violencia”, bajaba el perfil a las “manifestaciones de protesta pacíficas, que en algunos casos fueron multitudinarias”,49 y omitía la represión de la protesta social. El intento, ciertamente, obtuvo resultados más bien modestos.
La política exterior de la segunda administración Piñera
En términos generales, la política exterior de la segunda administración Piñera ha tenido tres características principales. La primera es el neosoberanismo, entendido como la desconfianza y resistencia conservadora a la influencia de las instituciones de la sociedad internacional en el sistema político doméstico. Desde esta perspectiva, la actuación de estas instituciones supondría una “amenaza a la soberanía nacional”,50 por cuanto limitaría la capacidad del Estado de definir sus políticas y reglas de manera autónoma. Con base en una visión tradicional-westfaliana de la soberanía, el neosoberanismo reivindica la primacía del derecho nacional por sobre los tratados internacionales, en especial en lo que respecta a los derechos humanos, erosionando “de manera explícita las normas y reglas transnacionales” y dejando “a los ciudadanos privados de la protección de sus derechos cuando el Estado nacional no los cautela”.51
De entre los varios ejemplos de neosoberanismo en la política exterior reciente, la negativa a suscribir el Acuerdo de Escazú ha sido una de las más controvertidas. En septiembre de 2018, se dio a conocer la decisión del poder ejecutivo de no suscribir el tratado, pese a haber sido promovido durante la primera administración Piñera.52 En línea con el discurso neosoberanista, se argumentó mañosamente que el acuerdo limitaría la soberanía nacional al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Posteriormente, el gobierno sostuvo que su suscripción no sería necesaria dado que el país ya contaría con una institucionalidad ambiental que garantiza los derechos y obligaciones establecidos en el acuerdo. Con todo, la debilidad y zigzagueo de los argumentos sugiere que la no suscripción de Escazú, formalizada definitivamente en septiembre de 2020, obedeció menos a una consideración estratégica de política exterior y más a una mezcla de visiones neosoberanistas, errores conceptuales53 y una resistencia a la regulación ambiental.
Vinculado al neosoberanismo, la segunda característica de la política exterior del actual gobierno es el repliegue externo. Este consiste en la intención de reestructurar la presencia internacional del país en base a un declarado criterio de reducción de costos financieros. El repliegue ha tenido dos expresiones principales. Por un lado, el gobierno ha reculado en algunas importantes responsabilidades adquiridas por el país con la sociedad internacional, a contrapelo de la tradición multilateralista de la política exterior. En el ámbito de la seguridad internacional, a mediados de 2020 se conoció la decisión de suspender y limitar la participación de nuestro país en una serie de Operaciones de Paz y de Observación de las Naciones Unidas. Chile, que durante décadas hizo gala de su participación en estas misiones, aludió a las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis sanitaria global para justificar un inexplicable retiro de tropas en la estructura de ayuda humanitaria más importante del organismo global. Si comparamos a Chile con otros países de la región como Brasil, Perú o Uruguay, nuestra concurrencia en este tipo de esquemas ha sido bastante limitada en costos humanos y de medios, por no decir marginal. Lejos de ofrecer una fundamentación satisfactoria, el ahorro fiscal aparece como un chivo expiatorio funcional a la concreción de un repliegue ampliamente anhelado por sectores conservadores. Por otro lado, el repliegue también ha encontrado expresión en el fallido intento de cierre de cinco embajadas en Europa y África,54 en junio de 2020, a fin de potenciar la representación comercial en el Asia Pacífico. El intento resultó ser particularmente inoportuno, en un momento en que el país se encontraba negociando la modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Junto con la reducción de costos, el cierre de las embajadas respondía, en visión de sus defensores, a “los nuevos paradigmas” de la diplomacia55 en el contexto del traslado de parte importante de la actividad diplomática a medios virtuales. Tras varias semanas de críticas y un cambio en la conducción ministerial, el nuevo canciller Andrés Allamand decidió suspender indefinidamente la decisión a inicios del mes de agosto. Con todo, subyacen a ambas expresiones del repliegue externo tanto una visión de la política exterior que subordina los intereses del país a los meramente económicos y desconoce el peso de las señales y símbolos en la diplomacia, como la creencia equivocada de que el país puede sostener su posición internacional sin asumir las responsabilidades y costos que ello implica.
La tercera y última característica de la política exterior de Piñera ha sido su notable déficit de conducción política. Las decisiones desacertadas, fundadas en argumentos trastabillantes y orientadas al consumo interno han sido un sello de las relaciones exteriores del gobierno. Habiéndose completado casi tres cuartos de su periodo de gobierno al cierre de estas líneas, la Cancillería ha enfrentado la inusual situación de haber contado con tres jefes de cartera.
Particularmente durante la gestión del hoy embajador Roberto Ampuero, primó en los pasillos del Edificio Carrera la sensación de irrelevancia y vacío de liderazgo y contenido en la gestión de la política exterior. Las decisiones críticas parecían no pasar siquiera por la oficina del ministro, sino que se tomaban en el segundo piso de La Moneda y el Ministerio del Interior. Tal fue el caso del Pacto Mundial sobre Migración, suscrito en Marrakech en diciembre de 2018. Luego de haberlo apoyado entusiastamente en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de septiembre, el presidente cambió súbitamente de parecer y se sumó a un conjunto de países que, con base en argumentos neosoberanistas que hacían eco de una contracampaña internacional, optaron por no concurrir a su suscripción. En un contexto en que la migración adquiría mayor centralidad en el debate público local, la decisión no pasó por el Edificio Carrera sino por el Ministerio del Interior, en base “a lo que La Moneda, no Cancillería, piensa que le traerá al gobierno beneficios políticos y electorales”.56
Epítome del déficit en la toma de decisiones fue la fallida aventura del Primer Mandatario en la ciudad colombiana de Cúcuta en febrero de 2019; acción mediante la cual se pretendió alentar un cambio de régimen en Venezuela y, de paso, posicionar al presidente como líder regional a expensas de la crítica situación humanitaria en ese país. Este episodio deja a lo menos dos importantes lecciones para una apropiada conducción de la política exterior. Por una parte, el cucutazo evidenció la brecha existente entre las expectativas y las capacidades efectivas que posee un país para influir sobre su medio externo. En política internacional, así como en la política en general, no todo lo posible es deseable y, por cierto, no todo lo deseable es posible:57 una consideración básica que el presidente Piñera y sus asesores parecieron no haber tenido en cuenta. La capacidad que los actores externos tienen de influir en los procesos políticos de una sociedad es limitada y sus costos potencialmente muy altos, razón por la cual se privilegian amplias y legitimadas operaciones multilaterales cuando la situación lo demanda. Una segunda lección es que, pese a su centralidad para la continuidad y coherencia del accionar externo del Estado, los principios de la política exterior no son inmunes a interpretaciones caprichosas cuando se trata de justificar decisiones cuestionables. No hay que olvidar que, en una movida que evoca el neoconservadurismo norteamericano, el gobierno chileno invocó el principio de promoción de la democracia para justificar una operación cuyo objetivo ulterior era un cambio de régimen en Venezuela. Los principios de la política exterior, a fin de cuentas, difícilmente sustituirán el buen juicio que requiere un tomador de decisiones y su entorno más cercano.
Hacia un nuevo ciclo progresista para la política exterior chilena
Pocas dudas caben de que el proyecto internacional post-dictatorial se encuentra agotado. Las importantes transformaciones internacionales y domésticas experimentadas durante los últimos años, sumada a la deficitaria gestión internacional del actual gobierno, ponen de relieve la necesidad de avanzar hacia un nuevo ciclo de la política exterior chilena.
El carácter progresista del proyecto internacional post-dictatorial, como se ha señalado con antelación, estuvo definido, en lo fundamental, por su contribución a la consolidación del régimen democrático
