características y regiones en que se da este tipo de resistencia política durante el periodo de La Violencia, en la medida en que de ella se nutre el proceso posterior que dará origen a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Esta parte se inscribe en el periodo de análisis que hemos denominado de los conflictos sociales, políticos e ideológicos (Medina, 2011), y cuya característica esencial es el paso de un modelo de confrontación, centrado en los partidos por el control del poder del Estado, a un modelo de confrontación en el que aparece como eje fundamental la lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad y del Estado.
De la violencia política tradicional a la violencia político-ideológica revolucionaria
Con la aparición de la guerrilla liberal, la violencia adquirió el carácter de una guerra civil en la cual la población campesina en armas, dirigida regionalmente por el Partido Liberal, se enfrentaba al terrorismo de Estado agenciado por el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez.
Los grupos guerrilleros se establecieron en regiones que por sus características
