para el café fabricados con poliestireno expandido, con numerosas fábricas en Estados Unidos y en el mundo, y que en la Argentina cuenta con una planta en el parque industrial de la localidad bonaerense de Pilar, donde produce productos para el país y exporta a través de Dart Sudamericana.
En el expediente de la Corte de Nueva York figura claramente que Dart compró la deuda en el mercado secundario tras el default que representaba la mayoría –el 60%– de una emisión de Globales 2008 en pesos, unos 500 millones de pesos que, para tentar a los inversores, tenían la opción de pago del cupón en dólares. Se trata de bonos que se originaron en el megacanje que Domingo Cavallo realizó en junio de 2001, una serie que fuera especialmente diseñada para adherir a fondos con inversiones en pesos.
Pese a haber sido nominados en pesos, la semana anterior de la presentación de la oferta en Dubai Griesa concedió la “opción” a Dart de pasar el monto a dólares y dictó sentencia a favor de buitre por cerca de 700 millones de dólares.
El segundo en la lista de los buitres de Kirchner era NML, que se reveló carroñero hasta en el nombre. Al principio, no se sabía quién o quiénes conformaban el fondo. La Argentina logró una orden del juez Griesa para desenmascararlo, pues ni siquiera se conocía el significado de su sigla, dato sobre el que hasta el día de hoy existen sólo conjeturas. Los abogados de NML –inicialmente un joven neoyorquino, Kevin Reed– se negaban a revelar la identidad de sus clientes y, aun así, el fondo había logrado congelar activos argentinos, si bien temporariamente, incluso sin haber obtenido sentencia favorable.
Entonces se supo que NML tenía detrás como dueño al fondo Elliott, que litigó con éxito contra Perú y cuya cabeza visible era un reconocido administrador de activos en Manhattan especializado en hacerse de ganancias a través de litigios por defaults, Jay Newman. NML comenzó litigando por unos cientos de millones, si bien luego fue adquiriendo más bonos en default, ya que a la fecha acumula sentencias de más 2.300 millones de dólares reclamados a la Argentina.
En Halloween, los verdaderos piratas del Caribe no estaban afuera enmascarados en las calles de Nueva York sino adentro de la Corte, ante Griesa.
Tras el default, el fondo NML salió a la caza de activos argentinos pero no eligió cualquier bono. Entre ellos, adquirió la mayoría de la serie emitida de los denominados Floating Rate Accrual Notes (FRAN), que fueron emitidos en 1998 con vencimiento en 2005, en la última etapa de Menem, cuando Roque Fernández era ministro de Economía.
Los bonos FRAN tuvieron un curioso diseño, producto del estigma de la era menemista del festival de bonos. Para captar la atención de los inversores internacionales, fueron instrumentos emitidos por el país a una tasa variable, calculada sobre la base del mecanismo de atar la misma al rendimiento que el mercado le asignaba a otros títulos de la Argentina. Este mecanismo les aseguró a los acreedores cobrar tasas exorbitantes, en momentos en que el país se encontraba en peor situación económica.
La deuda emitida total en default no representa más de 289 millones de dólares, el valor nominal de la deuda emitida. Pero, a causa de este esquema de rendimiento diseñado en los 90, los juicios por esta deuda –entre capital e intereses acumulados impagos– totalizan la friolera de 2.800 millones de dólares, casi diez veces más que la deuda nominal total.
Esto le permitiría a NML y otros tenedores de esta deuda ganar cerca de 1.000% de la inversión nominal, si llegaran a cobrar algún día el total sus reclamos. Sin embargo, al presumir que adquirieron los bonos a valor de 25 centavos por dólar, el rendimiento asciende al 4.000%.
Esta tasa que era del 9,158% anual en el momento de la emisión de los FRAN, llegó a valores cercanos al 100% en los picos de crecimiento del riesgo país argentino, que se alcanzó a mediados de 2002 en pleno default.[29]
La sentencia
Estos dos fondos buitre buscaron los mejores abogados de Manhattan. En los meses previos a la audiencia habían obtenido –o estaban en proceso de obtener– sentencias a favor por los compromisos impagos de la Argentina, según la legislación neoyorquina de las emisiones de deuda de países. Buscaban avanzar un paso más en el cobro de sus acreencias, por lo que comenzaron con la búsqueda de activos para embargar, aun antes de que se conociera la oferta definitiva del futuro canje de deuda.
Durante la sesión, hubo un fuerte intercambio de declaraciones por cerca de dos horas y Griesa marcó el comienzo de lo que fue su estilo en la mediación entre las partes: dictaminó una solución salomónica, que esa vez en particular frenó la posibilidad de que los acreedores tuvieran la vía libre para interceptar activos susceptibles de embargo, pero a la vez demoró esa posibilidad sólo por noventa días, a partir de los cuales los acreedores comenzarían con la caza de activos.
Griesa argumentó que no quería entorpecer el proceso de negociación con los acreedores que la Argentina había iniciado. A la vez, se había molestado con los buitres porque denotaban ansiedad por salir a la pesca de activos, sin conocer aún los detalles de la oferta final, que llevaría meses en conocerse.
El juez no dio lugar a especulaciones sobre las posibilidades de una “mala oferta” que denunciaban los acreedores y, al no declarar los litigantes ningún activo detectado, consideró que tampoco había apuro por un eventual cobro. Y agregó que, finalmente, “la oferta puede resultar mejor de lo que ustedes pueden obtener” con el rastreo de bienes argentinos diseminados por el mundo, razonó el juez.
En este razonamiento, primó el darle una oportunidad a los miles de acreedores que decidieron no litigar de antemano, y que luego optaron por ingresar a la operación.
Pese a que la Argentina enfrentó después cantidad de audiencias internacionales por el default declarado en 2001, que representaron verdaderos dolores de cabeza para el país con amenazas de embargos de los más diversos, la de la noche de brujas resultó clave: fue larga, hasta dramática por momentos, pero muy elocuente en varios aspectos, y marcó el suceso de los acontecimientos que vendrían después.
En primer lugar, la Argentina defendía por primera vez ante las cortes internacionales y con rigor técnico el esquema propuesto para la reestructuración de deuda en default más grande conocida hasta el momento, sobre la base de un pilar fundamental de la sustentabilidad de la deuda. Es decir, la Argentina buscaba demostrar allí su “buena fe” para resolver el default, pero a través de un esquema novedoso en materia de reestructuración de deuda para los países, que era acorde a su capacidad de pago, indiscutiblemente ligado al crecimiento futuro del país.
Un esquema contrario y “más amigable al mercado” ya había sido aplicado durante el megacanje de deuda de mediados de 2001 que realizó Cavallo, cuando el ministro de Economía padecía ya la asfixia en las cuentas públicas: propuso un canje sin quita, con el solo beneficio para el país de estirar el pago de los vencimientos, ofreciendo garantías complejas y elevando los intereses a pagar a niveles peligrosos, lo que a la postre se tradujo en un boomerang. Con el dato no menor de que hubo abultadas comisiones, del orden de 160 millones de dólares –según los registros periodísticos–, pues se privilegió discrecionalmente a bancos de inversión “amigos”. Al punto que se consideró que el megacanje violó la Ley de Administración Financiera, ya que no mejoró al menos dos de tres condiciones que exige la ley: disminución de monto de deuda, baja de intereses o extensión de plazos.[30]
El resultado de aquel megacanje para patear vencimientos de deuda, que se realizó tan sólo tres meses después de haberse negociado un paquete de ayuda denominado “blindaje” con el FMI y otros países por casi 40.000 millones de dólares, fue una crisis mayor de deuda que luego se tornó insostenible, luego se tradujo en crisis de confianza, y terminó con el “corralito” y la salida de la convertibilidad. El pulso por ese entonces lo marcaba día a día el indicador de riesgo país del JP Morgan (el EMbi Plus, un diferencial
