de 1886 hizo posible que el recelo sentido en las regiones hacia la ciudad se erigiera en un componente primordial, tanto de los movimientos separatistas que aparecieron en la época, como de la petición realizada desde ciertos sectores de la opinión pública de regresar al sistema federalista. Las contrariedades suscitadas en razón de este devenir encarnan sin duda alguna un testimonio palmario de que Bogotá fue la principal perjudicada del centralismo regenerador.
Notas
1 El texto original referido por Almandoz es Briggs (1990).
2 Gonzalo Aravena Hermosilla (2011), acudiendo a Eric Hobsbawn y a Tulio Halperin Donghi, señala que “la nación no precede a la formación del Estado sino que al contrario, se crea para darle sentido al mismo, durante una época y un contexto determinado” (p. 110). Según este mismo autor, los Estados nacionales modernos fueron producto de un proceso histórico que en el contexto latinoamericano primero supuso construir el Estado para luego proceder con posterioridad o paralelamente a inventar una unidad cultural para un mismo territorio político: “un Estado debía corresponder sólo a una Nación” (p. 110).
3 Al respecto, ver López-Alves (2003, p. 167).
4 Sobre este tema, véase Ortiz Mesa (2010).
5 En concreto, las palabras del general Santos Gutiérrez fueron: “el país ha llegado a tal punto de decadencia, fruto de la intranquilidad más o menos absoluta de los últimos años, que es preciso empezar la grande obra de su regeneración por la rudimentaria base de restablecer su seguridad. Desde que la paz se considere como un bien cuya conservación depende de la honradez de los gobiernos y del apoyo de los pueblos, ella podrá resistir al embate de las pasiones y servir de base a una regeneración que reclama nuestro honor nacional y nuestra aflictiva situación” (Riaño, 1987, p. 14). La noción de regeneración política puede rastrearse hacia el año de 1811 en las cartas del canónigo Cortés de Madariaga. Al respecto, véase Martínez Garnica (2013).
6 Historiográficamente existen diversas posturas sobre el espacio temporal que cubrió la Regeneración. Luis Javier Ortiz Mesa (2010) estima que se prolongó desde 1878 hasta 1902, es decir, desde la presidencia de Julián Trujillo (1878-1880) hasta la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días. Jorge Orlando Melo (1989) considera que va desde 1885 hasta 1896, fecha en la que el conservatismo historicista consolidó su lugar en la oposición pidiendo una reforma a la carta magna. Frédéric Martínez (2001) opina que comenzó en 1888, luego de ocho años en los que Rafael Núñez se dedicó a “establecer las bases de la ‘regeneración administrativa fundamental’ que predicaba” (p. 469) y terminó hacia 1900, cuando se produjo el golpe de Estado perpetrado por José Manuel Marroquín. Eduardo Posada Carbó (2015) asevera que empezó en 1880 con la elección de Rafael Núñez para la presidencia y terminó en 1894 con la muerte del cartagenero. La tesis que aquí se propone es que la Regeneración comprendió los años que van de 1886 a 1910, pues ambas fechas encarnan tanto el comienzo como el fin de la lógica política que tipificó a los regeneradores: a saber, aquella basada en un centralismo a ultranza, que en el caso de Rafael Reyes se exacerbó al punto de adquirir la forma de un centralismo dictatorial. Este decurso no sufrió modificaciones sensibles (posiblemente por el personalismo que también caracterizó a su sucesor) durante el corto mandato de Ramón González Valencia. Una cronología más cercana a la que se formula es la que plantea Alejandro Pajón Naranjo (2011) con base en el estudio de las leyes y decretos de Alta Policía expedidas durante la Regeneración; para este autor, dicha etapa va desde 1886 hasta 1906.
7 El concepto de letrados se emplea siguiendo los planteamientos de Ángel Rama (1984).
8 El pseudónimo “U” corresponde al diplomático antioqueño Antonio José Uribe (1869-1942), quien fue un colaborador asiduo de La Opinión. Este periódico fue creado por José Manuel Marroquín mediante el “Decreto número 26 de 1900” (Diario Oficial, 1900a, p. 541); se autodenominaba semioficialista, aunque en la norma citada se identificaba como oficial.
9 Melo (2008) asevera que en el país “los defensores del progreso no son un grupo homogéneo, con una teoría clara compartida por todos. Hay muchas posiciones diferentes, muchos diagnósticos distintos de las razones del atraso relativo de Colombia” (p. 3). No obstante, este autor también asevera que “entre 1886 y 1910 la idea del progreso pierde protagonismo, ante las dificultades para lograr un orden razonable y pacífico” (p. 6). Las fuentes consultadas ponen en entredicho este último planteamiento.
10 En antítesis a lo que dice López-Alves (2011) para Latinoamérica, en esta pesquisa se demuestra que los líderes de la Regeneración, como ocurrió en los Estados Unidos, creyeron que “la moral y el conjunto adecuado de valores debían ser puestos en primer lugar”, pues “el progreso material llegaría después” (p. 68).
11 Las páginas que se citan de este texto corresponden al manuscrito del mismo, al cual se tuvo acceso gracias a Adrián Gorelik.
12 La “idea de modernidad”, de acuerdo con el investigador argentino, implica, “en primer lugar, la aparición de un tipo preciso de experiencia en el tiempo, la de un presente en transición, disparado hacia el futuro, que genera la percepción del propio tiempo como ‘siempre nuevo’” (Gorelik, 2014, p. 8).
13 Cuando se habla en este texto de modernización se está haciendo alusión específicamente a la modernización urbana; el término en sí apunta a un proceso de transformación física de la urbe que se cristaliza en la realización de obras de infraestructura que generan un cambio radical en la morfología espacial. Al respecto, véase Suárez Mayorga (2006).
14 Un análisis historiográfico del concepto ciudad moderna empleado para referirse a Bogotá se encuentra en Suárez Mayorga (2017a).
15 Ser moderno, según Marshall Berman, es descubrir “que el mundo y uno mismo están en un proceso de desintegración perpetua, desorden y angustia, ambigüedad y contradicción” (Sarlo, 1988, p. 8).
16 En 1998 Franco Savarino Roggero criticaba la falta de atención de los historiadores por el nivel local de la política, incluso a pesar de la importancia que para entonces ya habían adquirido las pesquisas sobre “‘las patrias chicas’ iniciadas por Luis González y González” (p. 45).
17 No es accidental que desde comienzos de este siglo se hayan fomentado las compilaciones, los textos de conjunto, los seminarios, etc., que se focalizan en esa parte específica de lo que se denomina América Latina. En uno de estos trabajos, Posada Carbó (2003) sostiene que el municipio, “y en particular, las ciudades capitales, incluyendo las de las provincias” (p. 337), se constituyó en el centro de la vida electoral andina. Apreciaciones similares se encuentran en Suárez Mayorga (2020a).
18 Sobre este tópico, véase Annino (1995a).
19 Esta aserción está sustentada en un estudio sistemático y riguroso de cada una de las constituciones y actas publicadas en la Nueva Granada durante el período 1810-1815. Si se quiere conocer cuáles fueron las ciudades, villas y pueblos del Nuevo Reino de Granada que juraron obediencia a la Constitución de Cádiz, remitirse al texto de Martínez Garnica (2013).
20 Sobre este punto, véase Guedea (1991) y Salvador Crespo (2012).
21 Al respecto, véase también Martínez Garnica (2013).
22 El acatamiento de estos planteos en el orbe hispanoamericano dependió de la situación específica de cada país; sobre este tópico, remitirse a Reynoso Jaime (2009).
23 El entorno mexicano ilustra bastante bien este punto para el período que va de 1824 a 1835. Al respecto, véase Salinas Sandoval (2001) y Martínez Assad y Ziccardi (1987). Un libro clave, a mi juicio, en el
