de ubicación de la guerrilla liberal, que las condiciones topográficas fueran favorables para el desarrollo de ese tipo de lucha, que existiese un relativo aislamiento de los centros de poder, que los habitantes de la región estuviesen unidos por un cierto grado de identificación política y que, en alguna medida, los propietarios de grandes extensiones fuesen tolerantes con la presencia de grupos armados en sus territorios.
Las guerrillas se consolidaron, siguiendo estos parámetros, en tres tipos de áreas: 1) en las zonas de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde estaba aún latente el conflicto agrario por titulación de tierras y existía una base campesina politizada en otras épocas por el Partido Socialista, el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán; 2) en las zonas de frontera abierta y colonización inicial dinamizada por el propio proceso de violencia: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el río Sinú y el río San Jorge; y 3) en el sureste antioqueño y otras áreas en donde la estructura agraria ya estaba consolidada. La principal característica de estas regiones consistía en ser, desde el punto de vista logístico, despensas alimentarias con capacidad de sostener durante largo tiempo grupos de hombres armados relativamente grandes.
Los guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armada y en leyendas y mitos en sus regiones. Son relevantes los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; el capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona santandereana 4 del Carare Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros (Sánchez, 1989a).
A medida en que la lucha armada fue desarrollándose por los grupos guerrilleros liberales, comenzaron a aparecer normas y códigos de comportamiento que pronto se transformaron en leyes que guiaban las acciones guerrilleras y la dinámica de vida y convivencia en las regiones en las que operaban:
códigos que obligaban el respeto de niños, mujeres y ancianos, y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistema de torturas y tierra arrasada a sus adversarios. Reglamentaba el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de resistencia. Tenían tribunales propios: realizaban casamiento ente sus jefes y, en algunas zonas, las de mayor control, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. (Sánchez, 1989a, p. 145)
No obstante la obediencia que los grupos guerrilleros guardaban a la dirección del Partido Liberal, dos situaciones fueron creando las condiciones para que éstos fueran constituyéndose en cuerpos autónomos, con posibilidades de acumular fuerza capaz de llevarlos más allá de la resistencia o recuperación del poder político para los liberales, al logro de transformaciones sociales y económicos de beneficio general. La primera, la relación indirecta que manejaba la dirección del partido con los jefes de la guerrilla que creó una separación entre el mando militar y el mando político, dando posibilidades para que al crecer la autonomía guerrillera, se gestara un proyecto político de mayor alcance social que el ofrecido por el Partido Liberal; la segunda, la composición social de la guerrilla que unía multiplicidad de intereses, necesidades y experiencias políticas y sociales:
era una guerra dirigida en buena parte por los campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencia revolucionaria como la del 9 de abril en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias, por policías desertores o destituidos, por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate; por emigrantes, por arrieros y, eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. (Sánchez, 1989a, p. 142)
A diferencia de las guerrillas del sur del Tolima, dispersas, atomizadas, en permanente confrontación, las guerrillas del Llano crecían numéricamente y se cualificaban políticamente, hasta alcanzar niveles de autonomía que las llevó a confrontar la dirección del Partido Liberal y a tomar la iniciativa en la gestación de un proceso que habría de constituirse en un fenómeno claramente revolucionario.
En agosto de 1952, se realiza en Viotá la “Conferencia de Boyacá” a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en “La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Coordinadora Nacional, con el objeto de que se encargue de impulsar las tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario24. En estos ejercicios “legislativos” comienza a estructurarse un comportamiento que se mantendrá en el desarrollo de la lucha guerrillera de los años siguientes y es el que tiene que ver con el ejercicio del poder de las guerrillas y el rol de “Estado” paralelo, que se reclamarán hacia el futuro.
La primera ley del Llano se proclama el 11 de septiembre de 1952. En ella se organiza la aplicación de la justicia, se enuncian las funciones que deben cumplir los jefes civiles y militares, los comisarios y los agentes de orden público; se determinan los delitos contra la revolución; se consagran los garantías individuales; se instituyen las prácticas de trabajo comunitario; se imponen límites y condiciones al uso de la tierra; se establecen granjas y colonias por cuenta propia de la revolución para el sostenimiento del ejército campesino; se reglamenta el desarrollo de la ganadería y el impulso a los hatos. La expedición de esta ley muestra claramente el proceso de cualificación ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano25.
Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este periodo se redactó, bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo – “el más notable ideólogo de la resistencia llanera” como se le ha denominado por alguno de los autores citados (Sánchez y Meertens, 1983)–, la segunda Ley del Llano, conocida como “La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia” (Franco Isaza, 1955); esta debía ser sancionada el 18 de junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación, encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático y popular. Para ello, la ley establece un ordenamiento jerárquico para la conducción del proceso: define los criterios políticos, económicos y judiciales a través de los cuales se ha de guiar la sociedad durante la lucha revolucionaria; se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución; se regulan las relaciones entre las fuerzas armadas revolucionarias y la población no combatiente; se establece un criterio educativo según el cual se subordinan las armas a la político y se concibe la instrucción revolucionaria como parte de las labores cotidianas; se legisla sobre el matrimonio civil, la legitimidad de todos los hijos, la igualdad de la mujer ante el hombre, la protección de la población indígena contra los abusos de los terratenientes y colonos, el respeto a la vida, honra y bienes de los conservadores en tierras invadidas, la prohibición de la práctica de tierra arrasada.
La dirigencia del Movimiento Revolucionario Llanero tenía clara conciencia de que la consolidación y el desarrollo de su proyecto dependía del desarrollo nacional del movimiento revolucionario y de su posibilidad efectiva de articulación en un solo proyecto. Es en este sentido que
