de la inserción del país “en el mercado capitalista mundial” (Ternavasio, 1991, p. 42). Los “cambios en la composición de la sociedad” a causa “de la inmigración masiva” y de “la creciente urbanización”, provocaron una gran “conflictividad social” (p. 42) que puso de manifiesto los antagonismos existentes entre las “fórmulas prescriptivas” y las “prácticas políticas” (p. 78).17
La preocupación de los intelectuales se concentró entonces en adecuar la legislación municipal a los problemas que ahora se debían afrontar. Las críticas esgrimidas hacia 1910 en la Revista Argentina de Ciencias Políticas se dirigieron primordialmente a denunciar el alejamiento de las prácticas comunales del modelo que determinaba la disyunción administración-política, poniendo de manifiesto con ello que la descentralización administrativa propuesta por Alberdi no había frenado “el proceso centralizador que a nivel político” se había producido en el contexto rioplatense (Ternavasio, 1991, p. 48).
Vale subrayar que dichos debates tuvieron además una repercusión directa en la configuración física de la ciudad: en el marco de la conmemoración del Centenario se dio un enfrentamiento entre los dos universos porteños —el sur obrero, “de la protesta” y el norte elegante, “de la celebración” (Gorelik, 2004, p. 199)—, que ocasionó que desde distintos sectores de la población, particularmente “los vecinos organizados” de la zona austral, los partidos políticos y la opinión pública, surgiera una “mirada municipalista” que demandó “una creciente dedicación gubernamental” en el sector meridional de la capital (p. 200).
Más que “un reclamo de justicia urbana”, esta última postura terminó convirtiéndose “en el núcleo motorizador de una ideología”, identificada con el término “nacionalismo municipal”, que se arraigó entre “los cuerpos técnicos y burocráticos” de “la municipalidad” (Gorelik, 2004, p. 200).18
Un episodio que puso de manifiesto el conflicto que se fue urdiendo entre el poder local y el gobierno central fue la ubicación de los festejos: mientras los actos organizados por la “Comisión Nacional del Centenario” denotaron una evidente preferencia por la zona septentrional de la urbe, “el Concejo Deliberante” resolvió erigir estatuas conmemorativas en la franja opuesta, de forma que “los pocos actos oficiales” que se llevaron a cabo en esta zona respondieron a la inauguración de esas efigies (Gorelik, 2004, p. 201). La determinación de situarlas allí no fue producto del azar:
Cada [localización] y cada encargo implicó discusiones entre las comisiones Nacional y Municipal de organización del centenario. Para la revista Atlántida, vocera oficiosa de la Comisión Nacional, el Concejo Deliberante se excedía en sus funciones al tratar de ser “intérprete del pensamiento nacional”: no debía corresponderle ni la colocación de monumentos ni la decisión sobre la toponimia urbana, “usurpaciones” municipales que [creaban] “el riesgo […] de someter al país entero a una docilidad localista”. Para la principal vocera del nacionalismo municipal, la Revista Municipal, en cambio, los homenajes consagrados por la Municipalidad [eran] lo único que [podía] “salvar a la metrópoli del ridículo que se le [preparaba] con la insignificancia de las fiestas organizadas” por la Comisión Nacional […]. (Gorelik, 2004, pp. 201 y 203)
Indiscutiblemente, la querella que se fraguó entre ambos organismos puso de relieve las dificultades que había para definir las competencias que tanto el poder municipal como el estatal podían arrogarse en el marco de una legislación que, desde la capitalización de la urbe, auspiciaba un terreno “difuso y superpuesto de atribuciones con una subordinación explícita del municipio” (Gorelik, 2004, p. 203).
La exacerbación de las rencillas que de antaño existían entre las dos esferas además sirvió de catalizador para que desde las instituciones locales se denunciara la intrusión del gobierno nacional en la gestión de Buenos Aires, lo cual impedía u obstaculizaba su conducción. El corolario de todo esto fue que la tensión sur-norte se volvió una metáfora de la disputa por el poder: la parte meridional pasó a simbolizar el carácter “probo, popular y correcto técnicamente, de realizar las prácticas urbanas”, mientras que la parte septentrional pasó a personificar “la política de bambalinas, la corrupción del gobierno, los negocios imperiales, las finanzas” y “el formalismo hueco de los aristócratas” (Gorelik, 2004, p. 205).
No resulta errado pensar que en el trasfondo de dicha dualidad se hallaba la separación administración-política, pero ahora conjugada con otros factores: al carácter eminentemente administrativo de la localidad se sumaba el espíritu técnico-profesional que la nutría, de índole nacionalista, sustentado en la idea de que la ciudad debía ser construida por argentinos con materiales nacionales, mientras que al carácter eminentemente político del gobierno central se aunaba la práctica clientelista, legitimadora de un urbanismo afín al cosmopolitismo que imperaba en la capital.19
Lo acaecido en suelo bonaerense revela que la independencia que la legislación le concedió al entorno municipal en el contexto argentino fue más nominal que sustancial, ya que progresivamente el municipio se convirtió “en un órgano dependiente del [E]stado y en un espacio de control de la sociedad civil” (Ternavasio, 1991, p. 48). Sin embargo, la sumisión casi absoluta de las autoridades comunales frente a las estatales y provinciales no impidió que los municipios se posicionaran en el centro de la lucha electoral, por lo que acabaron convirtiéndose en un espacio idóneo para estimular el “ascenso social” y la “participación en la esfera política” de “las élites locales —muchas de ellas de origen extranjero—” (p. 48).
La diferencia fundamental de esta experiencia con el medio colombiano radica en que la Regeneración dispuso que todos los ciudadanos eligieran directamente a sus concejales, lo cual anuló tanto la separación administración-política, que se reivindicó en suelo rioplatense, como la correlación vecino-contribuyente que allí imperó. La historia compartida durante la etapa en estudio acredita, de cualquier forma, que los antagonismos surgidos entre las diferentes instancias que tenían injerencia en el desarrollo urbano fueron recurrentes a pesar de las divergencias existentes en el andamiaje institucional sobre el cual se estructuró en cada país el régimen municipal.
La aproximación al tema en el entorno colombiano
Florentino González fue quien en 1839 se ocupó de meditar en el territorio patrio alrededor del gobierno municipal; sus disquisiciones fueron expresadas en una clave cercana a los postulados de Domingo Faustino Sarmiento, pero lo cierto es que estos dos letrados nunca se conocieron ni llegaron a saber “hasta qué punto llegaba la identificación mutua en la forma de solucionar el desajuste entre tradición local y organización moderna” (Díaz Videla, 1994, p. 49).
Las reflexiones que el neogranadino profirió acerca de la relación poder local-poder central fueron consignadas en el libro Elementos de ciencia administrativa, el cual iniciaba definiendo la administración pública como “la acción de las autoridades sobre los intereses y negocios sociales”, que tuvieran “el carácter de públicos, ejercida conforme a las reglas” que se hubieran “establecido en una nación para manejarlos” (González, 1994, p. 75).20
Fundado en esta aserción, él sostenía que para “que los individuos de una sociedad política” pudieran hallar “el bienestar y la felicidad”, era preciso que todas las cuestiones vinculadas “con el estado social” estuvieran adecuadamente atendidas, bien fuera que se encontraran conectadas “con la masa entera de la sociedad”, o bien que se refirieran a segmentos “más o menos considerables de ella” (González, 1994, p. 75).21
La esencia de su argumentación se sustentaba en la convicción de que había dos tipos de asuntos: a) los que podían “ser manejados por el impulso uniforme de una sola autoridad en toda la nación” (González,
