en riesgo las ventas, que a su vez podría poner en peligro todos los campamentos, excursiones y obras benéficas financiadas, gracias a la venta de galletas.84
A pesar de la resistencia inicial, las niñas alcanzaron cierto avance luego de varios años de campaña. En el otoño de 2011, Girl Scouts USA se comprometió a comprar certificados de Green Palm (ver capítulo 5) para 2012 y a obtener aceite de palma sostenible para 2015. Reconociendo el papel que jugaron las niñas en la campaña, Hawmaker indicó: "No son nuestros consumidores quienes nos impulsan a tomar esta decisión o quienes expresaron preocupación con respecto al tema".85 El ejemplo de las Niñas Exploradoras demuestra que incluso las organizaciones con una imagen sana, que las ONG dudarían en convertir en blanco de sus acciones, son vulnerables —como en este caso, a las campañas de sus propios miembros—.
Los denunciantes como Mark Felt (Watergate),86 David Weber (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.),87 y Cheryl Eckard (GlaxoSmithKline),88 son tres de los muchos informantes que, a lo largo de los años, han expuesto lo que consideraban prácticas no éticas o criminales dentro de sus propias organizaciones. Así, mientras algunos ataques provienen de organizaciones externas, existen riesgos que pueden acechar desde las propias filas de la organización, sin distinción de rango, si los empleados creen que el comportamiento de su propia organización es censurable.
Reclutando la próxima generación de trabajadores
La alta prevalencia de una conciencia ambiental entre las generaciones más jóvenes89 significa que la reputación ambiental de una empresa puede afectar su capacidad para reclutar personal. "Sabemos que hace una gran diferencia en la contratación cuando salimos a reclutar en las universidades. La gente pregunta sobre sostenibilidad, y nuestros agentes de reclutamiento de hecho les cuentan sobre nuestros empaques, así que sí resulta ser atractivo”, dijo Oliver Campbell, director de compras en Dell.90 Un estudio de la Universidad de Rutgers sobre las prioridades de los trabajadores encontró que casi la mitad de los estudiantes universitarios (45 por ciento) encuestados en 2012 indicó que renunciaría a un salario más alto en un 15 por ciento en favor de un trabajo “que busca hacer una diferencia social o ambiental en el mundo”.91 Naturalmente, tales respuestas a encuestas pueden o no correlacionarse con el comportamiento real, pero podrían ser un indicador.
Cuando los accionistas apuestan por lo verde
La selva de concreto que es Nueva York podrá encontrarse muy lejos de las verdaderas selvas de Malasia e Indonesia, pero el contralor del Estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, ha liderado una campaña en nombre del Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York dirigida a cambiar las actividades de abastecimiento de aceite de palma de las empresas con el fin reducir la deforestación. En 2013, DiNapoli presentó una resolución para los accionistas requiriendo que Dunkin’ Donuts abordara los problemas ambientales asociados a la producción de aceite de palma. Posteriormente retiró la resolución cuando Dunkin’ Donuts acordó mejores informes, abastecimiento sostenible, el cumplimiento de los proveedores y respaldar una moratoria sobre la deforestación.92 DiNapoli obtuvo concesiones similares de Sara Lee Corporation en 2010 y de JM Smucker Company en 2013. "El valor para los accionistas incrementa cuando las empresas toman medidas para abordar los riesgos asociados con las prácticas ambientales que promueven el cambio climático", dijo.93
El Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York se encuentra entre el creciente número de inversores institucionales preocupados por cuestiones ambientales o sociales. Algunas de estas instituciones, como los inversores afiliados a las ONG e instituciones religiosas están presionando por la protección del medio ambiente por razones éticas (“hacer el bien”). Otros podrían estar motivados por preocupaciones financieras (como la reducción de los riesgos percibidos y los costos de las prácticas de negocios insostenibles).
Como mínimo, estos inversores buscan una mejor divulgación de los riesgos potenciales que acechan en las cadenas de abastecimiento de las empresas; los cinco principales tipos de propuestas ambientales motivadas por las intervenciones de activistas requieren de rendición de informes.94El CDP (anteriormente el Proyecto de Divulgación de Carbono, por sus siglas en inglés), que representa a 822 inversionistas institucionales con $95 billones en activos bajo su administración, indujo a miles de empresas públicas a revelar sus impactos de carbono, agua y desechos, y reportar sus esfuerzos para reducir estos impactos95 (vea el capítulo 3). Un análisis de 700 empresas durante un período de cinco años encontró que el riesgo ambiental percibido por las empresas se veía más afectado por las resoluciones ambientales de los accionistas que por los ataques de las ONG96, aunque no está claro cuántas de las acciones de estos inversores fueron motivadas por las acciones de las ONG.
Crecientes restricciones regulatorias
Desde el nacimiento de la nación estadounidense en 1776 hasta 1963, se aprobó un total de cinco leyes de protección ambiental. En los siguientes 40 años se promulgaron 27 nuevas leyes ambientales de importancia, con un número que sobrepasa las 51 si se incluyen leyes de salud y seguridad ocupacional que restringen las actividades corporativas97. Más allá de acelerar la promulgación de nuevas leyes, las leyes existentes se han vuelto más estrictas. Por ejemplo, el límite de emisiones de los automóviles de pasajeros en los Estados Unidos se redujo de 3,1 gramos de óxido de nitrógeno por milla en 1975 a 0,07 gramos en 2004, una reducción del 98% .98
Requisitos regulatorios
A partir de 2016, la mayoría de los gobiernos en el mundo desarrollado ha introducido y hecho más estrictas las regulaciones sobre las actividades corporativas. Muchas de estas regulaciones se aplican a contaminantes específicos del aire, agua y desechos sólidos. Los informes sobre el cambio climático provocado por la acción humana han motivado a los gobiernos a empezar a regular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una amplia gama de fuentes. Los GEI incluyen CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles, además de gran cantidad de otros gases como el metano, óxido nitroso (de fertilizantes), refrigerantes y otros gases con algún efecto CO2 equivalente (CO2e) que impiden la fuga de calor hacia la atmósfera. En 2007, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que las emisiones que causan el cambio climático están sujetas a las regulaciones de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio, mientras se queda a la espera de hallazgos científicos que demuestren que las emisiones de GEI ponen en peligro la salud y el bienestar público.99 El “hallazgo de peligro”100 emitido por la EPA en 2009 estableció exactamente eso y dio lugar a nuevas regulaciones de emisiones para plantas de energía, plantas industriales y automóviles.101
La tendencia a una mayor regulación, como es evidente en los países desarrollados, también podría echar raíces en las naciones en vías de desarrollo. La creciente clase media de estos países exige cada vez más aire, agua y alimentos limpios, así como la preservación del medio ambiente natural, lo que lleva a más regulaciones y políticas de cumplimiento mucho más estrictas. En abril de 2014, China inició la lucha contra su severo problema de contaminación, instaurando algunos de los mayores cambios a sus políticas en 25 años.102 Incluso se especuló que el gobierno chino podría gravar con impuestos la gasolina para financiar automóviles eléctricos.103 Las regulaciones, sin embargo, varían ampliamente en alcance, rigor y costos asociados.
Los requisitos regulatorios van desde demandas de divulgación, requisitos “suaves”, mecanismos de mercado para inducir a las empresas a actuar, hasta estrictas leyes de “Debes hacer” que afectan la manera en que las empresas gestionan la sostenibilidad (ver el capítulo 10). Las regulaciones ambientales pueden, incluso, aplicarse de forma retroactiva.
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