a pensar cómo desde el Estado se diseñan estrategias para la intervención social, cómo y con qué objetivos se realizan, y qué sucede luego en el campo de ejecución de las mismas. En todo caso los datos dejan claro algo casi inobjetable: la mediación no es como los legisladores y mediadores imaginaron y desearon que fuera.
Creemos que, aún hoy, a pesar de que hubiera un incremento real en la cantidad de casos, la mediación no sería una institución completamente arraigada como parte real del repertorio de opciones al que las personas se refieren cuando se encuentren frente a algún conflicto. Lo dicen las estadísticas de los centros, lo reconocen todos y cada uno de los mediadores. Algunos actores hoy atribuyen al diseño normativo (ley) las contrariedades de la institución y aseguran que la situación actual sería otra si la ley lo fuera.[16] Aquí proponemos pensar, en cambio, que si la mediación no funciona satisfaciendo las expectativas de todos, no es ni necesaria ni exclusivamente porque la regule una mala ley o porque los problemas de las inevitables consecuencias no deseadas del proceso de elaboración de leyes existan. La cuestión es bastante más compleja e involucra discusiones, que nos proponemos abordar en este estudio, relacionadas con el problema de la iniciativa moralizadora del Estado.
La relevancia del Estado en la mediación
El proceso legislativo por el cual se convertiría en un programa estatal le imprimiría a la mediación no sólo un marco legal regulatorio, sino que instituiría por primera vez en Córdoba al Estado como el actor principal para dirigir e implementar la mediación. En este sentido, el caso cordobés adquiría ciertas particularidades; de ahí, al menos desde nuestra perspectiva, se vuelve interesante para el análisis.
En las experiencias desarrolladas en Argentina en particular y en la región latinoamericana en general, más allá de las variaciones específicas, existe una tendencia: las prácticas de mediación que permanecen dentro del ámbito del Estado se desarrollan de una manera bastante apegada a la formalidad e institucionalidad de los procesos judiciales, y por lo general se trata de las primeras etapas dentro de esos procesos. Por otra parte, la mediación que rompe con esa formalidad y se aleja de la rigidez de los procedimientos, que propone una lógica diferente de abordar el conflicto, que se extiende hacia casos que no ameritan una intervención judicial, esa “otra” mediación en general se mantiene al margen del Estado y la desarrollan asociaciones y centros privados o de la sociedad civil. La particularidad del caso de Córdoba yace en que la mediación se mantiene dentro del Estado y al mismo tiempo pretende romper con las modalidades y lógicas propias de la justicia incorporando criterios distintos y, como veremos, hasta opuestos a ella. Este último punto fundamenta en gran medida la relevancia de nuestro estudio, el cual tiene un doble interés: por un lado, desentrañar la sustancia de la mediación en el modo en que se implementa en Córdoba, y al mismo tiempo entender el papel del Estado en ese proceso.
Por eso tomamos como punto de inicio para el desarrollo de nuestro análisis la mediación en su etapa postlegislativa (es decir, luego de sancionada la ley provincial de mediación).[17] Esto se debe a que nos interesa especialmente el papel del Estado en este proyecto, y sólo es a partir de ese momento cuando se sientan por primera vez las bases para que la mediación sea un proyecto del Estado.
El modo en que se despliega la mediación en Córdoba reviste algunas implicaciones que consideramos importante considerar. Cuando la mediación se mantiene en el ámbito de la justicia (mediación judicial), las modificaciones (de actores y criterios que rigen la resolución de conflictos) no son tan drásticas, porque el estilo es similar a los procesos judiciales. Pero cuando la mediación sale del ámbito judicial (mediación extrajudicial) las diferencias son más nítidas y sustantivas. En tanto la mediación no judicial se ocupa de problemas menores que no caben en la justicia —como problemas barriales, de familia, de los consumidores, en la escuela— se está extendiendo hacia un ámbito previamente no regulado por el Estado. En el caso de la mediación no judicial el avance es más notable porque son asuntos que, en principio, no corresponderían al Estado. Allí, el Estado avanza sobre un área previamente no penetrada por él. De esta manera, la mediación es una estrategia de gobierno que promueve el orden —porque señala modos de resolución de conflictos— extendiendo la autoridad estatal hacia regiones o campos sociales previamente no regulados. Pero, además, en este nuevo tipo de coordinación el Estado convoca a actores diferentes: actores privados para incorporarse a esta tarea. Así, la mediación nos sitúa ante un mapa de complejas, pero sobre todo ambiguas relaciones entre aspectos jurídicos y no jurídicos, estatales y privados. Este argumento sobre la regulación estatal de nuevos campos, junto a la modalidad que esto adquiere nos obliga a indagar si la mediación nos presenta un nuevo o diferente modelo de coordinación estatal, pero especialmente a dilucidar de qué trata el mismo, a quiénes involucra y con qué expectativas. De este modo, va tomando forma nuestro interés.
De la ley de mediación al proyecto moral
Nuestro caso se diferencia de otras experiencias de mediación en otro aspecto fundamental: éstas se mantienen distantes de cargas valorativas y normativas y se fundamentan en objetivos más prácticos. Expliquemos un poco más esto. Muchas experiencias de mediación en Argentina y en el mundo persiguen el objetivo de resolver los problemas entre las personas con un interés especial por contribuir a mantener las relaciones sociales. Éstas, en su mayoría, se fundan en razones de carácter práctico y concreto: aunque lo hacen de manera constructiva y no violenta, el objetivo se acota en resolver un problema de la mejor manera para las partes implicadas. Nuestro caso, por el contrario, quiere trascender el conflicto; está altamente determinado por valores y aspectos del deber ser, y a esto denominaremos “proyecto de moralización social”. Este es el primer y más importante supuesto con el que vamos a tratar. Para expresarlo nos basamos en las justificaciones de este programa político:
El objetivo general que se pretende alcanzar a través del programa es el de implementar y desarrollar la mediación en todo el ámbito de la provincia de Córdoba como herramienta para promover un cambio estructural hacia formas más armónicas de convivencia que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes recuperando valores tales como la solidaridad, el respeto y el reconocimiento por el otro, la autodeterminación y la equidad (Fortuna, 2006).
El componente normativo (el deber ser) de la mediación, que se refiere a un modelo de sociedad ideal, lleva a que la mediación sea propuesta como una herramienta que, por sus bondades, permitiría acortar la brecha entre la sociedad real y un modelo de sociedad deseada. De esta forma encontramos argumentos que sostienen que la mediación es una herramienta nueva, un sendero espiritual, una necesidad política, un desafío ético (Oyhanarte, 1996). La justificación de que en el programa de mediación, que aquí estudiaremos, reside un proyecto de moralización social, encuentra sustento en algunos postulados implícitos en el mismo programa: se espera que la mediación consiga imponer un tipo de relación social virtuosa, una forma de convivencia no fundada en normas y regulaciones impuestas, sino en deberes y responsabilidades a los que los sujetos se sientan obligados a responder. Es por el contenido moral del programa de mediación en Córdoba y sus particularidades que nos parece significativo su estudio. Entonces, partimos de la idea de que la iniciativa de mediación en Córdoba es un proyecto de Estado en el que se expresa un modelo de ingeniería social para la reconstitución de lazos morales. En otras palabras, los programas de mediación que se desarrollan forman parte de un programa estatal que se propone configurar y reforzar un orden moral de la sociedad.
Obviamente el caso de Córdoba no es la única práctica de mediación fundada en estos propósitos. Pero lo que lo vuelve relevante de investigación es que sea el Estado quien decida comandar esa iniciativa. Es posible señalar otras experiencias en las que la mediación ha sido utilizada desde el Estado con los mismos fines, es decir, con el propósito de introducir valores antes que mejorar la justicia o resolver los conflictos de las personas. Como sostiene Hofritcher (1987) los foros para la resolución de conflictos vecinales auspiciados por el Estado son fundamentalmente instituciones estatales de
