pero socavan furtivamente la competencia” (pp. 179-181).
La situación es algo diferente en México. Aunque allí también prácticamente todos los estados se ubican en el cuadrante democrático, hay bastante más variabilidad en términos de proscripción: en Baja California, Quintana Roo y Tabasco, los expertos reportan problemas importantes de exclusión de candidatos, mientras que estados como Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas ocupan posiciones intermedias en este ítem.
Aparecen aquí entonces algunas diferencias entre Argentina y México: si bien en ambas naciones la gran mayoría de los casos se ubican en la zona democrática, la situación en términos de proscripciones es enteramente positiva en el país sudamericano, mientras que es problemática en varios estados del país norteamericano.
Libertad de expresión (subdimensiones: competencia y derechos liberales)
Para funcionar correctamente la democracia necesita ciudadanos que puedan expresar sus opiniones políticas sin temor a ser castigados. La Eeppa y la Eepemex incluyen preguntas acerca de la libertad de expresión. Los resultados de dos de ellas —una sobre los empleados públicos y otra sobre la población en general— aparecen en la gráfica 1.4. Solo dos provincias aparecen en el sector izquierdo del subgráfico argentino (La Rioja y Santiago del Estero), lo cual indica que allí los ciudadanos gozan de niveles significativos de libertad de expresión en casi todo el territorio. Cuando este atributo se evalúa solo para los empleados/funcionarios públicos provinciales (quienes, puede sospecharse, corren mayores riesgos si expresan críticas al gobierno) las diferencias interprovinciales se tornan mayores: varias provincias se ubican en la mitad inferior del subgráfico. Los empleados públicos, entonces, no siempre gozan de gran libertad para expresar sus opiniones políticas.
Aunque la forma de la distribución de los estados mexicanos es similar a la de las provincias argentinas, la situación allí es en promedio peor en ambos indicadores: el centro de gravedad de los datos está más abajo y más a la izquierda que en el caso argentino, incluyendo ocho estados claramente ubicados en el cuadrante menos democrático (y solo cuatro en el más democrático). Un estado, Chiapas, se destaca por niveles muy bajos de libertad en ambas poblaciones. La mayor parte de los estados mexicanos combina una mediana a alta libertad de expresión para la población general con una mediana a baja libertad para los empleados públicos (cuadrante inferior derecho), combinación también muy frecuente en Argentina (nótese además que ambos cuadrantes superiores izquierdos están vacíos). Otra coincidencia de nota es que no hay casos en ninguno de los dos vértices superior-derechos de la gráfica 1.4.
La restricción de la libertad de expresión de los empleados/funcionarios públicos es una deficiencia democrática importante, en especial en provincias y estados donde la mayoría de puestos de trabajo (y una porción más grande aún de los mejores puestos de trabajo) están controlados directa o indirectamente por el gobierno local. Este hallazgo es consistente con explicaciones de las diferencias entre los regímenes subnacionales que enfatizan el rol de la “autonomía económica” de la población (McMann, 2006; Gervasoni, 2010a). Esto significa que quienes dependen para su supervivencia material de un salario (o alguna otra fuente de ingreso) del gobierno subnacional serán más propensos a recibir presiones o a sufrir castigos de los gobernantes debido a sus opiniones y comportamientos políticos. Sobre todo en contextos de baja institucionalización y alta politización de las administraciones públicas (como en Argentina y México), los empleados del sector público pueden ser penalizados con facilidad por sus empleadores. La expresión de una opinión crítica o la militancia en un partido opositor implicarían para un servidor público el despido, ser reasignado a funciones menos atractivas, o no recibir una promoción que le corresponda. Por eso no extraña que en ambos países los expertos evalúen que la libertad de expresión de los empleados públicos es, en la mayor parte de las unidades subnacionales, considerablemente menor que la de la población en general.
Los resultados de la gráfica 1.4 y los de la gráfica 1.2 (sobre la cobertura mediática de las campañas electorales) sugieren que una de las principales formas en que los oficialismos subnacionales limitan la competencia por el poder es restringiendo la libertad de expresión y las alternativas de información política.
Pesos y contrapesos legislativos e institucionales (subdimensión: limitaciones institucionales)
La democracia liberal supone una serie de límites al poder del Estado, y al poder del ejecutivo, en especial. Los checks and balances están representados en particular (aunque no solo) por los poderes legislativo y judicial. Las Eeppa y Eepemex evalúan las limitaciones institucionales al poder gubernamental a través de preguntas sobre el rol de la legislatura y el tribunal supremo provinciales/estatales como contrapesos del ejecutivo. Los resultados de la gráfica 1.5 muestran de nuevo un patrón similar entre los dos países analizados, pero una situación menos democrática en México. En efecto, la mayoría de las provincias argentinas y los estados mexicanos aparecen en el cuadrante inferior izquierdo, que implica tribunales supremos en buena medida subordinados a los gobernadores y legislaturas que no controlan al poder ejecutivo. Solo uno de los 32 estados mexicanos se ubica fuera de ese cuadrante (Jalisco, pero lejos de la esquina superior derecha); en Argentina, en cambio, dos de las 24 provincias aparecen en el cuadrante superior derecho, y otras seis en los cuadrantes “fuera de la diagonal” que representan situaciones en las que (solo) uno de los dos poderes de control funciona adecuadamente.[7] Es decir, aunque la tendencia general es negativa en ambas naciones, lo es más en México que en Argentina.
En el país sudamericano solo la Capital Federal (o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tiene altos niveles de control tanto legislativo como judicial sobre el poder del ejecutivo. Las provincias de Buenos Aires y Mendoza se ubican en posiciones relativamente democráticas. Muchas más provincias se agrupan en las cercanías del vértice inferior izquierdo: los gobernadores de distritos tales como Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, San Luis, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero disfrutan de una casi total falta de controles por parte de los otros poderes. Lo mismo ocurre en una gran cantidad de estados mexicanos, como Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Es de notar también la mayor correlación entre ambas variables en el caso mexicano (r = 0.74), respecto del argentino (r = 0.42).
Contrariamente a las anteriores conclusiones acerca del fraude y la inclusión electoral, la subdimensión “pesos y contrapesos” aparece como un déficit de la democracia en la mayoría de las unidades subnacionales evaluadas por los expertos. En realidad, se trata del aspecto más débil de la democracia subnacional (de entre los relevados en este capítulo) tanto en Argentina como en México. Aunque no es sencillo determinar las causas de este estado de cosas, y no hay espacio suficiente aquí para intentarlo, a modo de especulación podría decirse que parece reproducirse a nivel subnacional un patrón habitual en los presidencialismos latinoamericanos, que es el de un presidente política e institucionalmente fuerte que interactúa con legislaturas y judicaturas débiles y/o políticamente subordinadas al ejecutivo. Describir detalladamente y explicar las razones de esta debilidad del control institucional horizontal es sin duda uno de los grandes temas para futuras investigaciones que surge de la descripción comparativa ofrecida en este capítulo.
Represión y discriminación estatal (subdimensión: derechos liberales)
El último aspecto de la democracia que se analizará es el “lado duro” de los regímenes políticos. En concreto, se refiere a los niveles de represión y discriminación estatal subnacional. Como muestra la gráfica 1.6, todas
