para ir más allá de los conceptos trascendentes como el de los derechos humanos universales, y explorar cómo una comunidad rechaza tales discursos o los revisa y los adopta. Un aspecto particularmente interesante de estos dos casos es la cobertura mayoritariamente positiva por parte de la prensa nacional, la cual a veces argumenta que los valores e instituciones indígenas en áreas como la jurisprudencia, la espiritualidad, la gobernanza y los valores comunitarios son superiores a los valores occidentales, un giro bastante sorpresivo en un país que hasta no hacía mucho consideraba que sus comunidades indígenas requerían con urgencia su asimilación a la sociedad dominante.
El último caso analizado en este capítulo trata de derechos relacionados con la fabricación y marketing de productos que llevan la marca, por así decirlo, de la indigenidad, a lo que John y Jean Comaroff se refieren como “Etnicidad, S. A.” (Ethnicity, Inc.).127 Los esfuerzos de una compañía indígena para comercializar productos derivados de la hoja de coca expuso acciones estatales contradictorias que surgieron de las garantías constitucionales de autonomía de los pueblos, de los tratados antinarcóticos internacionales firmados por Colombia y de los poderosos intereses corporativos internacionales.
Capítulo cinco: Reindigenización y sus desencantos
Este capítulo expone varios ejemplos de comunidades colombianas que trabajan para recuperar su identidad indígena.128 Tal como he señalado, a diferencia de muchos tipos de personas que reclaman derechos y son miembros de categorías bastante claras (v. gr., mujeres o niños), se puede cuestionar a las personas que reclaman los derechos indígenas, ya sea por no ser indígenas o por no ser lo suficientemente indígenas. Dado que la Constitución fracasó en el sentido de que no provee criterios para determinar el grado de indigenidad (indigenousness) de las personas, y se recibían cientos de peticiones que solicitaban reconocimiento oficial de la indigenidad, el gobierno respondió emitiendo periódicamente requisitos cada vez más estrictos. El hecho de que los pueblos indígenas muy reconocidos también pueden oponerse a proyectos de reindigenización, se hace evidente en mi primer ejemplo, extraído de la investigación de la antropóloga Margarita Chaves en el departamento de Putumayo. Este ejemplo ilustra el argumento de varios estudiosos de que, en general, cuanto mayor es la cantidad de capital (simbólico, cultural, político o económico) que se adhiere para establecer el indigenousness, más se vigilan estrechamente esas fronteras.
Mi segundo ejemplo se refiere a la crisis que surgió cuando una comunidad perteneciente a un pueblo reindigenizado abrió ilegalmente un camino que atravesaba parte de un parque arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Varias contradicciones importantes, inherentes a los discursos y prácticas relacionados con la política indígena, se hicieron plenamente visibles, algunas surgidas de una noción inestable de indigenidad. Analizo los crecientes vínculos que se vienen estableciendo entre los discursos de indigenidad y patrimonio, así como de marketing y patrimonio y en particular la noción de la Unesco de patrimonio cultural inmaterial.
Después discuto los proyectos de reindigenización urbana al observar los esfuerzos de recuperación en dos cabildos que se autoidentifican como muisca, un pueblo que existió en las épocas precolombina y colonial. Dichas comunidades desafían la suposición común en Colombia de que los derechos indígenas están atados a un territorio, lo que Bocarejo denomina el excepcionalismo espacial de los derechos multiculturales.129 Continúo con la discusión de mis reacciones inicialmente ambivalentes a estos dos proyectos y luego contrasto los desafíos que enfrentan los cabildos muiscas con aquellos que encara una comunidad de refugiados tukanos que vive en Bogotá, que a su vez han formado un cabildo y también están buscando formas de hacer performance de la indigenidad en entornos urbanos. Estos dos ejemplos en su conjunto permiten profundizar en la exploración del asunto de la autenticidad y en particular del papel de los antropólogos como autenticadores. A modo de conclusión, si algún lector cuestionara la utilidad de escribir sobre la indigenidad y los movimientos indígenas, lo remitiría a un ensayo de Marshall Sahlins, en el que señala como una de las “mayores sorpresas” para la antropología de finales del siglo XX, la explosión de la sobrevivencia, la autoafirmación, la organización y el empoderamiento indígena.130 Una segunda pregunta podría ser la siguiente: dado que cerca del 30 % de los ciudadanos colombianos son de ascendencia africana y solo una muy pequeña minoría, menos del 4 % son indígenas, ¿se debería escribir un libro sobre la indigenidad en Colombia? Las respuestas que incluyen, entre otras, un importante cambio constitucional, un amplio apoyo nacional a los derechos indígenas y una situación excepcional en lo que respecta al pluralismo jurídico, se hacen evidentes en las páginas a continuación. A través del examen de cuatro nociones fundamentales para las luchas indígenas en todo el hemisferio (multiculturalismo, cultura, derechos e indigenidad), de la forma en que estas nociones se han desarrollado en un país determinado, en una época específica de cambio transformador y tal como fue visto y entendido por una etnógrafa en particular, abarco esta historia y estos conceptos clave de dos maneras: en primer lugar, a través de una serie de casos etnográficos, cada uno objeto de un comentario histórico y teórico; en segundo lugar, a través de una mirada reflexiva sobre mi propio trabajo de campo y mi trabajo investigativo y analítico, es decir, de la trayectoria profesional de una antropóloga que trabaja para darle sentido a lo que ha observado a lo largo de cincuenta años en un país que llegó a importarle profundamente. Inevitablemente, son inseparables las historias de los casos y el cómo llegué a conocerlos.
Notas
1 Un departamento colombiano es equivalente a un estado en Estados Unidos.
2 Véase Sieder 2002, 4-5 y Yashar 1996 y 2005.
3 Nótese que Colombia, considerada una democracia, no pasó por este proceso.
4 Múltiples movilizaciones y otras formas de protesta tuvieron lugar más temprano en el siglo XX; véase por ejemplo, Becker 2008.
5 Neoliberal se refiere a la noción que parte de la presunción que limitar la interferencia del Estado en el mercado aumenta la libertad personal.
6 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Véase Hooker 2005, 285.
7 Aquí discurso se refiere a la noción de Foucault de modos de representación que él argumenta construyen realidades sociales. “Las formaciones discursivas constituyen (más que simplemente limitan) las formas que tienen las personas de concebir el mundo, a ellas mismas y a otros a su alrededor […] formas más o menos coherentes de representación de un ámbito dado de actividad y experiencia” (Wade 1997, 97).
8 En 1993 tuvo lugar un tercer encuentro en Río de Janeiro.
9 Varios autores han analizado este vínculo: por ejemplo, Varese 1996; Brysk 2000; Conklin y Graham 1995; Conklin 1997 y 2002; Ramos 1998 y Ulloa 2004.
10 Véase “Los 82 pueblos indígenas de Colombia: Por la autonomía, la cultura y el territorio” 1996, 25. Por ejemplo, en 1997 el proyecto de recolección de muestras de sangre de la Pontificia Universidad Javeriana fue fuertemente criticado como biopiratería (“No patentamos genes: U. Javeriana” 1997).
11 Un Estado corporativista negocia con grupos de interés, como sindicatos y empresas para manejar una economía política nacional. Además, es mucho más intervencionista que un Estado neoliberal y a través de la asimilación busca lograr una identidad nacional homogénea.
12 Véase, por ejemplo, Warren 1998.
13 Véase Hooker 2005, 285.
14 Entre
