países, y procurar la unión y la cooperación con ellos en todo lo posible” (Sánchez, 1989a, pp. 148-149).
Después de la Asamblea de junio de 1953, los cosas comenzaron a definirse por distintos caminos. Mientras el movimiento guerrillero consideraba necesario elevar el proyecto de la segunda ley del Llano a la categoría de programa de la revolución nacional, y entregar la conducción militar de la lucha revolucionaria a la jefatura de Guadalupe Salcedo, sectores políticos de los partidos Liberal y Conservador en estrecha unión con los gremios económicos (terratenientes, ganaderos, comerciantes e industriales) –profundamente conmocionados por el impacto demoledor de la violencia en el que se estaban consumiendo no solamente las propiedades de los medianos y pequeños campesinos, sino también los bienes de algunos sectores de las clases dominantes que sentían que la agitación social amenazaba con sacudir de raíz las estructuras del orden tradicional–, se dieron a la tarea de madurar y colocar en marcha una salida de emergencia en la que un golpe militar se convertirá en esperanza de salvación para los colombianos y el comienzo de un proceso de pacificación que terminará, supuestamente, con el bienestar general y la concordia entre los ciudadanos. El 13 de junio de 1953 se produce el golpe que coloca en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla (Sánchez, 1989b)26.
Tres hechos permitieron que madurara en la mentalidad de la clase política la necesidad de colocar un militar en el poder, a través de lo que posteriormente se llamaría un “golpe de opinión”. Primero, las transformaciones que se venían produciendo en las estructuras de propiedad agraria como consecuencia de las dinámicas de expropiación, venta forzada y abandono de la tierra; estas produjeron concentración de riqueza, empobrecimiento prematuro y migración, a la vez que transformaron (fortaleciendo) prácticas laborales que en condiciones normales se habían sostenido como relaciones marginales o complementarias: “[t]ierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debían desalentar tanto a los terratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista” (Sánchez, 1989b, p. 150). Segundo, la separación de hecho entre la dirección nacional del Partido Liberal y el Movimiento Guerrillero que veía que sus intereses cada vez entraban más en contradicción con los de sus jefes en la capital, quienes se negaban a encabezar la revuelta, pero se disponían en lo posible a beneficiarse de ello. Tercero, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento guerrillero y su evolución cada vez mayor, de una táctica de autodefensa a una ofensiva enmarcada en un proyecto político de mayor alcance que el ofrecido por los liberales, e incluso por los comunistas, que se fue formando como resultado natural de la maduración de la lucha guerrillera.
En síntesis, con el ascenso de Rojas al poder se trataba de ponerle freno a un proceso en el que se había ido gestando una nueva nación, un nuevo país y un nuevo Estado, distinto al que los intereses de las clases dominantes encontraban como legítimo. Con el lema de “Paz, justicia y libertad”, Rojas inicia el proceso de reconstrucción del país recibido en medio de una crisis social y política profunda, cercado por la violencia generalizada, el terror y el caos absoluto, por un lado, y por el otro, por una bien estructurada insurgencia armada que crecía a pasos acelerados. En estas condiciones la tarea inmediata del gobierno militar no fue otra que la de entrar a controlar el terror y la anarquía existente, desarticular la guerrilla en crecimiento y reconstruir las zonas afectadas por la violencia. El discurso de la reconciliación se puso de moda al son del lema del Gobierno: “La patria por encima de los partidos”. Los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y la prensa se colocaron al servicio de la labor emprendida por el general Rojas Pinilla y pronto comenzó a sentirse una atmósfera distinta que llenaba de esperanza a sectores sociales que habían sido duramente golpeados por la violencia.
Una estrategia predominantemente política empleó Rojas para conseguir el objetivo de desarmar y desmovilizar el movimiento guerrillero liberal: primero, ofreció una amnistía general e incondicional, con la promesa de ofrecer garantías para quienes depusieran las armas; segundo, ordenó la suspensión de las operaciones militares en las zonas de dominio y presencia guerrillera; tercero, les reconoció a los insurgentes su condición de fuerzas rebeldes y beligerantes en capacidad de negociar con el Gobierno. Esta estrategia la acompañó con una amplia labor de propaganda a través de la distribución masiva de hojas volantes, lanzadas desde aviones y helicópteros en las zonas donde estaban los principales frentes guerrilleros.
El gobierno militar logró desmovilizar en cuestión de meses las guerrillas en el Tolima, el territorio Vásquez, Santander, Antioquia y los Llanos Orientales, quedando solamente algunos grupos en regiones de influencia comunista, particularmente en el Sumapaz y el sur del Tolima, que comenzaron a desplazarse hacia zonas de defensa estratégica y apoyo logístico consistente. Ahí lograron refugiarse por algunos años hasta que se transformaran en guerrilla revolucionaria de concepción comunista.
La desmovilización no estuvo exenta de los forcejeos de la negociación, las presiones militares, el incumplimiento y los engaños. Los frentes guerrilleros más organizados colocaron a disposición del Gobierno un pliego de peticiones en el que se reivindicaban garantías elementales como el derecho a la vida y la integridad física; el desarme de los grupos paramilitares de contraguerrilla; el reconocimiento de las condiciones políticas del guerrillero; la libertad para los presos políticos; el levantamiento del estado de sitio; garantías para unas elecciones libres; libertades políticas y sindicales; libertad de expresión hablada y escrita. En lo económico, a través de la negociación se buscaba obtener créditos estatales para la reconstrucción y el uso productivo de la tierra; indemnizaciones para las regiones que habían sufrido la acción destructora de las tropas oficiales; restitución de las propiedades usurpadas a sus antiguos dueños y distribución de tierras a los campesinos basándose en el principio de “la tierra para el que la trabaja”27.
Pasada la primera etapa del gobierno del general Rojas, su administración comenzó a tomar el mismo camino de la época del sectarismo político partidista, produciéndose el resurgimiento de bandas criminales auspiciadas por gamonales, jefes políticos y los mismos organismos de seguridad del Estado, el Sistema de Inteligencia Colombiano (SIC), para hostigar campesinos, asesinar amnistiados y guerrilleros desmovilizados. Entonces, se generó en estos un sentimiento de frustración e impotencia frente a lo que consideraban una traición del Gobierno militar, en la que habían caído a través de la trampa de la amnistía general. Pronto, los exguerrilleros conformaron nuevamente grupos que se pusieron al servicio de propietarios y jefes políticos liberales, con el fin de confrontar la acción criminal del resurgimiento de los “pájaros”.
La violencia no se agenció solamente en forma efectiva y en la aplicación de lo que desde entonces podría llamarse “justicia privada”; el Gobierno al lado de los terratenientes inició una cruzada de pacificación contra una de las zonas que había servido de refugio a quienes se habían marginado cautelosamente de los beneficios de la amnistía y estaban bajo la influencia del Partido Comunista: el Sumapaz.
4 de abril de 1955, el Sumapaz es declarado ‘zona de operaciones militares’ y desde entonces ‘pacificación’ volvió o ser sinónimo de arrasamiento, ametrallamiento y bombardeo. Por lo menos seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos del ejército participaron en la acción…los primeros resultados demostraron que el gobierno, los militares y los terratenientes habían subvalorado la capacidad de resistencia campesina y la operación que se pensaba iba a ser de días a semanas, se convirtió en una larga guerra de dos años, en los cuales muchos habían muerto, pero también, miles habían logrado evadir el cerco. Unos con Juan de la Cruz Varela se refugiaron en el alto de Sumapaz, otros huyeron hacia Marquetalia. La invasión militar, lo único que consiguió fue trasladar geográficamente el problema, a un costo político incalculado. (Sánchez, 1989b, p. 167)
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