o a estimular la resiliencia. Pero la prevención no garantiza resultados seguros sino solo probabilidades de éxito porque en el campo social las intervenciones generan solo consecuencias probables. Por lo tanto, la pregunta relevante es ¿hasta qué punto la referencia a teorías puede contribuir a aumentar la probabilidad de una prevención exitosa?
Para responder, conviene clarificar las concepciones de la prevención para después abordar la temática de las teorías criminológicas y su aporte tratando de mostrar algunas pistas para realizar este vínculo entre teoría y práctica.
Las prevenciones
La prevención es un concepto que carece de sentido unívoco. Dos orientaciones dividen a los criminólogos. La primera asume que toda acción que apunta a evitar el crimen es prevención (Sherman, 1997), por lo tanto, incluye en la acción preventiva las acciones del Sistema de Justicia Criminal (SJC) como también las iniciativas preventivas del Estado o de la sociedad civil que tratan de impedir las conductas delictuales o de evitar la reincidencia.
La segunda concepción de la prevención compartida por muchos criminólogos (Lab, 2004; Crawford, 2007; Schneider, 2015; Van Dijk, 1991), circunscribe la prevención “a toda acción que busca evitar el surgimiento de la actividad delictual en las personas o la ocurrencia de hechos criminales en determinado lugar” (Tolan, 2002: 109). El carácter proactivo y flexible de esta concepción de la prevención excluye las acciones procesales o legales basadas en sanciones. La prevención…
…evita el enfoque uniforme del sistema del SJC, que generalmente se basa en un mismo conjunto de estrategias en la lucha contra la delincuencia (detener, enjuiciar y castigar); al contrario, la prevención de la delincuencia pone énfasis en un enfoque analítico orientado a la resolución de problemas que subraya la flexibilidad en la aplicación de soluciones que son individualizadas para circunstancias específicas y, en general, evita la judicialización (Schneider, 2015: 28).
Lo que separa también esta concepción de la prevención de las intervenciones del SJC es su carácter proactivo que valoriza la responsabilización ciudadana y el control social informal mientras el SJC se apoya principalmente sobre la acción estatal. También se interesa en el potencial victimario y las víctimas, mientras el SJC se centra solo sobre el victimario; además, la prevención hace referencia a teorías criminológicas y extiende la actividad preventiva al miedo, incivilidades y desorden (Schneider, 2015). Finalmente, una diferencia básica entre ambos enfoques, evidenciada por Greenwood (2006: 12-13), es el hecho que mientras el SJC apunta a la mantención del orden y por ende al control de los individuos, la prevención busca la formación de ciudadanos responsables en todos los aspectos. Por estos motivos, este artículo se centra en la prevención externa al SJC, porque adopta la perspectiva que busca implícitamente una relación con la teoría y no solo la disuasión o la mantención del orden.
Si la distinción entre prevención del SJC y las practicas alejadas del sistema penal es clara, las clasificaciones de los tipos de prevención son bastante genéricas y polémicas (Tenca y Méndez, 2018). Las categorías clásicas de prevención primaria, secundaria y terciaria, adoptadas en Chile como lo muestra el artículo de Guajardo en este libro, derivan de los enfoques de salud pública e indican los niveles de vulnerabilidades de los beneficiarios. Otras categorizaciones han surgido: como la de Farrington (Tonry y Farrington, 1995) que distingue cuatro categorías: prevención penal, comunitaria, intervención dirigida a infancia y juventud y prevención situacional. También aquella de Schneider (2015) que abarca los siguientes campos de intervención.
Primero la prevención social que busca evitar el surgimiento de comportamientos criminales y conductas de riesgo y está dirigida a las causas de fondo de estas manifestaciones, particularmente entre los niños, niñas y jóvenes. Esta prevención tiene cuatro grandes áreas de intervención. La primera es el fortalecimiento de las instituciones básicas de socialización como lo hace por ejemplo la llamada “terapia multisistémica”1 y la metodología del “Programa de Parentalidad Positiva” (PPP)2 aplicadas en Chile; la segunda las políticas sociales y urbanas incluyentes; la tercera abarca las intervenciones que fortalecen y empoderan a los sectores sociales desfavorecidos como por ejemplo el programa “Quiero mi barrio”. Finalmente, las medidas focalizadas sobre los niños, jóvenes y adultos en situación de mayor riesgo, lo que equivale a la prevención secundaria.
La prevención situacional apunta a evitar o disminuir las oportunidades de delinquir a través de la gestión y diseño del entorno urbanístico, físico y humano y el control del espacio, y por ende se centra sobre la interacción entre entorno y comportamiento humano.
La prevención comunitaria fomenta la eficacia colectiva de las comunidades geográficas o sociales para asegurar un control informal, promover el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento del tejido social y la resolución pacífica de los conflictos.
La prevención de la reincidencia o prevención terciaria se encamina al desistimiento de quienes ya delinquen, actúan violentamente o tienen conductas de riesgo.
La prevención realizada por policías de proximidad (o comunitario o municipal) para resolver problemas con la comunidad o reducir el daño y mejorar la relación policía-comunidad y así modificar las causas del comportamiento criminal; o por policía y justicia para identificar e impedir comportamientos ilícitos por ejemplo el lavado de dinero o el microtráfico.
A esta clasificación otros autores como T. Børgo (2016) añaden la autorregulación que crea límites normativos y abarca las leyes, normas, reglamentos y protocolos que categorías profesionales o proveedores de servicios adoptan al mismo tiempo que modalidades de sanciones para evitar actos delictuales en el ejercicio de su profesión. Esto se refiere, por ejemplo, a los protocolos médicos o de ingeniería que permiten discernir el delito en la medicina o la construcción y se aplica hoy al campo de los servicios digitales para evitar el cibercrimen.
En síntesis, la clasificación de la prevención que desarrolla la criminología contemporánea responde siempre más a un tipo de enfoque metodológico (o mecanismo de prevención) definido a partir de un objetivo principal que va desde la simple disuasión (prevención situacional) al abordaje de la “caja negra de la causalidad” (Bunge 2004: 186) pasando por la reducción del miedo a la delincuencia. Adoptar este tipo de clasificación facilita la búsqueda de la ligazón e interacción con la búsqueda de las causas de los comportamientos infractores.
Sin embargo, el debate actual sobre las prevenciones muestra que todavía “las políticas de prevención no son un campo coherente y sistemático, sino más bien la suma de iniciativas a las que se les ha atribuido la capacidad de prevenir la delincuencia” (Medina, 2011: 31), lo que refuerza la tesis de autores como Hugues que afirma la imposibilidad de lograr “definiciones esencialistas de un campo que está inexorablemente ligado a los específicos medios y fines normativos y políticos de particulares contextos socio-históricas” (Hughes, 2002: 4).
Estrategias de prevención
Desde el informe de Sherman (1997) las estrategias de prevención tienden a adoptar un enfoque de resolución de problema que busca mecanismos de prevención para modificar factores y conductas de riesgo. Dada la cantidad de delitos en el contexto actual y la dificultad en llegar a las causas, muchas iniciativas preventivas pasaron de la pregunta “¿cuál es la causa o causas del delito o de un tipo de delito?” a la problemática de “verificar si un programa (de prevención) funciona” (Sampson et al., 2013) y si está basado en evidencias.
Sin embargo, la adopción de un mecanismo o estrategia de prevención eficaz supone por una parte un conocimiento de la “caja negra de causalidad” es decir el dominio de los factores causales múltiples que conducen a la situación verificada. Supone también una previsión
