mercado de trabajo nacional. En paralelo, y como fruto de la dependencia tecnológica y la escasa vinculación entre los sectores educativo y productivo, aparte de reclutar egresados para sus necesidades, la iniciativa privada no estaba interesada en tomar el lugar del Estado como financiadora de la investigación.
En ese contexto se dio la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 1981 y 1982, en negociación con el gobierno y a fin de incrementar los ingresos de sus académicos, el CINVESTAV del IPN propuso una evaluación académica individual que fue aceptada y que era similar a la que luego tendría el SNI. Influyeron también otros esquemas de evaluación ensayados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La propuesta surgió entre octubre y diciembre de 1983 de la interacción entre funcionarios del gobierno con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en ese entonces Academia Mexicana de la Investigación Científica. Algunos de estos funcionarios tenían experiencia académica. A causa de la crisis económica, el presupuesto para actividades de investigación había caído alrededor de 40% y no solo era difícil retener o repatriar investigadores, sino incluso financiar rubros no personales de infraestructura, mantenimiento, materiales o trabajo de campo. Ante la imposibilidad de reajustar al alza los ingresos de las IES en general, se trató de salvar el capital humano de investigación. De este modo el SNI nació: a) para ser un complemento salarial estipulado como beca y no como salario, para exentar impuestos y las demandas sindicales en pro de la homogeneización de los ingresos académicos en general; y b) ser transitorio, para afrontar un periodo de crisis.
La concepción inicial que guió al SNI fue contingente. Su permanencia y definitiva institucionalización se debió, entre otras razones, a que en la política oficial acabó respondiendo a una idea más comprensiva y no sujeta al ciclo económico, según la cual el desarrollo general del país en lo interno y por su inserción internacional, debía integrar como elemento estratégico el avance en ciencia y tecnología asociado a la educación de calidad. Con ello se fortalecía la idea de que la investigación debía financiarse con criterios de selectividad y rendición de cuentas.
Aunque el SNI es independiente en términos operativos y referido a individuos que se postulan libremente, no se puede separar de la estructura general de evaluación de la SEP, el Conacyt y las IES, lo cual alcanza a instituciones, programas, sistemas de estímulos de cada institución, infraestructura y becas de estudio e investigación.
Desde antes de la creación del SNI, el desarrollo de posgrados basados en la investigación se veía como clave en una perspectiva de mejora del sistema educativo y de su incidencia en el ámbito nacional (ANUIES, 1982). El supuesto era que, ante los problemas derivados de la expansión de la educación superior, generar esos núcleos de excelencia aseguraba la calidad. En años posteriores, la conceptualización de los grupos académicos reconocería que con frecuencia estos existían espontáneamente organizados por personal motivado y que la tarea de la autoridad era identificarlos, reconocerlos y apoyarlos (Rubio, 2006: 142, 143). Sin embargo, un hecho a encarar, propio de una época en que junto a las buenas intenciones predominaba el criterio cuantitativo sobre el cualitativo en la evaluación, fue que en el posgrado también se habían generado diversos programas que, sin planeación adecuada ni recursos suficientes y respondiendo a intereses académicos localizados, habían fracasado o continuado sin garantías de calidad. Frente a ello, la sistematización de la evaluación llevaría al cierre o restructuración de un buen número de ellos. Todo esto demostraba que, sin una evaluación que alcanzara en forma pareja a todo el sistema educativo, no se evitaría que defectos de calidad como los de niveles educativos anteriores se repitieran en el posgrado.
En esta evolución, el SNI ha pasado por varias fases: desde su fundación como mecanismo extrasalarial de emergencia a su papel en la institucionalización de la investigación científica y tecnológica para fungir como instrumento auxiliar en la evaluación y acreditación de programas de educación superior. Lo que parecía un dispositivo transitorio se convirtió en un programa permanente que se explica por muy diversos factores. Entre estos se encuentra el interés de los investigadores que aspiran a la distinción de la membresía, asociada a prestigio e ingresos adicionales, aparte de los que les confiere la universidad o instituto de adscripción. Para el gobierno federal se trata de una modalidad de financiamiento al margen de la asignación presupuestal ordinaria a las IES y al mismo tiempo, para estas últimas y los programas de posgrado, es un modo de prestigiarse y solicitar más recursos argumentando que cuentan con un número representativo de investigadores nacionales en sus filas. Esto permite que la autoridad educativa maneje parte del financiamiento prescindiendo de las IES, aunque proporcionándoles, para la negociación de su presupuesto, una justificación que se basa en el número y nivel de sus investigadores, reconocidos por la evaluación de una agencia del gobierno.
En tanto régimen permanente de evaluación, el SNI contribuyó en su segunda fase a la profesionalización de la ciencia mediante el reforzamiento de elementos estipulados por la política educativa tales como la contratación y estabilidad de tiempos completos académicos de calidad, contrarrestando la fuga de investigadores de las aulas y normando la obligatoriedad de sus miembros de impartir docencia. No existía nada parecido en otras naciones y por eso después se imitó en varios países latinoamericanos. La información acumulada en este sistema ha generado una imagen más precisa del mapa de la investigación nacional y de sus limitaciones y ha dado opciones para mejorarla. Son datos que se suman a los de otras fuentes relativas al conglomerado de instituciones y programas dedicados a investigación.
El SNI reposa en un modelo de evaluación por pares, con la exigencia de que sus miembros tengan publicaciones, asignación de ingresos individuales adicionales al salario y fortalecimiento del investigador en el desempeño de su función. Sin descartar las dificultades en el logro de sus objetivos, aspira programáticamente al desarrollo de marcos de referencia de nivel internacional y a favorecer la formación de grupos de investigadores dentro y fuera de la capital del país. Es un sistema que se complementa con los programas institucionales de estímulos y que ha transformado la preexistente lógica de investigación. La participación de distintas comunidades disciplinarias en la implementación o en la crítica del sistema ha buscado que este no discrimine entre ciencias sociales y humanidades por un lado, y ciencias básicas y exactas por otro, como podría ser la tentación en una perspectiva tecnocrática del desarrollo nacional.
Los académicos participan en el SNI como miembros de las instituciones y grupos profesionales en sus instancias colegiadas de toma de decisiones, aparte de la tarea propiamente dicha de evaluación que realizan otros tantos en las comisiones dictaminadoras y revisoras (Reglamento, 2017: 105-118).
Se evalúan productos terminados y no actividades o promesas de cumplimiento: el reglamento del SNI enumera los productos que se aceptan y privilegian “fundamentalmente” en la evaluación (Reglamento, 2017: art. 31). Antes de su existencia no era obligatorio para los investigadores publicar y, según se dice, había quienes no lo hacían.
Este sistema ha provocado que aumente el número de investigadores pero, al igual que en la educación superior pública, tiene ante sí el desafío del envejecimiento de sus miembros. Sin embargo, siendo meritocrático antes que gerontocrático, la permanencia no está asegurada, ni tampoco el rango, dado que en sucesivas evaluaciones se puede ascender, descender o ser excluido; el propósito es que los integrantes sigan investigando, aunque para los críticos esto acarrea efectos negativos de “cuantitativismo”.[12] En efecto, el afán de establecer comparabilidad de criterios entre instituciones para juzgar la productividad ha traído polémica debida a ese cuantitativismo. Tal cuestionamiento apunta a que la buena calidad se debería lograr más por el impulso a la cooperación que por el reconocimiento y los premios a los individuos, que solo indirectamente benefician a las IES e institutos de investigación. Por su parte, la negativa sindical a que se rompa la paridad de ingresos en un mismo puesto ha dificultado que el sistema de evaluación institucional personalizada se extienda con criterios propios al personal del área administrativa de las mismas instituciones.
Más allá de sus beneficios, el SNI ha enfrentado diversas
