bienes importados (gráfico 1.3). Sobre estas bases, la moderada recuperación económica que exhibió la economía argentina en 2017 (2,7%) fue suficiente para que el país tuviera el mayor déficit comercial de su historia (8309 millones de dólares). Esta situación deficitaria en el comercio exterior se mantuvo en 2018, aun cuando el PIB se contrajo un 2,5%, lo cual se debió a que durante la primera parte del año –antes de la devaluación ocurrida en mayo– la economía todavía crecía y con ella también las importaciones, que recién se redujeron en los últimos meses del año con la profundización de la recesión.
Sin embargo, cabe señalar que los efectos negativos de las políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos, como la eliminación de las DJAI, no se limitan a un aumento cuantitativo de las compras externas, que no estuvo dado por un incremento en la actividad manufacturera –históricamente dependiente de la compra de insumos y de bienes de capital al exterior–, sino por la importación de bienes de consumo final (incluidos los automóviles) (Belloni y Wainer, 2019). Ello implicó el reemplazo de producción local por extranjera y, en consecuencia, una importante destrucción de empresas industriales y de puestos de trabajo.
Durante el último año de gestión de Cambiemos se registró un importante superávit comercial (gráfico 1.2) que encuentra una explicación casi excluyente en la profundización de la recesión –a partir de nuevas devaluaciones y medidas contractivas como la suba de la tasa de interés y el congelamiento de la base monetaria–, y que tuvo un fuerte impacto en las importaciones y en los gastos en el exterior de residentes argentinos. Al respecto, basta señalar que las compras al exterior y los gastos en viajes y turismo se redujeron en un 25% respecto del año anterior.
De esta manera, contra lo que esperaba el gobierno de Macri, no solo no hubo un salto exportador, sino que las medidas de desregulación y liberalización agravaron el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos (gráfico 1.4). Ante la escasez de inversiones extranjeras directas, el gobierno recurrió a dos vías para cubrir este déficit: un acelerado proceso de endeudamiento externo –que el acuerdo muy favorable a los fondos buitre habilitó–, y el aliento al ingreso de dólares especulativos (inversiones de cartera).[17] Como se puede observar en el gráfico 1.8, ambas variables registraron un salto notable a partir de 2016: mientras que el endeudamiento externo se multiplicó, en promedio, un 330%, las inversiones de cartera –casi inexistentes durante los gobiernos kirchneristas– lo hicieron un 4213%.
Sin embargo, lejos de resolver el déficit externo, esta dinámica incrementó la vulnerabilidad de la economía argentina al volverla extremadamente dependiente del ingreso de capitales, sobre todo si se considera el déficit récord en cuenta corriente (gráfico 1.4) y la aceleración de la fuga de capitales (gráfico 1.7). De esta manera, la economía argentina quedó muy expuesta al “humor” de los mercados financieros, tal como se hizo evidente cuando a mediados de 2018 se cerró el financiamiento externo privado y se revirtió el flujo de inversiones de cartera, proceso que sumergió a la economía argentina en una profunda recesión. Si bien la crisis generó cierto alivio en la situación de la cuenta corriente, el déficit externo se mantuvo, dado que no se frenó la masiva fuga de capitales, que fue sostenida con la venta de las reservas del Banco Central obtenidas a través del endeudamiento previo con el sector privado y, sobre todo, a partir del nuevo préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, cabe destacar que luego de descoordinadas y fallidas intervenciones del Banco Central –que implicaron una considerable pérdida de reservas–, la Argentina acudió al FMI y acordó uno de los créditos más grandes del organismo y el mayor en la historia de nuestro país (por 50.000 millones de dólares). Aun así, la devaluación del peso se profundizó y el incumplimiento de las metas acordadas condujo enseguida a una revisión del acuerdo con el organismo que implicó un incremento del monto (a 56.300 millones de dólares) y, sobre todo, un adelantamiento de los desembolsos.
Gráfico 1.8. Inversión de portafolio y endeudamiento externo argentino, 2003-2019 (en millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del BCRA.
La fuga fue facilitada a lo largo del gobierno de Macri mediante varios mecanismos: a) la supresión de controles y restricciones a la compra de moneda extranjera; b) la eliminación de tiempos mínimos de permanencia para las inversiones de cartera; c) el fin de la obligación de los exportadores de liquidar las divisas en el mercado de cambios; d) la generación de una redistribución regresiva del ingreso que favoreció el ahorro en “moneda dura” de los sectores de altos ingresos. Como se plantea en el capítulo 2, la fuga no fue aún mayor gracias al ingreso extraordinario que supuso el blanqueo de capitales en 2016 (que implicó la repatriación de más de 7000 millones de dólares).
El acuerdo con el FMI profundizó el ajuste fiscal y monetario que venía realizando la gestión de Cambiemos, lo cual no solo deprimió aún más la actividad económica, sino que recortó fuertemente los grados de libertad en el manejo de la economía. Ello implicó pasar de la situación de impasse (stop) en 2012-2015 a una de abierta crisis con un profundo deterioro económico y social (crash) (gráfico 1.1).
En este contexto, el gobierno de Macri terminó su mandato sin poder hacer frente a los compromisos externos asumidos por la propia gestión (véase el capítulo 2). Como en otras etapas de predominio de políticas neoliberales, la Argentina volvió a acudir al ingreso de capitales especulativos y al endeudamiento externo para compensar su desequilibrio estructural, el cual se agudizó a partir de las políticas desreguladoras y aperturistas. La experiencia reciente ha demostrado una vez más que, si bien el ingreso de divisas bajo estas modalidades puede operar como un paliativo transitorio por un corto período, en la medida en que no estén destinadas a generar o ahorrar divisas, terminan por agravar la restricción externa con severas consecuencias en términos económicos y sociales.
Comentarios finales
El largo ciclo de crecimiento económico iniciado en 2003 se vio interrumpido en la segunda década del siglo por las crecientes dificultades en el sector externo que se agravaron a partir de las políticas llevadas adelante por el gobierno que llegó al poder a fines de 2015. Las condiciones en las que se encontraba la economía argentina tras la crisis de la convertibilidad -con una fuerte caída de los salarios y una amplia capacidad productiva ociosa- sumadas a un importante incremento de la renta internacional a partir de una mejora en los precios de exportación habían posibilitado la aplicación de políticas expansivas y redistributivas que dieron lugar a altas tasas de crecimiento y a significativas mejoras sociales.
Este sendero encontró serias dificultades cuando dichas condiciones excepcionales se fueron agotando y la renta comenzó a mermar a raíz de la reversión de los términos de intercambio. Ante esa situación, el último gobierno kirchnerista incrementó las regulaciones comerciales y financieras y utilizó las reservas internacionales acumuladas anteriormente en su intento por preservar la que se había constituido como su principal base social tras el conflicto con el sector agropecuario en 2008: una alianza entre la burguesía mercadointernista y los sectores populares.
Dando un giro político, el gobierno de Macri buscó sortear la restricción externa a partir de una alianza con el capital financiero y los grandes exportadores. Así fue que incurrió en un nuevo proceso de apertura económica acompañado de un acelerado y abultado ciclo de endeudamiento externo, que terminó volviéndose insostenible. Ante la imposibilidad de seguir obteniendo una fuente de compensación por el lado del financiamiento externo, la última apuesta del gobierno de Macri –apoyada por el FMI– fue lograr una fuerte reducción de los salarios reales (y más aún en dólares). Se trata de una salida dentro de la lógica de las ventajas comparativas estáticas: en un país con una heterogeneidad estructural como la Argentina, donde las actividades productivas que están en condiciones de operar en libre cambio cuentan con poca capacidad de tracción sobre el resto de la economía y, sobre
